Torra, los presos, el país y la cuadratura del círculo

La gestión de las cárceles estatales españolas en territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña depende de la Generalitat. Por lo tanto la custodia, vigilancia, impedimento de fugas, cuidados médicos y atención psicológica, impedimenta, masita, y otras gabelas exigidas al carecer los internos de libertad de ambulatoria corresponden, in capite, al honorable presidente del gobierno de la Comunidad Autónoma que tiene las competencias transferidas por el Estado español.

El señor Torra, primera representación del Estado español en Cataluña porta, en tanto tal, la de todos los ciudadanos con residencia civil en el territorio catalán, se sientan o no catalanes, Sean partidarios o no de la independencia política en modo republicano o fervorosos admiradores de la monarquia borbónica. Le agrade o no, es así. Y porque es así, va a cumplir las obligaciones de mantener presos a los políticos presos o a los presos políticos, se mire como se mire. Es esta la primera contradicción en este teatro político en el que se desarrolla la vida pública española.

Coincidiendo con la anunciada llegada de los políticos presos y juzgados a la espera de sentencia , el partido al que pertenece el honorable Torra ha presentado , hoy martes 25, en la mesa del Parlamento catalán una proposición para recuperar la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017, que, como consecuencia del referéndum del 1º O llevó a la carcel a los ahora retornados en idéntica situación. Los dos miembros de ERC se abstuvieron y , por ello, los votos de Cs y PSC impidieron aprobar esa tal iniciativa. La votación se ha saldado con dos votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. Para la ERC del presidente del Parlament, Roger Torrent, la unilateralidad es un incordio politico. Mientras tanto el presidente de la Generalitat llama a la población catalana a dar una respuesta de país. Dado el lenguaje críptico de las autoridades españolas, y él lo es, ignoramos el contenido real y practico de tal respuesta. Segunda contradicción, pues, ya que el independentismo político tiene mayoría en el Parlamento catalán, pero pierde una votación para repetir, con la llegada de los presos, la DUI de hace dos años. Y ello pese a la cartelera de Omnium cultural coincidente con ella, invitando a volverlo a hacer. Y los autobuses urbanos de Barcelona anunciando lo mismo. Visto lo ocurrido hoy en el Parlamento, cabe interrogarse sobre si el señor Maragall hubiese sido alcalde, en lugar de la señora Colau, hubieren portado la cartelera los mismos autobuses urbanos.

Pese a los rumores que en los mentideros jurídicos de variado signo circulan, lo cierto es que el hermetismo de la Sala de justicia que ha de pronunciar el fallo es absoluto.

Esa sentencia será decisiva en la política diaria de la legislatura que aún no ha investido presidente del gobierno. Todos somos conscientes de eso.

Hay un motivo de esperanza en que la Administración de Justicia española, como el Yhvh israelita, tiene caminos insondables, que no son los caminos de los señores Torra, Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias y Abascal. Es el ejemplo de lo ocurrido con las tropelías verbales, macabras e insultantes, del magistrado en excedencia, señor Serrano Castro, jefe de filas de Vox en el Parlamento andaluz. Este magistrado de carrera indignado por la sentencia de sus congéneres de la sala segunda del TS lanzó venablos y denuestos contra los jueces, contra las mujeres, contra todo lo que tuviera algo en contra de su supuesta inteligencia. Y hay malestar, por ello,  entre los magistrados del Alto Tribunal.

Este juez fue condenado por sentencia firme por delito de prevaricación. El más grave que puede cometer un juez. El Supremo elevó en 2012 de dos a diez  años de inhabilitación la condena al juez, con subsiguiente pérdida de la pertenencia a la carrera judicial. Aquella resolución respondía a la ponencia del magistrado don Andrés Martínez Arrieta, que presidió también el tribunal que decidió el pasado viernes el fallo en el recurso de la sentencia de instancia  sobre La Manada. Y que se sentaba a la derecha del juez Marchena en la vista oral del procés.

Pues bien, tal resolución fue enmendada por el Constitucional, que redujo de nuevo la pena a dos años, que era la decisión inicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con lo que podría permanecer en la dichosa carrera judicial. . El presidente de Vox en Andalucía ha recibido recientemente un favor corporativo del Supremo quien tumbó, por ser contrario a derecho, un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en el que se rechazaba su reingreso en la carrera judicial una vez cumplida la condena. Y le dejo abierta así la puerta para retornar a una plaza de juez si así lo deseaba. Lo deseó, tiene plaza y está excedente.

Quien siembra vientos recoge tempestades. Si un juez prevarica no debe volver a juzgar. Pero volverá.

Aplicando esta rocambolesca y procelosa historia, verdadera y susceptible de repetirse, a lo que ahora afecta a los políticos presos, pudiera suceder que una dura sentencia de la Sala Segunda, fuere convenientemente rebajada por el Tribunal Constitucional amparado en el insondable caminar de los negocios jurídicos, de los equilibrios políticos y de las renovaciones sinalagmaticas que han de producirse en órganos del poder judicial y constitucional a no mucho tardar.

Me permito citar el magnífico estudio del profesor Bernardo Periñán Gomez, de la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla, sobre “El proceso contra L.C. Balbo <<Maior>>. Estudio jurídico”. The global law collection. Thomson Reuters, 2011. Pág. 153. “…el uso político del proceso contribuyó a alterar el equilibrio de la republica (Romana, of course, aclaro inmediatamente cómo autor de esta columna) y, que, consecuentemente colaboró a su descomposición. Por una parte, los procedimientos con intencionalidad política suponen una subversión de la finalidad propia del proceso y somete a la norma jurídica a una tensión inusitada, como efecto de la  presión que ejerce sobre la misma el enfrentamiento de las fuerzas políticas en el terreno procedimental. Ello puede afectar también a la sentencia, pues la condena o absolución del acusado no quedará circunscrita a sus términos jurídicos y a la persona del procesado, sino que afectará a sus partidarios y detractores según los casos”.

Recuerdo que fue el Gobierno español, bajo la dirección del señor Rajoy quien tras permanecer sordo y mudo e inactivo ante lo que estaba ocurriendo desde 2012 en Cataluña, decidió endilgar la respuesta del Estado al difunto fiscal Maza quien mediante querella traspasó el proceso al Tribunal Supremo, incidencias varias por medio. Así que no nos dejemos engañar por la utilización de sujetos, adverbios y predicados que políticos y comunicadores nos echan en lo alto como pompas de jabón. Todo lo ocurrido y ocurrente hoy y mañana es política y habrá de resolverse políticamente. Lo demás es Jose Tomas en las Ventas o las hogueras de San Joan en Sitges.