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Corrupción y regeneración política

Todo se reduce a mero producto, el mismo país y los partidos políticos se convierten en marcas susceptibles de ser vendidas como rótulos comerciales.

La banalización política y el desmayo de las ideologías y los valores como fuentes morales  de vertebración nacional, fruto del utilitarismo y el oportunismo político, intentan conseguir la eliminación de los elementos trascendentes del imaginario colectivo. Todo se reduce a mero producto, el mismo país y los partidos políticos se convierten en marcas susceptibles de ser vendidas como rótulos comerciales. Para Aranguren la falta de contenidos sustantivos produce desmoralización colectiva. Seguramente porque el individuo no sabe qué responder, porque carece de criterios, se siente desorientado. La respuesta depende de la convicción y fidelidad a unas ideas. Pero también depende del sentimiento. Cuando falta contenido, no hay convicciones, el sentimiento no tiene donde adherirse y falla también. Falta el estímulo para responder.

 

Ortega, por su parte, afirma que la moral no es un añadido del ser humano, sino su mismo quehacer para construir la propia vida. Y añade: “un hombre desmoralizado es un hombre que no está en posesión de sí mismo.”

 

Ha sido la maquinaria mediática al servicio de las élites, las que han configurado esta desmoralización de la ciudadanía ante una vida pública raptada de la misma política y puesta en manos de los resortes coercitivos del Estado, criminalizando las expresiones materiales e intelectuales del malestar, la vindicación o las alternativas políticas que no se compadezcan con un régimen de poder cada vez más restrictivo y cerrado. Anatematizada la política y sus elementos trascendentes y éticos en su vertebración democrática, la vida pública es, entonces, una carrera depredadora por el poder, sustraído a la ciudadanía, y el poder el usufructo oligárquico que sin valores morales e ideológicos, deviene en un saqueo del Estado en beneficio de las minorías influyentes. La sentencia del caso Gürtel, ha venido a confirmar lo que ya se intuía: corrupción institucional del Partido Popular, financiación ilegal durante décadas, estructura de colaboración estable entre Correa y el PP “con dominio de hecho sobre la contratación pública”, donaciones a cambio de adjudicaciones, sobresueldos, son algunas de las conclusiones de una sentencia que, además, pone en duda la credibilidad de la declaración de Rajoy como testigo y pronuncia la condena judicial del partido.

 

Ante esta realidad, la derecha llegó a imponer como narrativa, por esa desmoralización del ciudadano inducida por la propaganda del régimen, que la estabilidad del sistema consistía en mantenerse los conservadores en ese poder caciquil de corruptelas, uniformidad pública y autoritarismo.

 

La crisis múltiple –política, institucional, social, ética- era despachada por la simple diligencia de negarla con el código penal en la mano y el ruido constante de togas. El oportunismo de Ciudadanos y su impaciencia por sustituir en el usufructo del poder dinástico al Partido Popular y la falta de credibilidad de su teoría de que la corrupción se combatía apoyando al partido corrupto bajo una ambigua promesa de propósito de enmienda y cumplir la penitencia, le ha llevado a una demanda anticonstitucional por parte de esos jóvenes que tan constitucionalistas son como pedir una moción de censura instrumental. De todas formas, la decadencia del régimen del 78, crisis poliédrica que afecta a todos los órganos sensibles del Estado y de la sociedad, no demanda estrategias ni estratagemas, ni oportunidad política sino una reforma profunda de las relaciones de poder que tan injustas han resultado.