PP y PSOE: dos costaleros, un mismo paso y la sanidad hundiéndose bajo el faldón

 

Hay preguntas incómodas que la política prefiere eludir. Esta es una de ellas: si el presupuesto sanitario andaluz ha pasado de 9.834 millones de euros en 2018 a más de 15.000 millones en 2025, un crecimiento del 56% en siete años, ¿cómo es posible que Andalucía siga siendo la comunidad autónoma con menor gasto sanitario por habitante de toda España, la que peor ratio de médicos tiene, la última en gestión de la dependencia y la que acumula listas de espera enquistadas desde hace décadas? Algo no cuadra. O mejor dicho: algo no se cuenta bien, pero todo huele y duele. Sí, los andaluces llevamos tambien esta procesión por dentro, pero menos.

Este trabajo no pretende absolver ni condenar a ningún gobierno en particular. Pretende hacer lo que debería hacer el debate electoral en Andalucía y rara vez hace: mirar los datos, todos, sin sesgo de partido, y plantear las preguntas que merecen respuestas.

 

El punto de partida: el desastre heredado

Para entender dónde está la sanidad andaluza hoy hay que saber de dónde viene. Y viene de un agujero al que llamaban pomposamente «La joya de la corona». Los datos del Ministerio de Sanidad no admiten discusión: el PSOE, que gobernó Andalucía durante 37 años ininterrumpidos, aplicó entre 2011 y 2015 unos recortes sanitarios de manual. El presupuesto pasó de 9.827 millones en 2010 a un mínimo histórico de 8.205 millones en 2014, una caída de 1.622 millones en cuatro años. Y no se recuperó: en 2018, último año socialista, el presupuesto era de 9.834 millones, apenas unos millones más que en 2010. En términos reales, con la inflación acumulada, aquello era significativamente menos.

Durante ese periodo el PSOE recortó 7.773 profesionales sanitarios, redujo 800 camas hospitalarias entre 2014 y 2018, y dejó las infraestructuras en un estado que la auditoría encargada por el gobierno entrante del PP en 2019 documentó sin contemplaciones: 1.700 millones de euros de deuda acumulada en el área sanitaria y una multitud de proyectos prometidos y no ejecutados. La sanidad pública andaluza llegó a 2018 exhausta, infrafinanciada y con años de promesas sin cumplir cargadas a la espalda. Objetivamente parece no del todo justo colgarle todo esto en la mochila a la exconsejera y hoy candidata Montero.

Pero eso es lo que recibió Moreno Bonilla. Conviene no olvidarlo. Pero tampoco conviene usarlo indefinidamente como coartada que es lo que hace mañana, tarde y noche el PP andaluz y Moreno Bonilla. Ocho años en el poder dan para algo más que gestionar una herencia.

 

Los números año a año: lo que dicen las cifras del Ministerio

El Ministerio de Sanidad publica anualmente los presupuestos iniciales de todas las comunidades autónomas. La serie de Andalucía de los últimos dieciséis años cuenta una historia en tres actos.

Primer acto, el del PSOE: el presupuesto arrancó en 9.827 millones en 2010 y se desplomó progresivamente hasta los 8.205 millones de 2014, el mínimo histórico del periodo democrático andaluz. La recuperación fue lenta y tardía: 8.459 millones en 2015, 8.827 en 2016, 9.326 en 2017 y 9.834 en 2018. Ocho años de gestión socialista cerraron con el mismo presupuesto nominal con el que habían arrancado. En términos reales, descontando la inflación, el sistema sanitario tenía menos recursos en 2018 que en 2010.

Segundo acto, el del PP: la línea sube sin interrupción desde 2019. De 10.540 millones ese primer año se pasa a 11.050 en 2020, 11.759 en 2021, 12.464 en 2022, 13.824 en 2023, 14.232 en 2024 y 15.282 millones en 2025. El crecimiento es sostenido, real y documentado. Nadie debería negarlo.

Tercer acto, el de los conciertos con la sanidad privada, que es donde el debate se enturbia y donde ambos partidos mienten por omisión. Con el PSOE, el porcentaje del presupuesto sanitario destinado a empresas privadas fue del 2,66% en 2010 y escaló hasta el 5,05% en 2014, el récord histórico, precisamente el año en que los recortes a la pública eran más duros. Fue el primer año triunfal de Susana Díaz con ‘Spiriman’ enfrente soltando cañonazos desde Granada. Luego bajó gradualmente hasta el 4,19% en 2018. Con el PP, el porcentaje ha oscilado entre el 3,92% de 2024 y el 5,02% de 2022, cuando se produjo el salto más llamativo: 76 millones de euros más en un solo año, un 16,5% de subida, sin explicación pública convincente. La media del periodo socialista fue del 3,63%; la del PP hasta 2025, del 3,81%. Estadísticamente, la diferencia es irrelevante. En volumen absoluto, no: 580 millones de euros en 2024 yendo a la privada, frente a 419 millones en 2018. El PSOE acusa al PP de privatizar y el PP le responde recordando que ellos fueron peores. Ambos tienen razón. Ninguno propone una alternativa real.

