El magistrado instructor del Caso PP de Almería, Eduardo Martínez Gamero, ha demostrado en este procedimiento por corrupción política en Almería una solvencia jurídica y una firmeza poco habituales en la vida judicial almeriense. Sin aspavientos, sin discursos y sin protagonismos, ha elaborado un auto minucioso, articulado y sólido, algo que en Almería no pasa inadvertido. Y se entiende casi todo.

Porque en estas comarcas orientales, durante décadas, el PP ha salido indemne de la inmensa mayoría de sus causas por corrupción. Y porque en esta provincia hay veteranos dirigentes que se jactan en privado —y algunos incluso en público— de haber visto cómo más de doscientas querellas y denuncias acababan archivadas. Todo eso sucedía al tiempo que algunas plazas en propiedad como funcionarios se ajustaban, qué casualidad, a muchos apellidos de ilustres togados con capacidad de influir y mandar en la estructura judicial almeriense. Pasión de padres.

Este mismo ‘caso mascarillas’, que llegó a Almería en febrero de 2022 procedente de un juzgado de Barcelona, ha estado paralizado durante años, en manos de una jueza en baja laboral y sustituida por Martínez Gamero. La jueza, María Belén López Moya, acaba de anunciar que volverá al juzgado, se supone que a retomar esta instrucción que tuvo paralizada tanto tiempo, sin que en ámbitos jurídicos almerienses sean capaces de explicar lo sucedido hasta hace unos meses con este enorme procedimiento. El dirigente socialista Juanfra Colomina ha escrito en Twitter sobre la jueza: «Es prima segunda de Javier Aureliano García y llevó el Caso Mascarillas. Ahora se ha inhibido de llevar este caso que va más allá de las mascarillas».

Por eso, este joven magistrado no tardará en sentir el aire caliente en la nuca. En tono no muy elogioso algunos ya le llaman con guasa como «El niño de Écija», eso para empezar. Emplean métodos mas sofisticados.  En la Ciudad de la Justicia de Almería hay especialistas consumados en presionar sin dejar huella. Y esta vez el juez ha tocado una arquitectura política que nunca quiso que la miraran tan de cerca.

La investigación sobre el ya denominado «caso PP de Almería» ha trazado por primera vez un mapa detallado del método político-empresarial-corrupto  que operaba en la Diputación y en varios ayuntamientos de la provincia como Fines o Tíjola… de momento. Un mapa en cuyo centro estaba Javier Aureliano García, ya dimitido como presidente de la institución tras estallar el escándalo y obligado a irse por Moreno Bonilla que, ahora dice, que no sabia nada. El auto del juez Martínez Gamero autoriza registros, detalla conexiones y fija los hechos presuntamente delictivos que abren paso a un procedimiento penal de enorme calado.

El documento deja claro el objetivo: “esclarecer unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, de blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos”.

 

Las mascarillas

El núcleo inicial de la investigación es la adjudicación de material sanitario en plena pandemia. El auto apunta a una contratación de naturaleza ilícita:
“procedimiento sin publicidad, ausencia de especialización en el ámbito sanitario de la empresa seleccionada, desproporción entre valores contables y el precio del contrato público, y vinculación familiar directa con cargos de la Diputación”.

Señala también un sobrecoste que resulta demoledor: “en el contrato… se introdujeron unos sobrecostes que se cuantifican en la suma de 945.327,61 euros… representando el 42,27 % del importe total destinado a la adquisición”.

 

El dentista

Las conversaciones intervenidas revelan un código compartido entre los investigados, un lenguaje opaco para referirse a pagos y comisiones. El juez recoge expresiones como: “tengo las muelas picadas”, “tengo que ir al dentista”, “esto no puede demorarse más”, “los que quieren estar en el dentista, ellos sabrán”. Y concluye de forma inequívoca: “cuando realmente se está hablando de licitaciones públicas o adjudicaciones de diferentes contratos públicos”.

 

Los nervios

El auto detalla el creciente nerviosismo de Javier Aureliano conforme avanzaban las gestiones del contrato investigado: “el interés desmedido y el nerviosismo de don Javier Aureliano… preguntando acerca de su amigo Kilian, manifestándole ‘yo no he visto aquello’.”

