Es sabido y comprobado que un par de millones de ciudadanos catalanes, votantes de partidos defensores de la separación política y administrativa con España, han apoyado un programa de acciones minuciosamente diseñado para lograr ese objetivo. Cantidad nada despreciable y que ha logrado democráticamente el gobierno de la Generalitat catalana y la mayoría de votos en su Parlament. Al tiempo y por decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo continúan presos, preventivos pero presos, en carceles catalanes dependientes del gobierno que preside el señor Torra varios de los dìrigentes políticos que protagonizaron y diseñaron el llamado procés.

Tras el fiasco germano-belga de la estrategia diseñada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo para llevar a juicio oral a todos los presuntos responsables de los hechos habidos en septiembre y octubre de 2017 en Barcelona a quienes el magistrado instructor refrendado por la misma Sala atribuye la comisión de delitos de rebelión, malversación y otros varios, a límine litis y a reserva de la resolución del plenario, estoy obligado como ciudadano español a preguntarme qué ocurre para llegar a la situación que política, judicial y cívica y socialmente estamos viviendo. Lo confirma esta misma mañana el escrito de acusación de la Fiscalía general del Estado.

Desde 2008 el gobierno del Reino de España y la Adminstracion central de Estado, sus organismos de consejo el Poder Legislativo y el Judicial estaban obligados a saber lo que estaba ocurriendo en Cataluña y a valorar las consecuencias de las decisiones que se adoptarán u omitieran con respecto a los planteamientos y decisiones que allí se iban defendiendo y proponiendo.

 

Qué ocurre para llegar a la situación que política, judicial y cívica y socialmente estamos viviendo.

 

Tengo presente que a diferencia de los señores Pujol, Montilla, Carod, Mas, Junqueras, Puigdemont, et sic de ceteris, los señores Rodríguez Zapatero, Rajoy, Zoido, las señoras Sáenz de Santamaría, Cospedal son juristas. Y amén de serlo han acudido al amparo togado de diversos entes jurídicos de prestigio, sabiduría y técnica jurídica que se les suponía como el valor en la cartilla militar cuando servidor hizo la denostada mili.

Los acuerdos y colaboraciones políticas, y prejudiciales suspensivas, entre Felipe González y Pujol, entre Aznar y el mismo Pujol, ya iniciaron un camino que ha terminado, de momento, en estas riberas algo empantanadas. La estulta ceguera de los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero, el pazguato dejar hacer de los del señor Rajoy Brey han permitido ramplonamente que la voz del profesor del instituto de Soria suene a trueno en los campos yermos de la otrora poderosa Castilla que respecto a Cataluña en sus gobiernos desde 2008 al 2018, desprecia cuanto ignora.

En noviembre de 2015 se iniciaron discretos movimientos en el seno del Alto Tribunal al cesar el magistrado Llarena como presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura para que fuera cooptado y ascendido al mismo Tribunal Supremo. Los propios vocales integrantes de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueron los que divulgaron a los medios de comunicación sus dudas acerca de la validez de los Acuerdos adoptados el 14 de enero de 2016, entre cuyas decisiones se encontraba la composición de la terna que llevaría a la Sala 2ª del Tribunal Supremo a don Pablo Llarena. La abogada del Estado y vocal de la misma permanente puso en duda la validez de la sesión y sus acuerdos. Tras diferentes maniobras se redactaron dos actas. No se han desmentido tales dudas y afirmaciones. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha hecho público el lunes pasado un informe en el que critica de forma contundente a España por no atender sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial. Alude en concreto la falta de interés de nuestro país por modificar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mejorar la actual situación “tanto en apariencia como en la realidad”.

 

En noviembre de 2015 se iniciaron discretos movimientos en el seno del Alto Tribunal al cesar el magistrado Llarena como presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura para que fuera cooptado y ascendido al mismo Tribunal Supremo.