 

El ladrillo: inversión necesaria con demasiados titulares

El capítulo de infraestructuras es donde el PP presenta sus cifras más espectaculares y donde el contraste con el PSOE es más llamativo. La inversión en obras y construcciones pasó de 128 millones en 2018 a 557 millones en 2024, un 334% de incremento. En 2025 subió a 572 millones. La Consejería de Salud no pierde ocasión de recordar que en un solo año del PP se invierte en ladrillo más que en los cuatro últimos años del PSOE juntos, y el dato es correcto.

Pero necesita contexto. Buena parte de esa inversión era sencillamente ineludible: la auditoría de 2019 documentó décadas de mantenimiento pendiente y proyectos comprometidos por el PSOE que nunca se ejecutaron. Moreno pone la cinta, se lleva la foto y el titular. El déficit acumulado es herencia. Y la pregunta legítima, que el debate político esquiva con sistematicidad, es si dedicar 557 millones anuales al ladrillo cuando se es la última comunidad de España en gasto por habitante responde a una estrategia sanitaria coherente o a una estrategia de comunicación política. Un hospital nuevo que abre sus puertas da titulares. Un médico de familia que pasa de atender a 2.000 pacientes a 1.200, no.

(Aunque pueda parecer a muchos una elucubración rutinaria debe quedar constancia de un posible riesgo para el PP con la contratación de tanto ladrillo y tanta obra para la sanidad. Me refiero a cómo se gestiona, de verdad, el reparto de esas millonadas entre las constructoras, algunas desconocidas hasta ahora pero con arraigo en determinadas zonas plagadas de intereses políticos. Desde hace meses la rumorología es persistente en relación con proyectos en Málaga y Huelva. Y visto lo visto a estas alturas con casos de corrupción estatales – Koldo, Kitchen- el mamoneo de corruptos y corruptores continúa y ningún partido está vacunado. Nunca es malo estar alerta).

 

El dato que desmonta el relato: 1.600 euros por habitante

Toda la retórica de presupuestos récord se estrella contra un número: 1.600 euros. Ese fue el gasto sanitario público por habitante en Andalucía en 2023, el más bajo de España, 950 euros por debajo del más alto y muy lejos de la media nacional de 1.769 euros. Andalucía lleva años siendo el farolillo rojo de esta clasificación y, pese al aumento presupuestario, no converge con el resto del país.

La razón es aritmética pero no por eso menos reveladora: Andalucía tiene 8,5 millones de habitantes, la comunidad más poblada de España, y su población ha crecido en 190.000 personas en los últimos cinco años. Cuando el presupuesto crece pero la población también crece, el gasto por habitante no mejora proporcionalmente. El pastel es más grande pero hay más bocas. Y el pastel andaluz, pese a crecer, sigue siendo el más pequeño por comensal. Lo que no explica esto es por qué la brecha con el resto de España no se cierra siquiera ligeramente con años de inversión creciente. Algo en la estructura interna del gasto no está funcionando como debería.

 

Los médicos: el agujero que no se tapa con obra nueva

Hay un dato que debería presidir cualquier debate sobre sanidad en Andalucía y que brilla por su ausencia en las ruedas de prensa de la Consejería: 3,1 médicos por cada 1.000 habitantes. Ese es el ratio andaluz, el peor de España, frente a una media nacional de 3,7. No es una diferencia menor. Significa que cada médico andaluz atiende más pacientes que la media, con menos tiempo por consulta, más derivaciones innecesarias, más saturación en urgencias y listas de espera que no bajan. Es el origen estructural del colapso que cualquier andaluz experimenta en su centro de salud. Y eso se ha dejado notar en las calles con manifestaciones y concentraciones.

El PP afirma haber incorporado 25.000 profesionales sanitarios desde 2019, frente a los 7.773 que recortó el PSOE entre 2010 y 2018. El dato es correcto. Pero es insuficiente. Recuperar lo recortado no es mérito, es obligación mínima. Y el resultado final —3,1 médicos por 1.000 habitantes, el peor de España— indica que ni se ha recuperado el nivel previo a los recortes soocialistas o que el crecimiento de la población ha absorbido todas las incorporaciones sin mejorar la cobertura real.

