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Andalucía tiene otra oportunidad

Los andaluces/zas pueden manifestar su hartazgo de ser el territorio más pobre y con más paro de España en las próximas elecciones.

La ruptura del acuerdo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos conduce a elecciones anticipadas en Andalucía. En el escenario habitual en política, se han acusado mutuamente unos a otros de diversos incumplimientos (a eliminar aforamientos, cambiar la norma electoral y otras medidas) y otros a unos de actuar pensando en clave electoral. Los dos y ninguno llevan razón. Los unos porque han tenido tres años para exigir el cumplimiento de esos cambios legislativos y han esperado al último minuto de partido para hacerlo porque ahora les interesa, y los otros porque llevan cuarenta años pensando en qué hacer para mantenerse en el poder.

 

Estas elecciones son una nueva oportunidad para Andalucía, oportunidad que pasa por desbancar a una asociación de políticos de la Casta, que se dicen socialistas pero que por su comportamiento son la vieja clase de señoritos andaluces, que denuncian la corrupción de puertas afuera de casa pero no han visto nunca, ni han olido, el fétido olor que desprende la administración andaluza. Estamos inmersos en el juicio de los ERE, en pleno inició de investigación de la FAFFE, suenan tambores en la asociación IDEA y se mantienen en pie numerosos organismos y empresas creados por la Junta donde el sistema de colocación ha sido el nepotismo por familiaridad, amistad o compañerismo del partido, a los que ahora se pretende considerar funcionarios del Estado a todos los efectos.

 

Una verdadera banda organizada con la excusa de una ideología a la que han prostituido y maltratado como los peores proxenetas.

 

No hay que hacer mucha memoria para recordar el despacho del hermanísimo Juan Guerra en un edificio oficial de la delegación del Gobierno, seguir por los cursos de formación y quienes los han gestionado, las ayudas a empresas donde trabajaban hijas de dirigentes (Chaves, Viera…) la suerte de los hijos de algunos dirigentes, hoy bien colocados en organismos por ser quienes eran, siempre por libre designación, o los 10.000 euros/mes que se lleva Magdalena Álvarez, la radiografía no es de socialistas queriendo cambiar el sistema capitalista sino de políticos profesionales que buscan colocarse y un buen salario despojados de cualquier ideal que los diferencie de los que han tenido el poder siempre en este país y en esta región. Tienen muchos sitios donde hacerlo. En actividad política, asesores, empresas y organismos, diputaciones, etc., y ahí están los dos últimos colocados en la de Sevilla por Villalobos, Blas Ballesteros y el exalcalde de El Coronil, Jerónimo Guerrero, que dejó la localidad con una deuda superior al 150% de su presupuesto.  Todas las diputaciones están trufadas de nepotismo de amigos y miembros del partido con buenos salarios.

 

La realidad es que PP y PSOE, salvo en matices, se han diferenciado poco en las políticas económicas; se han diferenciado algo en políticas sociales y más en materia de derechos civiles.

 

Pero desde el punto de vista del progreso social, los casi 40 años de gobierno socialista en Andalucía no han limado diferencia con otras administraciones territoriales regidas por la derecha. Hoy Andalucía sigue siendo la región con más paro y pobreza de España, lo que nos lleva a que, o bien el PSOE no ha hecho políticas socialistas o las políticas que ellos creen socialistas no funcionan ni hacen avanzar a las sociedades. Y esta situación cuestiona la misma existencia de las instituciones, organismos, empresas, parafernalia, pompa y boato de los miles de políticos, asesores, enchufados y falsos funcionarios creados a mayor gloria de unos cuantos en Andalucía, mientras la gente sigue en condiciones precarias de miseria y pobreza. Andalucía es su gente, no la Junta, Susana, el PSOE, sus políticos y sus corruptelas.

