Corrupciones del pasado amenazan a Mª Jesús Serrano, número tres de Susana en el PSOE-A

Baena es una pequeña ciudad cordobesa de 363 km cuadrados de término municipal que roza los 20.000 habitantes, habiendo logrado tener un censo en 2007 de 21.138 vecinos censados. Desde el año 1983, hace 35 años, está gobernada por el PSOE. Precisamente el cambio en la alcaldía en 2011, ocupada hasta entonces por el exsenador Luis Moreno, relevado en el puesto por Maria Jesús Serrano Jiménez, abrió una serie de circunstancias anómalas en la gestión que  ahora dan la cara.

En las últimas semanas han salido a la luz diferentes informaciones que parecen situar al Ayuntamiento de Baena en el centro de un presunto caso de corrupción. Parece que no sería el único, pero sí el que más afecta a los ciudadanos de Baena en general. Caso que parece reunir todos los elementos recogidos en el código penal para calificar los hechos que describiremos, a continuación, como el ejemplo perfecto de presunto delito contra la administración pública, conocido como corrupción en el argot popular. Son muchos los datos y fuentes documentales, en manos de Confidencial Andaluz, los que acusan directamente a María Jesús Serrano Jiménez, ex alcaldesa de Baena, ex consejera de Fomento, Vivienda y  Medio Ambiente, una de las mujeres de Susana en la gestora presidida por Javier Fernández y, ahora, situada como número tres orgánico del PSOE andaluz en el puesto de Secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Regional; de ser una de las responsables de un presunto escándalo que, de confirmarse todos sus extremos, amenazaría con dinamitar al PSOE de esta localidad y, a poner en jaque a toda una estructura institucional erigida sobre la corporación baenense. Tampoco parece descartable que, a la vista de la gravedad del caso, el asunto derive hacía la flamante Fiscalía Anticorrupción de Córdoba de la mano de la oposición. Y en la vertiente política un auténtico descosido en los ropajes orgánicos de la Sra. Secretaria General del PSOE-A, que su Secretaria de Política Municipal, a un año de las municipales, salga salpicada en su pueblo por una gestión que ofrece dudas más que razonables a muchos vecinos.

Tales referencias contienen argumentos suficientes como para acusar o dudar de la ex alcaldesa y actual diputada en el Congreso por haber cometido presuntamente irregularidades como falsificación de documentos, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

Pero para comprender cómo el partido socialista ha llegado hasta estos límites insostenibles en Baena, debemos remontarnos unos años atrás.

Los hechos, que probarían la posible putrefacción del Ayuntamiento baenense, se remontan a 1998. Cuando el alcalde, durante aquel año, el socialista Luis Moreno, también senador, firmaba un convenio con Antonio Artacho, presidente del grupo Tejar. Un convenio legal, aprobado en pleno, que comprometía a la citada empresa a cumplir una serie de condiciones para poder llevar a cabo la construcción de la hoy conocida, Central Térmica de Agroenergética de Baena.

Los términos que se agrupaban en tal acuerdo, no eran más que cuestiones básicas como la cesión de hectáreas para acoger la construcción de las instalaciones u otros compromisos como la obligación de contratar a ciudadanos de la localidad. En 2005, de la mano del primer edil, Luis Moreno, se volvía a formalizar un convenio con el presidente del grupo Tejar  en el que la empresa se comprometía a aportar un mínimo de quinientos mil euros al año al Ayuntamiento, durante el tiempo en que la Central Térmica mantuviese su actividad. Sin duda, una aportación económica singular que favorecería el desarrollo de inversiones locales.

Pero lo que en principio parecía un gran acuerdo suscrito entre una empresa térmica y el Ayuntamiento, dio pie a una situación compleja y más que sospechosa por los futuros cambios y modificaciones que afectaron al convenio, tras la llegada a la alcaldía de María Jesús Serrano Jiménez (PSOE).

En dicho documento se acordaba la reducción del canon a pagar al Ayuntamiento de los quinientos mil euros, impuestos en 2005, a cien mil euros anuales.

La entonces alcaldesa, aprovechando su poder político e institucional, firmaba un nuevo texto con Francisco Serrano, el nuevo presidente de grupo Tejar. Un convenio, esta vez, sin tutela jurídica del Secretario del Ayuntamiento, ni del Interventor, sin conocimiento de la corporación y sin aprobación plenaria. Es decir, un acuerdo que vulneraba todo el procedimiento legal establecido para llevar a cabo la tramitación en este tipo de propuestas económicas y administrativas. En dicho documento se acordaba la reducción del canon a pagar al Ayuntamiento de los quinientos mil euros, impuestos en 2005, a cien mil euros anuales. Acarreando, desde ese momento, un grave perjuicio a las arcas municipales – estimados en más de 10 millones de euros dado el calculo de vida útil de la central–  y pudiendo constituir, en consecuencia, un presunto delito de tráfico de influencias (como contratación de familiares en el grupo El Tejar) y malversación de caudales públicos. Según fuentes cercanas al ayuntamiento de entonces fue tal la nocturnidad en la conducta de la primera edil, que, presuntamente, el documento no llegó nunca a registrarse, al contrario que el resto de convenios, anteriormente citados. Sin embargo, el enorme daño económico de esta decisión empezaría pronto a hacer mella en las finanzas del Ayuntamiento de Baena que, con 400.000 euros menos al año, dejaba de atender muchísimas necesidades del pueblo, pese a seguir aguantando la térmica y su actividad en el término..