 

La dependencia: la vergüenza que se silencia

Si el gasto por habitante es el dato incómodo, la dependencia es directamente el escándalo del sistema sanitario andaluz. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores publicó en 2025 un estudio con datos oficiales del IMSERSO y del INE que sitúa a Andalucía en el último puesto nacional en eficacia de gestión del sistema de dependencia, con una puntuación de 50,94 sobre 160 posibles. Y el dato que debería ocupar portadas: 50.597 andaluces han fallecido en lista de espera entre 2018 y 2025 esperando una atención que la ley les reconocía y que nunca llegó. Diecinueve personas al día. Cada día. Durante siete años.

La contradicción es flagrante y está documentada. Mientras el PIB andaluz crecía un 47,6% entre 2018 y 2026, el porcentaje del presupuesto dedicado a dependencia apenas subió del 0,80% al 1,13%. La riqueza crece. La atención a quien más la necesita, no. Moreno puede seguir inaugurando hospitales y batiendo récords presupuestarios. Pero mientras tanto, diecinueve andaluces dependientes mueren cada día sin haber recibido lo que la ley les prometía. Eso no es un problema de presupuesto. Es un problema de prioridades. Y también de conciencia, son muertos como los de Adamuz.

 

¿Dónde va el dinero?

Intentemos ser precisos con el desglose del presupuesto sanitario de 2024. De los 14.246 millones presupuestados, el capítulo de personal se lleva 6.776 millones, el 47,7% del total, con una subida del 3% respecto a 2023. Es la partida más voluminosa con diferencia. Pero ya hemos visto que el resultado en ratio de médicos por habitante sigue siendo el peor de España. La explicación está en que el gasto en personal incluye subidas salariales, complementos, guardias, sustituciones y una plantilla con décadas de antigüedad acumulada. Que se gaste más en personal no significa necesariamente que haya más profesionales ni que estén mejor distribuidos.

El gasto corriente sin personal —suministros, farmacia, mantenimiento, tecnología— absorbe prácticamente otro 49% del presupuesto. Andalucía es además la segunda comunidad que más porcentaje de su inversión sanitaria destina a gasto farmacéutico, con el 16,93%, lo que detrae recursos que podrían ir a personal e infraestructuras. Las obras se llevan 557 millones, el 3,9% del total. Y los conciertos privados, 580 millones, el 4,1%. El dato más revelador de todos: casi la mitad del incremento presupuestario de 2024 respecto al año anterior —489 millones de euros— fue a parar a empresas privadas, según el análisis de organizaciones sindicales y profesionales sanitarios. Más presupuesto, sí. Pero con un destino que genera preguntas legítimas sobre el modelo.

 

El veredicto: un debate que merece más que titulares

Intentemos ser justos con unos y otros, porque la justicia aquí exige matices que el debate político habitualmente rehúye.

El PSOE tiene una responsabilidad histórica incuestionable: gobernó Andalucía durante 37 años y dejó la sanidad pública en el último puesto de España en gasto por habitante, con miles de profesionales recortados, deuda acumulada e infraestructuras obsoletas. Los recortes de 2012 a 2015 fueron salvajes y sus consecuencias las sigue pagando el sistema hoy. Que el PSOE acuse ahora al PP de privatizar la sanidad mientras silencia que ellos alcanzaron el récord histórico de conciertos privados en 2014, cuando más apretaban el cinturón en lo público, es, cuando menos, pelín desvergonzado.

El PP tiene una responsabilidad diferente, que es la del gobierno que lleva ocho años en el poder con presupuestos crecientes y sin que los indicadores sanitarios fundamentales —gasto por habitante, ratio de médicos, listas de espera, dependencia— hayan convergido con la media española. Más dinero es condición necesaria pero no suficiente. Y cuando casi la mitad del incremento anual va a la privada, cuando el capítulo de ladrillo crece un 334% mientras los médicos por habitante siguen siendo los peores de España, y cuando 19 dependientes mueren al día sin recibir su prestación, la pregunta no es cuánto se presupuesta. La pregunta es qué resultados produce ese presupuesto en la atención real al ciudadano andaluz o andaluza.

Esa es la gran incógnita que sobrevuela el debate electoral andaluz y que ninguno de los dos grandes partidos tiene interés en responder con rigor. Hasta que alguien lo haga, todo lo demás —los titulares de récords históricos, las acusaciones de privatización y los reproches cruzados— es ruido electoral que le falta el respeto a los 8,5 millones de andaluces que financian con sus impuestos un sistema sanitario que lleva demasiados años prometiendo más de lo que cumple, con independencia de quién lo gobierne.