La Diada 2017 ha pasado con más pena que gloria. Tanto vocear con que este 11-S iba a ser un día de explosión nacional de Cataluña, y resulta que se ha resumido en una mera movilización de los independentistas más radicales. Y claro, más allá de las cifras concretas de participación, ésta ha sido notablemente inferior a la de diadas anteriores. Así es que la conclusión inicial viene por sí sola: el movimiento secesionista, encabezado por el gobierno de la Generalidad, va perdiendo fuelle a marchas forzadas. Eso, que lo ve cualquiera, supone que probablemente los independentistas traten a partir de ahora de adueñarse de la calle, para hacer el mayor ruido posible así como, si pudieran, alterar la vida ciudadana para provocar la actuación de las fuerzas “represoras” (Mossos, Guardia civil y Policía Nacional). Follón que habría de evitarse a toda costa. Algo que esos tres cuerpos policiales saben bien cómo hacerlo.
Esta Diada de 2017 ha sido el remate de la ruptura de los radicales independentistas ―el presidente de la Generalidad, señor Puigdemont, a la cabeza―, con la mayoría de la sociedad catalana. Tal fractura se ha desarrollado en tres hitos sucesivos: en la manifestación del 26 de agosto, despreciando a las víctimas de los atentados yihadistas; en el parlamento autonómico, la semana pasada, aprobando totalitariamente leyes que violan la Constitución (todas ya suspendidas por el TC); y en esta “Diada del Sí”, excluyendo tanto a los partidarios del No que son mayoría. Porque no nos engañemos: el dogma independentista, minoritario en la sociedad catalana, trata de destruir a ésta expulsando a todo aquél que no comulgue con su doctrina.
La bayeta estelada se apropió así de la Diada y, con ello, ésta perdió más de la mitad de sus seguidores. El actual y ya efímero presidente de la Generalidad ha dejado a Cataluña sin bandera y a Cataluña sin su Día.
Especialmente lastimoso ha sido ver cómo el supuesto representante ordinario del Estado en Cataluña, el señor Puigdemont, ha asistido oficialmente a muchos actos últimamente, en los que de facto presidía una bayeta estelada. En segundo plano quedaba la bandera de Cataluña (art 8.2 del Estatuto de Cataluña): “La bandera de Cataluña es la tradicional de cuatro barras rojas en fondo amarillo y debe estar presente en los edificios públicos y en los actos oficiales que tengan lugar en Cataluña”. La bayeta estelada se apropió así de la Diada y, con ello, ésta perdió más de la mitad de sus seguidores. El actual y ya efímero presidente de la Generalidad ha dejado a Cataluña sin bandera y a Cataluña sin su Día (art 8.3 del Estatuto). Porque seamos claros: la Diada 2017 ha resultado como movilización independentista un fracaso, y como “fiesta nacional” una caricatura.
Administrar y atemperar la frustración de los independentistas es el desafío. Pero España debe seguir adelante recomponiendo la concordia nacional en tanto como se pueda.
El gobierno y el parlamento catalanes, al abandonar definitivamente el campo constitucional así como el estatutario, e instalarse en la ilegalidad continuada, han derribado, por el momento, la democracia en Cataluña. Pienso que están, de hecho, fuera de la ley, lo que lleva a concluir que tanto uno como otro han perdido su legitimidad de ejercicio. Todavía queda el natural efecto inercial que da cierto recorrido hasta el 1 de octubre (1-O), día fijado por el Decreto (suspendido por el TC) de convocatoria de un ilegal “referéndum de autodeterminación”. A partir de ese día, la legalidad de la Nación española ―la única posible y de la que derivan las autonómicas―, expresada en la Constitución de 1978, se verá reforzada si es que eso cabe. Pienso que, en los días que restan hasta esa fecha, cualquiera puede considerarse habilitado para hacer de la llamada “legalidad” catalana un sayo. Se despeja, por tanto, el espacio para la utilización de la amplia panoplia de acciones e instrumentos legales puestos a disposición del Gobierno para exigir el cumplimiento de la ley. Algo que el Ejecutivo tiene el deber y la obligación de hacer. Porque sin respeto a la ley no hay estado de derecho. Y si la legalidad no se acepta, se impone.
Reconozco que pudiera no ser fácil volver a la normalidad cuando los independentistas comprueben que, el 1-O, no ha habido referéndum. Ni que, el 2-O, Cataluña sea una república independiente. Y, además y en castizo, que aquellos que se hayan pasado la ley por el forro sean empapelados. Administrar y atemperar la frustración de los independentistas es el desafío. Pero España debe seguir adelante recomponiendo la concordia nacional en tanto como se pueda. La fórmula del tridente sigue válida en sus tres dientes: imperio de la ley; acción política; y fortaleza y genio para aplicarlos combinadamente. Un arduo trabajo que requerirá de ambas manos, izquierda y derecha. Con la izquierda habrá de construirse un relato sólido, creíble e ilusionante de una España para todos (o la mayoría). Y, con la derecha, el Gobierno tiene la Constitución (art 155) que le faculta para “adoptar las medidas necesarias”… Y, la primera de tales medidas, podría ser disolver el parlamento catalán y convocar elecciones autonómicas.
*Pedro Pitarch es Teniente General del Ejército (r).