El magistrado señala también movimientos económicos inconsistentes con su actividad declarada: ingresos en metálico sin justificar, reintegros cruzados entre hermanos y pagos de terceros que no se corresponden con la situación financiera de los investigados.

 

Las empresas

El juez apunta a la existencia de una red de sociedades utilizadas para canalizar fondos, justificar ingresos y obtener adjudicaciones de manera fraudulenta. Lo resume así: “una actividad ficticia y simuladora, tendente a obtener beneficios a través de contratos públicos aprovechando la capacidad de influencia política de los investigados”.

Se citan sociedades dedicadas a ámbitos distintos —obras públicas, servicios urbanos, suministros sanitarios— pero con una característica común: estar controladas directa o indirectamente por personas vinculadas al PP almeriense.

 

Los niños

Una de las claves del caso es que no afecta a los líderes veteranos. La investigación señala a responsables que se formaron en Nuevas Generaciones, los “niños” del PP almeriense, que según el auto habrían replicado el método de sus mayores. Herederos de una escuela política que hunde sus raíces en la etapa de Gabriel Amat, donde la frontera entre poder institucional y beneficio particular nunca estuvo clara ni judicialmente clarificada.

 

El patrimonio

Esta es la relación de bienes y movimientos patrimoniales mencionados en el auto como parte de los indicios analizados:

– Vivienda heredada y venta parcial, con reintegros cruzados entre los hermanos García tras la operación.
– Ingresos en metálico sin justificar, incluyendo la entrega de 20.000 euros en efectivo.
– Adquisición de un inmueble en Rodalquilar como contraprestación de operaciones económicas realizadas sin trazabilidad suficiente.
– Cuentas sin retiradas de efectivo pese a movimientos relevantes en metálico.
– Pago de cuotas hipotecarias de terceros asumidas sin explicación económica razonable.
– Viajes privados a Ibiza y Madrid entre 2016 y 2017, compartidos con otros investigados.
– Participación o control material en sociedades como PULICONAL, OYC Servicios Urbanos y otras mercantiles utilizadas como instrumentos en el desvío de fondos.

 

La herencia

Con perspectiva histórica, lo que hoy vemos no es una excepción ni una desviación puntual. Es el resultado de veinticinco-treinta años de una misma cultura política en el PP de Almería.
Una cultura que tuvo en Gabriel Amat su arquitecto principal, el político más hábil y escurridizo del escenario almeriense, «hermano mayor» de Javier Arenas, cuya protección política nunca fue desinteresada.

Durante décadas, Amat construyó un ecosistema donde recalificaciones de suelo, contratos dirigidos, empresas amigas, sobrecostes en obras municipales y maniobras societarias eran parte funcional del gobierno. Casos como el de HALSA, las actuaciones urbanísticas en Roquetas como La Fabriquilla o la madeja de empresas vinculadas a familiares y allegados conformaron un método perfecto para blindarse frente a los tribunales mientras se ejercía un control absoluto sobre el partido y las instituciones.

Los jóvenes de NNGG, en vez de renovar el paradigma, heredaron el manual.
Y lo aplicaron.
Lo que el auto de Martínez Gamero muestra hoy —adjudicaciones irregulares, sociedades interpuestas, sobrecostes del 40%, pagos en metálico, códigos internos, nervios ante las investigaciones— no es otra cosa que la repetición exacta del sistema que los mayores habían depurado durante años. Vimos y leímos aquellas conversaciones grabadas por la Juez Montserrat Peña en la Operación Poniente y se repiten patrones, las situaciones, las mordidas, las claves y el lujo que permite el dinero robado, ya sea en París como el interventor de El Ejido o Javier Aureliano en Ibiza.

La continuidad es tan precisa que resulta inquietante: cambiaron las caras, cambió la generación, pero el método siguió siendo el mismo.

En Almería, durante demasiado tiempo, la corrupción no fue una anomalía:
es una tradición política hereditaria.