No sé si se acordarán. A principios de los años 80 del pasado siglo, un cantante italiano de nombre Pino D’Angio, precursor de los actuales y exitosos raperos, sacó una canción titulada “¡Qué idea!” (“Ma quale idea”en su versión original) que ocupó los primeros lugares de las listas de éxitos discográficos en todo el mundo. La copla en cuestión no es que fuese “El himno a la alegría”, pero hay que reconocer que triunfó en las discotecas de los cinco continentes pese a que era más complicada bailarla que el “Aserejé”. El caso es que sería escuchada en Andalucía por algún jerifalte de la Junta y del PSOE y se le quedó grabada en su memoria colectiva.

Y años después, cuando se decidió reorganizar el organigrama del Gobierno andaluz, a alguien le vino a la mente la letra de la canción italiana y clamando el “eureka” de Arquímedes, pensó que había encontrado el nombre ideal para una empresa pública, dependiente de la Consejería de Empleo y heredera del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que gestionara los cientos de millones de ayudas de los presupuestos que la Administración andaluza concedía a empresas y particulares sin necesidad de que éstas fuesen fiscalizadas o controladas por los interventores o los servicios de inspección. Como es natural, buena parte de estas ayudas, procedentes del llamado “fondo de reptiles” (tal y como la definió en su día el ex director general de Trabajo implicado en la trama de los EREs fraudulentos, Javier Guerrero), la famosa partida presupuestaria 31L, iban por medio de las denominadas transferencias de financiación directamente al IFA quien las repartía entre amigos y conocidos del partido tejiendo así una amplia y tupida red clientelar mantenida durante más de treinta años y que aún subsiste hoy día.

A alguien le vino a la mente la letra de la canción italiana y clamando el “eureka” de Arquímedes, pensó que había encontrado el nombre ideal para una empresa pública, dependiente de la Consejería de Empleo y heredera del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)

El caso es que decidieron cambiarle el nombre al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) por el más atractivo de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), (¡qué idea, vive Dios!) para que se encargara de controlar y repartir las dádivas de la Junta a fondo perdido (nunca mejor dicho). No contaban con que una jueza, Mercedes Alaya, titular del Juzgado número 6 de Sevilla, mordiese la carnaza y comenzara a investigar la ladina forma en que se distribuían esos fondos de reptiles. Surgió entonces lo que se ha venido en llamar el Caso de los EREs fraudulentos. Tras varios años de investigación, Alaya imputó a dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, una ex ministra, Magdalena Álvarez, media docena de ex consejeros, una veintena de ex altos cargos y hasta casi doscientos implicados en una trama cuyo montante total del fraude de dinero público se acercaba a los 900 millones de euros.

Viendo lo que se le venía encima, la Junta presionó y forzó al poder judicial para que Mercedes Alaya fuese apartada del caso, siendo sustituída por su colega María Núñez Bolaños quien despiezó el caso en varias partidas llegando a paralizarlo durante casi dos años. Apartada temporalmente del caso de los EREs la jueza Ñúñez Bolaños por una recusación planteada por los letrados del PP, una nueva magistrada, titular del Juzgado de Instrucción número 10, Pilar Ordóñez Martínez, ha abierto una nueva y escandalosa  causa, una espita que puede dejar en pañales el Caso de los EREs. Según las primeras investigaciones, la Junta podría haber utilizado el “método ERE”, es decir las transferencias de financiación sin control a la agencia IDEA, durante diez años y desde casi todas las Consejerías del Gobierno andaluz, con lo que el montante defraudado podría superar los 3.500 millones de euros, casi cuatro veces más que la cantidad supuestamente defraudada por los EREs.

Apartada temporalmente del caso de los EREs la jueza Ñúñez Bolaños por una recusación planteada por los letrados del PP, una nueva magistrada, titular del Juzgado de Instrucción número 10, Pilar Ordóñez Martínez, ha abierto una nueva y escandalosa  causa.

Así las cosas, el panorama que se le presenta a la candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, ante los comicios autonómicos del 2 de diciembre, es cuanto menos preocupante. Con el juicio de los EREs en marcha y las investigaciones del Caso IDEA en manos de la UCO de la Guardia Civil, la campaña se puede tornar en un tortuoso camino de espinas teniendo en cuenta, además, que parte del socialismo andaluz, alineado con Pedro Sánchez y enemigo acérrimo de Susana, no para de poner piedras en las ruedas del carro “susanista” lanzando mensajes de “traidora” contra la candidata del PSOE en las redes sociales.

Claro que, pese a todo, pese a los escándalos de corrupción que salpican a su Gobierno (tanto la vicepresidenta, Carmen Calvo, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, formaban parte entre 2000 y 2011 de los Ejecutivos investigados ahora en el Caso IDEA) y del ninguneo que el Gobierno central puede mostrale a Susana en esta campaña, no parece que pueda influir en los resultados de las elecciones del 2 de diciembre. Los andaluces parecemos estar acostumbrados a los escándalos sin que éstos influyan en los resultados electorales. Otro caso será en quién piensa Susana Díaz apoyarse en el más que hipotético caso de que no consiga la mayoría absoluta. Ciudadanos, tanto por boca de Juan Marín como de Inés Arrimadas, ya ha dicho que no pactará con el PSOE. Ya veremos si cumple su palabra. Y si así fuera, a Susana no le va a quedar más remedio que abrir las negociaciones con su íntima enemiga de Podemos, Teresa Rodríguez. En Madrid, Pedro Sánchez ya le está enseñando en camino con los presupuestos. Está por ver si Susana se mantiene en sus trece (“a Podemos ni agua”) o si no le queda más remedio que agachar la cabeza. Hay que reconocer que la cosa se pone la mar de interesante, “¡Qué gran idea!”. 

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