 

El expresidente del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, don Pascual Sala, ha manifestado: “ Para mí es muy difícil por no decir imposible que exista un delito de rebelión, por no decir que me parece problemático que exista un delito de sedicion”.

El exfiscal jefe de Catalunya don José María Mena ha valorado el argumento del juez del Tribunal Supremo don Pablo Llarena para mantener en prisión a los líderes independentistas que se encuentran encarcelados y ha negado que se produjera la violencia que se les atribuye: “Lo leí muchas veces, con mucho cuidado, y he de decir que no veo en absoluto violencia en lo que describen como violencia”.“En vista de lo que dice la Guardia Civil, yo no veo que exista el concepto de violencia determinante de un delito de rebelión”.

Salvo televidentes obsesos de quince planos repetidos meses y meses sin cesar y personas de caletres similares al del señor Garcia Egea y algunos de sus conmilitones y, entre ellos, su jefe de parecido hipotalamico espacio, hemos podido ver a miles de ciudadanos españoles que han nacido y viven en Cataluña salir a la calle a pedir la independencia de España y la constitución de una república catalana políticamente soberana, en un ejercicio del derecho de manifestación en el cual no ha habido más a violencia que la cualquier país europeo libre y democrático tolera diariamente sin el menor empacho ni intervención de sus tribunales.

 

Un ejercicio del derecho de manifestación en el cual no ha habido más a violencia que la cualquier país europeo libre y democrático tolera diariamente.

 

“¡Qué vergüenza que en España, fuera de Catalunya, nadie salga a la calle a protestar por los presos políticos independentistas! Es casi ya en sí motivo suficiente para justificar que Catalunya se independice, y lo digo yo, que soy la persona menos comprometida con una bandera que conozco y a la que la declaración de independencia catalana de hace un año le pareció la ridiculez más grande que ha visto en la vida, con la posible excepción de la elección de Donald Trump.” John Carlin en La Vanguardia del pasado 28 de octubre de este año.

En 1944, siendo don Eduardo Aunós ministro de Justicia, publicó el Boletín Oficial del Estado, de 7 de febrero de 1944, el Decreto de 23 de enero de ese mismo año, por el que se creaba la Cruz de San Raimundo de Peñafort para premiar el mérito a la Justicia y recompensar hechos distinguidos o servicios relevantes, de carácter civil, en el campo del Derecho. Eduardo Aunós Pérez (Lérida, 8 de septiembre de 1894 – Lausana, 25 de septiembre de 1967) fue un político, doctor en Derecho, regionalista catalán, secretario de Francisco Cambó, diputado en Cortes en 1916 y 1921, ministro con Miguel Primo de Rivera y presidente de la XIII Conferencia Internacional de Trabajo celebrada en Ginebra. Exiliado en Francia durante la Segunda República Española, se unió a los sublevados, ocupando diversos cargos políticos y diplomáticos durante la dictadura franquista en la que fue ministro de Justicia en 1943-1945. Hasta aquí lo que dicen las crónicas publicadas y resumidas.

 

En 1944, siendo don Eduardo Aunós ministro de Justicia, publicó el Boletín Oficial del Estado, de 7 de febrero de 1944, el Decreto de 23 de enero de ese mismo año, por el que se creaba la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

 

La cruz de San Raimundo de Peñafort la lucen hoy numerosos juristas y jueces españoles y entre ellos no pocos catalanes. Conviene no olvidar su origen y su creador ahora que tanto se habla de historia catalana por contraposición a la española. El exilio no garantiza nada. Ni ser secretario del señor Cambó tampoco. Raimundo de Peñafort, catalán nacido en lo que hoy es Santa Margarita y Mónjós, pavorde que fuera del obispado de Barcelona, compilador de las Decretales de Gregorio IX e introductor del Tribunal de la Santa Inquisición en el Reino de Aragón podría dar alguna lección a tirios y troyanos en las próximas semanas. ¡Qué cruz, Señor, qué cruz la de Peñafort!.

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