Mª Jesús Montero, candidata a tiempo parcial

Desde que María Jesús Montero fue entronizada como nueva jefa del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta, ha viajado mucho a Andalucía. Sevilla, Jaén, Cádiz, Huelva… Su agenda está llena de actos en territorio andaluz. Pero si uno repasa la hemeroteca reciente, la foto que aparece es paradójica: Montero está físicamente en Andalucía, pero los titulares que genera son casi siempre de política nacional. La ministra de Hacienda y vicepresidenta eclipsa a la candidata.

Ahí están los ejemplos. En Sevilla, a finales de agosto, la noticia fue: “El Gobierno central aprobará el próximo martes la quita de 85.000 millones de la deuda autonómica”. No era la candidata quien hablaba, sino la vicepresidenta que anuncia un paquete de alivio financiero para todas las comunidades, con Andalucía en primer plano por los millones a condonar. El País tituló en la misma clave: “El Gobierno aprobará el proyecto de ley para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas el próximo martes”, con Montero en la Zona Franca de Sevilla hablando de la arquitectura de la medida y del equilibrio territorial. Ya en octubre, en Jaén, otro titular: “Montero: ‘Yo firmaré la quita de la deuda para Andalucía cuando sea presidenta’”. La frase apunta a San Telmo, pero el marco sigue siendo la condonación de deuda y la negociación con las comunidades del PP, no la radiografía de los problemas andaluces.

Más de lo mismo con la financiación autonómica. Montero ha repetido que “no habrá agravio territorial” en el nuevo modelo, acusando a Moreno de mentir sobre un supuesto trato de favor a Cataluña. Ha prometido un nuevo sistema de financiación “en los próximos meses” y ha defendido en Consejo de Política Fiscal y en el Senado el calendario de esa reforma. Son titulares que nacen muchas veces en Andalucía, pero que hablan para todo el Estado: la candidata presta la cara, la ministra pone la letra pequeña.

En paralelo, si se mira estrictamente a su ejercicio como aspirante a la Presidencia de la Junta, el balance es mucho más pobre. Sólo en un puñado de ocasiones —presentación en Sevilla, Gibraleón, congreso de Armilla, Comité Director de mayo, proclamación en junio, primer mitin en Jerez y un par de grandes actos de otoño— Montero ha hablado con claridad como candidata, con frases del tipo “he venido a ganar” o “seré presidenta de la Junta” dirigidas al electorado andaluz. Ocho momentos nítidos, frente a decenas de ruedas de prensa, entrevistas y actos en los que el foco ha sido la quita de la deuda, la financiación autonómica o los Presupuestos Generales del Estado. La sensación, a la vista de los datos, es de candidata a tiempo parcial.

En paralelo, el día a día de la oposición al Gobierno de Moreno lo está capitalizando otro nombre: María Márquez. La número dos del PSOE-A y portavoz parlamentaria es quien sostiene el cuerpo a cuerpo con San Telmo. Es Márquez quien ha apretado a Moreno Bonilla en sede parlamentaria a cuenta del escándalo sanitario de los cribados de cáncer de mama y de la crisis del SAS. Es Márquez quien ha exigido comisiones de investigación por la sanidad, quien se ha plantado en las manifestaciones en defensa del sistema público y ha puesto voz a las afectadas que acusan al Gobierno andaluz de haberles arruinado la vida. Es Márquez quien está tirando del hilo de la trama de contratos y corrupción en Almería, acusando a Moreno de “tapar, tapar y tapar” las irregularidades del PP en esa provincia y reclamando “levantar las alfombras del PP de Almería, que es el PP de Andalucía”.

Sobre asuntos delicados como la combinación de recursos públicos y proyección personal del presidente —incluida la elaboración del libro que firma Juanma Moreno con la ayuda de su aparato de comunicación en San Telmo—, el PSOE andaluz no ha convertido el tema en un escándalo político sostenido y eso que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez hasta les avalaría en términos políticos. No hay batería de preguntas al máximo nivel, ni ofensiva diaria por parte de la candidata. El contraste es llamativo: para la quita de la deuda y el modelo de financiación, la protagonista es Montero; para la crisis del SAS, la corrupción en Almería o la memoria democrática, la voz es Márquez.

Los sondeos ayudan a completar la fotografía de este reparto de papeles. El primer barómetro del Centra tras la llegada de Montero a la secretaría general ya apuntaba la paradoja: Moreno mantenía su mayoría absoluta, con un 42,2% de voto estimado y entre 57 y 59 escaños, mientras el PSOE caía al 23% y se quedaba en 25-28 diputados. El propio titular era claro: “Moreno mantiene su mayoría absoluta en Andalucía ante un PSOE que no remonta con Montero”. Medio año después, el barómetro de septiembre-octubre de 2025 vuelve a dibujar el mismo paisaje: el PP seguiría como primera fuerza con un 40,7% y 54-56 escaños; el PSOE, pese a una ligera mejoría, se quedaría en el 23,3% y 26-29 escaños, todavía por debajo de su resultado de 2022 y a 17 puntos del partido de Gobierno. Otros estudios mueven las cifras arriba o abajo pero coinciden en lo sustancial: el PP conservaría con holgura la mayoría absoluta, y el PSOE de Montero no rompe el techo del cuarto de los votos ni en escaños ni en intención de voto. En este punto solo falta cuantificar la factura electoral que le pasará al gobierno de MBonilla la más que discutible gestión de su política sanitaria en Andalucía.

