Confidencial Andaluz

El extraño proteccionismo del GEPOL

El extraño proteccionismo del GEPOL
12:53 | 10 de enero, 2016
Jose Manuel Sanchez Fornet

Jose Manuel S. Fornet

Grupo Especial de Policía Local. Así se autodenominaron tres policías locales de la plantilla de Sevilla que fueron comisionados por el alcalde en tiempos de Alfredo Sánchez Monteseirin para una investigación concreta y decidieron, ellos mismos, constituirse en grupo de investigación y no volver a ponerse el uniforme ni desarrollar más las funciones para las que fueron preparados.

Ese grupo es alegal porque no consta en el Catálogo de Puestos de Trabajo, ni dispone de partida presupuestaria, e incumple los acuerdos del Ministerio del Interior y de la Comisión Nacional de Policía Judicial, que en sus dos últimas reuniones ha recordado los requisitos que se precisan para que agentes de Policía Local puedan actuar en funciones de Policía Judicial de investigación, y que son básicamente tres:

  1. Firma de un acuerdo entre el ayuntamiento en cuestión y el Ministerio del Interior
  2. Realización por los policías propuestos de un curso de capacitación y especialización para las tareas que van a desarrollar.
  3. Proceder a la investigación de delitos de su exclusiva competencia como marca la normativa especial de policía judicial y los tasados en el acuerdo que hubiere suscrito reflejados en el apartado oportuno.

 

Ese grupo es alegal porque no consta en el Catálogo de Puestos de Trabajo, ni dispone de partida presupuestaria, e incumple los acuerdos del Ministerio del Interior y de la Comisión Nacional de Policía Judicial.

Esta Comisión Nacional de Policía Judicial está presidida por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, y son miembros de la misma los ministros de Justicia, de Interior y otros altos cargos de ambos departamentos.  Según este órgano quien debe velar para que los preceptos anteriores, en cuanto a que no puedan actuar ni ser considerados miembros de policía judicial policías locales que no cumplan dichos requisitos, se cumplan, son las respectivas fiscalías territoriales, que deberán oponerse a esas prácticas y recurrirlas de inmediato, según el Acuerdo de dicha Comisión Nacional de Policía Judicial, y aquí es donde empieza lo inexplicable en la fiscalía provincial de Sevilla, que asumiéndolo en la reunión de la Comisión Provincial de Policía Judicial del 17-7-15, no solo no se ha opuesto sino que se ha adscrito funcionalmente dicho grupo alegal de policías, que lleva años funcionando sin que ni el alcalde ni su director general de seguridad, comisario de Policía que estaba en excedencia y ahora ha vuelto a la Policía Nacional, hayan hecho nada por resolver dicha situación.

El asunto se complica cuando esos tres policías locales sin especialización ni capacitación legal para actuar como policía judicial elaboran informes presuntamente periciales, que son aceptados y validados como tales por la autoridad judicial, cometiendo numerosos errores que basta recurrir a las normas oficiales donde se regula la materia de la que emiten un informe falsamente pericial para descubrir el cúmulo de inexactitudes, por no decir otra cosa.

Inexplicable proteccionismo de un grupo de investigación de policía local que no reconoce el propio Ayuntamiento de Sevilla ni le tiene asignado partida presupuestaria alguna.

En la investigación sobre el posible amaño de las oposiciones de ingreso a la Policía Local sevillana en 2012 se pueden contemplar dichos informes “periciales” cargados de errores, interpretando erróneamente y a veces de forma increíblemente zafia, disposiciones legales, errores que han sido aceptados por el juez. Hay muchos ejemplos pero citaremos solo uno: consideran en un informe pericial los agentes del grupo GEPOL que es una errata, (obviando el supuesto del examen), que sea imprescindible portar el DNI para proceder a la plena identificación del conductor ante el accidente sufrido y así poder elaborar el atestado,  y por tanto, todos los que hayan señalado en el examen que es necesario el DNI para la plena identificación, que es lo legalmente establecido y se puede consultar en textos de academias que preparan el ingreso en el RGC, son considerados por este grupo en ese informe pericial como posibles beneficiados de la filtración de un examen, señalando como prueba que existió una plantilla de corrección errónea, que señalaba exactamente lo que dicen las normas legales existentes.

Se han equivocado, o evidenciado su ignorancia y han emitido informe pericial señalando que los que han hecho bien el examen y acertado conforme a las disposiciones legales existentes han respondido erróneamente, y lo dicen contra toda evidencia, contra las normas legales y firmando esos errores en un peritaje. Y lo peor de todo es que el juez que investiga el asunto ha aceptado dicho informe como válido y con ello está actuando y sustenta la acusación contra policías que en su día fueron opositores, en un proceso cargado de irregularidades y desprecio a la defensa de los acusados, a la presunción de inocencia y tutela judicial efectiva.

Recientemente la fiscalía encargó directamente a ese grupo alegal la investigación de las cuentas de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, sin que ninguno de ellos sea economista o tenga formación para enmendar la plana al Sr. Interventor. Inexplicable proteccionismo de un grupo de investigación de policía local que no reconoce el propio Ayuntamiento de Sevilla ni le tiene asignado partida presupuestaria alguna.

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