Pero, no fue hasta finales de 2014 cuando Francisco Bravo (PP), ex portavoz del Partido Popular de Baena, empezó a sacar los hechos a la luz pública, mediante la denuncia de los mismos ante el Pleno municipal.

Exponiendo el Sr. Bravo tales hechos ante el resto de los concejales que conformaban la corporación y que por vez primera oían hablar del asunto en un pleno. Esta denuncia provocó que el secretario municipal emitiera un informe poniendo en duda la validez jurídica de un informe externo anterior que la alcaldesa había encargado con el objetivo de amparar el convenio que ella misma firmó y que, tal como hemos comentado anteriormente, vulneraba todo el procedimiento legal establecido.

De manera contundente, el Secretario Municipal destacaba en su documento que el citado informe externo carecía de cualquier tipo de validez para avalar el mencionado convenio, ya que es del todo inviable que una asesoría externa pretenda sustituir los servicios y funciones que corresponden a órganos y técnicas de la administración. Y, en consecuencia, ahondaba el Secretario municipal que dicho convenio carece, por tanto, de los efectos jurídicos ya que para mas gravedad de lo acaecido, fue recibido con posterioridad a la firma del acuerdo. Constando el registro en el Ayuntamiento el 7 de noviembre de 2014, casi un año y medio después de haberse firmado (19/06/2013). Era evidente que la competencia para este tipo de acuerdos reside en el Pleno municipal, ya que el importe era superior  seis millones, además de superar los cuatro años.

El demoledor informe del Secretario General del Ayuntamiento

Informe del Secretario de la Corporación de Baena donde Miguel Angel Morales Díaz, deja en evidencia un ramillete de cosas hechas de espaldas a la legalidad vigente.

En el mismo informe constaban los datos suficientes para poder calificar estos hechos como presuntas irregularidades cometidas por la ex alcaldesa. Hechos que, según fuentes jurídicas consultadas, pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros.

La número tres de Susana no ha sido la única protagonista de estos lamentables hechos, ya que a ella se le suma el papel desempeñado por el actual alcalde de la localidad, Jesús Rojano Aguilera, en relación a este mismo convenio.

Jesús Rojano también ‘parece’ que firmó, en 2013, una Resolución Convencional, al convocar una reunión preparatoria en junio del mismo año. A todo esto, se añade que el alcalde recibiese, en 2015, un informe del Secretario General del Ayuntamiento, en el que se citaban las múltiples irregularidades cometidas por Serrano. Relación de delitos por los que no tomó ninguna medida para restablecer la legalidad y la transparencia en el Ayuntamiento de Baena. Acusándosele, entonces, de presunta prevaricación y encubrimiento de delito.

Pero no es solo la comidilla política de la localidad el asunto de la Térmica y la pérdida patrimonial para los vecinos que trae consigo . Formando parte de la leyenda urbana circulan infinidad de comentarios que van desde la extraña desaparición de unas barandas de la plaza de Baena, testigos de centenares de fusilamientos en el 36 o la prosperidad económica rápida, valoz y dicen que injustificada por amigos y familiares del poder establecido.

Toda esta situación describe un panorama municipal demoledor en una etapa donde queda demostrado, una vez más, que por desgracia la corrupción no es patrimonio exclusivo de ningún partido político. Con el tiempo la justicia será la encargada de dirimir si estas graves acusaciones pueden ser constitutivas de delito y de establecer, por consiguiente, la presunta responsabilidad penal de los implicados.

Desde el PSOE-A restan importancia al asunto

Confidencial Andaluz ha intentado en las últimas veinticuatro horas lograr la opinión sobre estas acusaciones de la propia Maria Jesús Serrano a quien, hasta el momento de cerrar edición, sus ocupaciones no le han permitido atender nuestras llamadas.

Fuentes del partido sin embargo han comentado a titulo informativo dos cuestiones. La primera que este es un asunto que ya estuvo en manos de la Fiscalía y que lo archivó en su momento. La segunda es que, quienes promueven ahora esta denuncia en Baena, han intentado «colarla» en varios medios de comunicación que por supuesto no se han hecho eco  y que » solo vosotros habéis picado».

Quedamos a la espera de la opinión de la Sra. Serrano que gustosamente incorporaremos a esta información en cuanto tenga disponibilidad para atendernos.