 

Por higiene democrática el PSOE debería ser desalojado aunque fuera preciso un pacto de los otros tres partidos políticos que concurren a la contienda electoral con ciertas posibilidades de obtener miembros en el parlamento andaluz (ecologistas, extrema derecha, animalistas y otros no parece que tengan muchas posibilidades); todos deberían participar de un cordón sanitario para expulsar la corrupción de las instituciones, que pasa por la salida del poder del régimen socialista. Desinfectar Andalucía y sus instituciones de corruptos y sus prácticas, un programa para mantener y mejorar la sanidad, educación, servicios sociales, inversión, desarrollo y garantía de vida digna, y mecanismos que garanticen que nunca más pueda producirse una situación de prácticas corruptas incontroladas sea quien sea quien gobierne, la izquierda o la derecha. Si como dicen algunos sondeos de opinión el PSOE es el más votado y puede volver a gobernar, un pacto contra la corrupción sería una elección legítima y democrática, como lo fue el acceso del PSOE al Gobierno de España pactando con nazis-independentistas y  ex terroristas, lo mejor de cada casa. No me consta ningún partido político del mismo pelaje en el panorama político andaluz.

 

Para los que viven en su burbuja sectaria y sin analizar la realidad, en el PP hay tantos señoritos andaluces como en la nueva casta política asentada durante los 40 años de gobierno socialista del PSOE.

 

Los andaluces/zas pueden manifestar su hartazgo de ser el territorio más pobre y con más paro de España en las próximas elecciones. No se puede seguir hablando de futuro tras 40 años de gestión fracasada y, como hace ahora Pedro Sánchez, fijar  el horizonte de sus políticas en el 2030. En Andalucía ya se han superado todos los horizontes y seguimos siendo los últimos de la cola. No hay políticas socialistas, el régimen instaurado es de un amiguismo perverso, los medios de comunicación que critican desaparecen porque no reciben ni ayudas ni publicidad institucional, y es prioritario mantener un gasto mastodóntico en la tv andaluza como instrumento de propaganda, y en empresas que parasitan el presupuesto donde se alojan los secuaces y camaradas del partido (no todos, claro, solo los dóciles). Lo triste del asunto es que muchos socialistas honrados (no los del pesebre, que son muchos miles) siguen votando de buena voluntad ajenos al nivel de corrupción, cuasi mafioso, alcanzado en nuestras instituciones.

 

Muchos andaluces nos indignamos cuando oímos discursos de nazis independentistas y de energúmenos analfabetos que no conocen esta tierra ni a su gente, que creen en el estereotipo del andaluz poco trabajador, conformista social y políticamente hablando, cautivo de una miserable subvención pública recibida por diversas razones, y las próximas elecciones son una nueva oportunidad de volver a decirles a todos esos que se equivocan. Y si además se saca del poder a los señoritos de la Casta pijosocialista estaremos señalando el camino al resto de España.

 

Ayer dimitió la ministra de Sanidad del Gobierno del PSOE, Carmen Montón; se afilió al PSOE a los 16, pasados los 20 fue concejal, pasados los 30, consejera en la comunidad valenciana y pasados los 40, ministra.

 

Siendo consejera nombró a su marido responsable de una empresa pública con un buen salario, y fue la disconformidad de Compromís, socio de Gobierno, quien provocó su dimisión. Siendo diputada sucedieron las prácticas de su máster que, casualmente (¿o no?) al mismo tiempo que ella lo obtenía fraudulentamente el Instituto que se lo concedió recibía un patrocinio del ministerio que entonces dirigía Bibiana Aido (con dinero de todos), esa joven andaluza bien colocada y cobrando un gran salario solo por ser hija de un dirigente socialista que pertenecía a uno de los clanes de poder andaluz. A estos efectos, PSOE y PP son la misma cosa y la sociedad haría bien en sacarlos de todos los órganos de poder, cambiar las normas y provocar una regeneración ética y democrática porque el pudrimiento de las instituciones afecta al Estado. Que el rector de la universidad Rey Juan Carlos cuando se produjeron las manipulaciones de Cifuentes, Casado, Montón y otras varias que irán saliendo, Pedro J. González-Trevijano Sánchez, sea miembro del Tribunal Constitucional y ningún partido político haya pedido su dimisión dice hasta qué nivel es grave la infección que padece nuestra democracia.