La historia de España es prolija en hechos y acontecimientos históricos. El último de los que puede tener esa consideración quizás sea la transición, pasar de una dictadura impuesta tras una guerra civil a una democracia monárquica, siendo el dictador quien impone a su sustituto en la jefatura del Estado a título de Rey. Que el padre del nombrado no estuviera de acuerdo y no cediera los derechos dinásticos hasta años después de la asunción de su hijo de la Jefatura evidencia la utilización de la Monarquía para convertir España en un país formalmente democrático pero donde subyacen prácticas inaceptables en ninguna democracia de nuestro entorno.
A la Casta dirigente de la dictadura la sustituyó una nueva Casta investida de la legitimidad que concedía la democracia pero manteniendo los mismos comportamientos. España no pasó de ser de unos cuantos, arropados por leyes, ejércitos y fuerzas de seguridad, a ser de los españoles, sino que pasó de ser propiedad de unos cuantos a ser propiedad de otros cuantos, arropados por el voto de la ciudadanía. Caló hondo la educación recibida en casi cuatro décadas de dictadura.
El Estado en España ha fracasado. Es un ente politizado al servicio de los partidos políticos, singularmente el PP y el PSOE.
Donde antes había un dirigente de la dictadura que usaba coche, medios y recursos del Estado en su beneficio y el de su familia, con la democracia ese dirigente se multiplicó hasta el infinito y muchos de los nuevos siguieron comportándose igual que en la dictadura. Cambiaron las personas pero no la ética de comportamiento, manteniéndose los privilegios, nepotismo y otras prácticas despreciables. El dirigismo económico de la dictadura, que sometía la libertad empresarial para mantener el país y la sociedad como la reserva espiritual de occidente en que nos convirtió la dictadura, desapareció dando lugar a un sistema económico de explotación de los más pobres, el 90% de la ciudadanía, que tras unos años de crecimiento y adaptación de nuestra economía a la de países del entorno se puede decir que hoy, tras el euro y las crisis económicas, las personas más jóvenes se encuentren sin horizonte de futuro y por primera vez en décadas, los hijos tienen peores condiciones de vida que sus padres y están con las mismas penurias y falta de horizonte vital que sus abuelos.
El Estado en España ha fracasado. Es un ente politizado al servicio de los partidos políticos, singularmente el PP y el PSOE, que deciden los asuntos fundamentales entre ellos y se critican en una obra de teatro bufo para cubrir el expediente que exige la diversidad democrática. El poder legislativo es el poder de los aparatos de los partidos, no de la ciudadanía que vota a sus representantes, el poder ejecutivo central y autonómico compra medios de comunicación con licencias y publicidad institucional, y entre ambos nombran a jueces que aceptan ser dóciles para ocupar cargos importantes en la carrera judicial.
Sabemos que una investigación con pinchazos telefónicos fue archivada hace años sin una sola diligencia por un juez sustituto en un juzgado de Madrid, a pesar de evidentes pruebas de cobro de comisiones por Ignacio Gonzalez y nada ha pasado.
Jóvenes sin futuro, mayores con pensiones indignas y casta política con salarios muy superiores a la media del país, además de otras muchas prebendas que se han auto/concedido (pensiones, viajes, dietas…) y que han convertido en normalidad ante la actitud de manada de bueyes mansos de la sociedad española.
Millones de identificaciones ilegales anuales con vulneración sistemática de sus derechos civiles que la ciudadanía acepta y los partidos políticos de la oposición no denuncian; uniformidad en las fuerzas de seguridad ridículas por innecesarias, como si desde el primero hasta el último policía estuviera en medio de un asalto a una trinchera enemiga y no protegiendo a la ciudadanía (basta comprobar la uniformidad de los guardias civiles de la USECIC en la operación Lezo, que no son unidades antiterroristas, ni unidades especiales de asalto, no, son el servicio ordinario de seguridad ciudadana aunque parezcan otra cosa); visitas a domicilios particulares para que retiren una bandera republicana colgada en el balcón, que es la esencia más básica en democracia: poder exponer tus ideas políticas pacíficamente; y una corrupción asfixiante y poderosa que elimina a los pocos que deciden enfrentarse a gente tan poderosa y con tan pocos escrúpulos.
