Confidencial Andaluz

Aprendiendo a legislar

Teresa Rodríguez en el Parlamento

Aprendiendo a legislar
21:55 | 14 de febrero, 2016
Daniel Gutierrez Marin

Daniel Gutiérrez Marin

Legislar no debe ser fácil. Desarrollar normas para ofrecer caminos que puedan dar cobertura a las necesidades de los ciudadanos. Álvarez-Ossorio nos decía que la Constitución no resolvía problemas, sólo proponía herramientas para su cauce. Esto parece aplicable al resto de leyes en general. Sin embargo, la «nueva política» se ha empeñado, por activa y por pasiva, en que la ley resuelva los problemas de los ciudadanos, bien por sometimiento, bien por voluntad. Se empeña sin reparos en tratar a los ciudadanos como sujetos subordinados a su protección contra la casta, ese vocablo ahora desterrado a conveniencia de las negociaciones.

El Parlamento de Andalucía le dio nones a Podemos cuando, la semana pasada, sometió a trámite su proposición de ley –una propuesta para iniciar los trámites para crear una nueva norma- sobre lo que ellos denominan «emergencia habitacional y pobreza energética». Desde luego, a los recién llegados se les puede afear lo que sea, excepto imaginación: tienen nombres para todo. Sorprendidos al descubrir que la política es algo más que voluntarismo y buenas acciones, comienzan a asimilar que los parlamentos son espacios para la lucha partidista y la ideología. Ellos que siempre negaron de tener alguna, se alegran cuando obtienen el apoyo de los comunistas. Qué paradójico. Y aun así, ¿qué esperaban? Tanta inocencia no cabe en la política, especialmente cuando las intenciones de fondo son transformar el sistema político, económico y social. «Hola, somos Podemos y queremos cambiar todas las reglas del juego desde el diálogo». Es para partirse. Al final se les coge cariño.

La referida propuesta de ley, toda ella ungida de la misma inocencia que sus progenitores, pretendía cosas tan loables como prohibir los desahucios, introducir los procedimientos extrajudiciales para resolver el asunto de la vivienda, la posibilidad de cancelación de deudas o la cesión obligatoria de viviendas, que en román paladino es la expropiación forzosa. Además, introducen una nueva figura en el Derecho: los grandes tenedores de viviendas. Aquellos sujetos jurídicos que sean poseedores de muchos inmuebles. Cuántos son muchos no queda del todo definido aunque rondan los doce pisos de cien metros y siempre excluyendo a los promotores públicos de vivienda. Para evitar el fuego amigo.

«Hola, somos Podemos y queremos cambiar todas las reglas del juego desde el diálogo». Es para partirse. Al final se les coge cariño.

Sin duda, Podemos está aprendido a legislar desde la ideología. Simplemente porque no hay otro modo. Quisieron dividir las leyes en dos mitades, las que favorecían al ¡oh, todopoderoso pueblo! y las que protegían los intereses del enemigo infiel, la banca y la empresa. Los grandes poderes los llaman. La democracia liberal es más compleja que esas simplezas y requiere, como ha dicho la propia presidenta de la Junta, saber dónde se está: con la ley o contra la ley. Quien otrora resolvía sus problemas a patada limpia sobre puertas del siglo XVIII –poco respeto y menos sensibilidad- parece no tener demasiada legitimidad para dar lecciones desde la tribuna. En su día ya dejaron claro de qué lado están posicionados.

Legislar exige contexto y coherencia. En la maltrecha democracia liberal que disfrutamos, es totalmente obvio que la economía de mercado mantiene desencuentros con determinados derechos, especialmente el de acceso a la vivienda. Curiosamente, el que sustenta a todo el sistema. Los ciudadanos que sienten amenazadas sus propiedades, se consideran degradados en su calidad de personas libres y aborrecen del sistema que los alumbró. De fondo, la música del rescate a los bancos como justificación de la ley acompañada de la contradicción de reconocer a los deudores como «situaciones de sobreendeudamiento […] por causas sobrevenidas». Parece que legislar también exige responsabilidad para no caer en la tentación de fabricar soluciones que generen relaciones de dependencia entre las personas y el Estado.

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