Los datos disponibles muestran que la ofensiva del PSOE-A no se traduce, de momento, en un giro del electorado andaluz. Y que la figura de la candidata no ha conseguido aún convertirse en el eje de la alternativa. La realidad que pintan las encuestas encaja demasiado bien con la práctica diaria: una Secretaria General que sigue siendo sobre todo vicepresidenta y ministra, y una número dos que ejerce de líder sin querer serlo que es quien pelea en el barro parlamentario, en la calle y en las provincias.

Que Montero haya multiplicado sus viajes a Andalucía no significa que ejerza como candidata a jornada completa. Llega, anuncia que el Gobierno aprobará la condonación de deuda o la nueva financiación autonómica, responde a las críticas de los barones socialistas y a la ofensiva de los presidentes del PP, y se marcha de nuevo a la mesa del Consejo de Ministros o al Senado para seguir pilotando la política económica del Estado. En ese trayecto, la agenda andaluza queda subordinada a la nacional. El propio comentario de la SER lo resumía hace unos días como un “equilibrio imposible” entre lo que exige su cargo en Madrid y lo que necesitaría su papel en Sevilla.

Mi impresión, a la vista de todo esto, es que la duplicidad de responsabilidades no está siendo sólo un problema de relato, sino de tiempo, foco y credibilidad como alternativa.

El PSOE andaluz tiene candidata y formalmente líder, pero es su número dos quien debe hacer de jefa de la oposición con la inestimable colaboración de Ángeles Férriz, la voz más dura y acerada del Grupo Socialista en La Cinco Llagas. Y los titulares que deja Montero en sus frecuentes visitas a Andalucía hablan más de la Hacienda de España que de la Junta que dice querer conquistar.

Anoche estalló para colmo de males una noticia que añade más ruido en el peor momento para la candidata. La detención de Leire Díaz y de Vicente Fernández Guerrero, ambos investigados por presuntas irregularidades en contrataciones y adjudicaciones, abre un nuevo frente de incertidumbre para el PSOE andaluz, alcanzado en su corazón sevillano por las caídas de Paco Salazar y Antonio Hernández, dos cuadros socialistas – ojo- capitanes que estuvieron en primera línea de batalla contra Susana Díaz en las primarias contra Pedro Sánchez. Algo que simplemente indica que hay facturas internas pendientes.

Volviendo a lo de anoche ya no es solo por la gravedad de los hechos que se les atribuyen, sino por la identidad de uno de los detenidos: Fernández Guerrero, que fue viceconsejero de la Junta, presidente de la Agencia de Obra Pública, después secretario general de Hacienda con el Gobierno andaluz socialista y, ya en Madrid, presidente de la SEPI. Una trayectoria completa bajo gobiernos del PSOE que tuvo siempre un común denominador: el aval y la confianza política de María Jesús Montero. En paralelo empieza a circular la idea, en forma de rumores que salen de la UCO, de que Vicente Fernández disfruta de un patrimonio importante y fuera de lo normal. Hay quien ve conexión con la trama vasco navarra de Santos Cerdán y Antxon Alonso.

Fernández Guerrero no era un nombre cualquiera en el organigrama socialista. Fue un colaborador de máxima confianza de Montero tanto en la Junta como en su aterrizaje en el Ministerio de Hacienda. Su ascenso en la administración —desde la Consejería de Salud hasta la cúspide del holding público SEPI— estuvo asociado a la influencia de la actual candidata. Que hoy sea detenido por una investigación sobre manejos de contratos es, por tanto, un golpe directo a la zona de seguridad que Montero había construido en torno a su equipo. Y aunque jurídicamente la investigación aún está en fase embrionaria, políticamente tiene un efecto inmediato: introduce un flanco de vulnerabilidad justo cuando la candidata necesitaba proyectar solvencia, orden y control de su entorno.

Que uno de los nombres más próximos a Montero sea ahora objeto de una causa que apunta a prácticas opacas no es, en ningún caso, una buena noticia para quien aspira a presidir Andalucía. La pregunta ya no es solo qué hizo Vicente Fernández, sino hasta qué punto la sombra de sus decisiones puede alcanzar a la candidata. Y en una campaña donde la credibilidad es el terreno más delicado, cualquier sombra pesa más que cualquier titular.