LO DE ALMERÍA (IV)

Hablar del PSOE en Almería es adentrarse en un territorio donde las decisiones políticas, los silencios internos y los equilibrios orgánicos acabaron pesando más que cualquier proyecto de futuro. El caso del Algarrobico marcó un antes y un después: aquel macrohotel levantado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, a pocos metros de la lámina azul del Mediterráneo, se convirtió en un monumento a la incoherencia y en una señal imborrable para varias generaciones de votantes socialistas que nunca entendieron cómo su propio partido podía avalar un disparate urbanístico con todos los sellos y firmas necesarios.

Ese episodio, gestado desde la agrupación de Carboneras con el alcalde Cristóbal Fernández como figura clave y bendecido desde Sevilla por pura aritmética interna, dejó una cicatriz política que el partido jamás logró cerrar. Ni siquiera el recorrido de figuras solventes como los alcaldes de Almería Santiago Martínez Cabrejas o Fernando Martínez fue suficiente para restablecer la credibilidad perdida, porque la mancha del Algarrobico se convirtió en un recordatorio permanente de cómo se gestionaba el poder cuando el territorio se subordinaba a intereses internos del partido o a dirigentes muy concretos y nada ejemplares por cierto, el alcalde Fernández tuvo que ser indultados por José Luis Rodríguez Zapatero para poder volverse a presentar y seguir en la política local.

En el verano de 2014 con Susana Díaz al mando desde San Telmo el nivel de enfrentamiento con los socialistas carboneros alcanzó  altas temperaturas políticas.

El PSOE entró desde entonces en una fase descendente. Mientras la derecha ampliaba su control institucional mediante pactos, partidos satélite, alcaldías encadenadas y un dominio absoluto de la Diputación, el socialismo almeriense malgastó una década en conflictos internos, disputas estériles, cazas de brujas y un desgaste moral que lo convirtió en actor secundario en su propia provincia.

Solo podía manejar la Junta, pero eso tenía sus riesgos y complejidades. Martín Soler Márquez fue durante años el responsable de una etapa que la mayoría de socialistas quieren olvidar. En la gestación de la omertá política almeriense, Soler y Gabriel Amat superan con creces las pruebas de paternidad política con el 99%.

La fractura fue tan profunda que, cuando la derecha desplegó todo su aparato de poder, el partido socialista estaba demasiado debilitado como para plantar batalla real. Para colmo, su secretario general —sucesor del sucesor del poderoso Martín Soler—, José Luis Sánchez Teruel, un dirigente de perfil bajo, apareció salpicado en el Caso Marismas, una instrucción que sigue viva en un juzgado de Sevilla y que busca unos 45 millones de fondos europeos en las marismas sevillanas. Sánchez Teruel era director general de Regadíos de la Junta cuando las millonarias adjudicaciones de las obras recayeron en la empresa que quería el Gobierno andaluz, Dragados.

Pero para explicar por qué el PSOE no logró reaccionar, tampoco puede ignorarse el clima institucional de la provincia y el funcionamiento de determinados juzgados, cuya actuación ha generado perplejidad durante años, pero especialmente una profunda decepción al comprobar actuaciones inexplicables. Capítulo aparte merecería explicar los métodos empleados habitualmente por la política para ganarse la simpatía de ilustres togas. El más comentado en Almería es la colocación de familiares de jueces y magistrados en la administración pública, con plazas a medida.

En este contexto adquiere especial relevancia lo sucedido en el juzgado donde se instruía desde febrero del 2022 la causa del caso mascarillas. La titular del órgano judicial, prima de Javier Aureliano, mantuvo el procedimiento prácticamente inmóvil durante tres años. Tres años sin avances sustanciales en un sumario que hoy sabemos que contenía indicios de enorme gravedad desde el inicio. Como también sabemos hoy que los investigados habrían seguido actuando después del año 21 como si fuesen una organización en marcha.

La paralización prolongada resulta, como mínimo, difícil de justificar cuando se trata de una instrucción con implicaciones políticas y económicas de tal magnitud. Y más llamativa aún resulta la reacción posterior. Solo cuando el caso estalla públicamente, cuando la UCO irrumpe con un nuevo juez sustituto, cuando se producen detenciones de primer nivel y cuando el eco mediático se hace inevitable, la jueza comunica que regresa con el alta de su baja laboral y, acto seguido, anuncia su intención de solicitar la inhibición a la Audiencia por su relación de “amistad íntima” con JAGM. Así, el juez que ordenó las detenciones, «el niño de Ecija» como empezaron a llamarle algunos con retranca, desaparece de la escena y se le asigna el caso a una toga veterana de Almería, figura destacada de la APM y que ya ha tenido ocasión de instruir sumarios por corrupción en la Diputación de Almería.

Que la jueza se inhiba ahora y no al comienzo —sabiendo desde el primer minuto su parentesco directo con uno de los protagonistas principales de la trama— abre interrogantes que deberían ser aclarados. No se trata de sospechas ni de insinuaciones, sino de hechos objetivos: tres años de instrucción detenida y una inhibición tardía que llega cuando el caso ya es incontrolable. Ese retraso compromete la confianza institucional.

En una provincia donde la ciudadanía arrastra décadas de desconfianza hacia determinadas actuaciones judiciales, este episodio no puede quedar sin revisión. El Consejo General del Poder Judicial debería examinar con rigor qué ha ocurrido en ese juzgado, por responsabilidad institucional y por respeto a los ciudadanos de Almería, que merecen garantías plenas en una causa tan sensible. No sería la primera vez que el CGPJ interviene en Almería con su Servicio de Inspección para revisar procedimientos o juzgados, como ya ocurrió cuando se detectaron conductas impropias en la época de Poniente.

Mientras todo esto sucedía, el PSOE permanecía paralizado, atenazado por sus propias contradicciones y sin capacidad real para reconstruir una alternativa sólida frente a un PP que actuaba como una maquinaria perfectamente engrasada. Perdió pie en las instituciones, perdió base electoral, perdió narrativa y, sobre todo, perdió la autoridad moral que alguna vez tuvo. Que Pedro Sanchez y otros socialistas de vara alta hayan elegido Almería como su habitual lugar de desconexión en verano, tampoco invita a pensar que haya ayudado mucho a levantar al maltrecho partido. Así fue como la provincia quedó, en la práctica, entregada a un poder hegemónico sin contrapesos reales.

Pero incluso los sistemas que parecen indestructibles acaban mostrando grietas cuando menos se espera. En Almería, esa grieta se abrió de golpe cuando la investigación iniciada fuera de Andalucía se cruzó con la política provincial y puso patas arriba un equilibrio que se había mantenido intacto durante décadas.

Próxima entrega:

“El nuevo estallido: mascarillas, UCO y el juez que rompió el blindaje histórico”.

Una reconstrucción precisa de cómo un sumario nacido lejos, un juez inesperado y unos movimientos judiciales sorprendentes hicieron saltar por los aires un sistema político que creía tenerlo todo atado y bien atado.