Durante años, especialmente con el gobierno de Aznar, cientos de empresas públicas que eran rentables se han privatizado pasando lo que era de todos a ser propiedad de unos pocos que se han hecho millonarios, y el partido presuntamente socialista, el PSOE, no ha sabido o querido impedirlo. Los sindicatos tampoco se han movilizado contra ese expolio a la ciudadanía para acabar coincidiendo miembros de los expropiadores (Gobierno del PP), los que se suponen que debían oponerse (PSOE), y los que debían defender a los trabajadores (sindicatos), en los consejos de administración de las empresas privatizadas con sus tarjetas Black.
Los sindicatos tampoco se han movilizado contra ese expolio a la ciudadanía para acabar coincidiendo miembros de los expropiadores (Gobierno del PP), los que se suponen que debían oponerse (PSOE)
Ahora estamos en el ciclo de presunta recuperación de puestos de trabajo en los que los trabajadores cobran 30 o 40% menos que hace pocos años, con casi cuatro millones de parados, rodeados de casos de corrupción que han robado el dinero de todos y a pesar de todo ello no pasa nada, España es una nación próspera en sus datos macroeconómicos con gente que muere de frio, enfermedades y deficiente alimentación o se suicida por que han sido estafados por bancos que les han quitado sus casas con la complicidad del Gobierno. Pero los políticos de puertas giratorias, los que se han colocado en puestos por tiempo indefinido, o con pagas vitalicias (Magdalena Álvarez, PSOE, 10.000€/mes) han resuelto su vida y dejado en la estacada a millones de personas que los votaron ilusionados soñando con un destino mejor que en teoría nos traería la democracia sobre las penurias y estrecheces de la dictadura.
Desde que a mediados de los ochenta el gobierno de Felipe González decidió que había que dejar que Pujol y su familia robaran el dinero de todos para que se mantuviera políticamente moderado, todo en España ha funcionado así. El cortoplacismo ha impregnado la política del país, permitido la corrupción y así ahora vemos al gurú de la política económica con Aznar, Rodrigo Rato, que defraudaba siendo ministro y presidente del Fondo Monetario Internacional, y pese a ello nombrado presidente de Bankia; vemos al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, del que desde el año 2009 existen datos objetivos sobre su enriquecimiento y que ha seguido actuando impunemente hasta ahora, presentado querellas contra periodistas que lo denunciaban y presionando a otros funcionarios que osaban oponerse a sus desmanes, por fin detenido y encarcelado anoche por orden del Juez de la Audiencia Nacional Juez Eloy Velasco como dirigente de una organización criminal.
Y así ahora vemos al gurú de la política económica con Aznar, Rodrigo Rato, que defraudaba siendo ministro y presidente del Fondo Monetario Internacional, y pese a ello nombrado presidente de Bankia
En este último caso sabemos que hubo un “chivatazo” y que al político investigado le avisaron de que su teléfono estaba intervenido, y sabemos que el fiscal anticorrupción, Manuel Moix, quiso impedir algunos registros que pueden llevar el latrocinio de lo público en Madrid hasta el año 2001 en tiempos de Ruiz Gallardón. Sabemos que una investigación con pinchazos telefónicos fue archivada hace años sin una sola diligencia por un juez sustituto en un juzgado de Madrid, a pesar de evidentes pruebas de cobro de comisiones por Ignacio Gonzalez y nada ha pasado y ya no vale con indignarse y hasta la próxima ocasión. Hay que exigir una investigación que esclarezca quien dio el chivatazo, cesar al fiscal anticorrupción y restablecer la situación anterior a la persecución de que han sido objeto a todos los que se enfrentaron a la corrupción, porque en algún caso todavía colean asuntos de hace años contra ellos porque la mafia corrupta ni olvida, ni perdona, y si les siguen permitiendo ejercer el poder de actuar contra la gente decente que denunció la corrupción, lo harán.
Una sociedad enferma, con corrupción endémica, militarizada, con ausencia de derechos civiles y conformismo por ignorancia, sin reclamar elementales derechos de la ciudadanía que disfrutan en cualquier democracia occidental, sin división de poderes y por lo tanto, con democracia formal pero con prácticas políticas, empresariales y sociales que no serían homologables en ningún país democrático de nuestro entorno.
*José Manuel Sánchez Fornet es Policia y ex Secretario General del SUP. Portavoz del Observatorio contra la Corrupción.