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Cuando la lexocracia sustituye a la democracia

La lexocracia o gobierno de los jueces ha comenzado a sustituir a la democracia. Algo bastante preocupante.

Algo no funciona cuando una democracia consolidada como la nuestra se ve forzada a renunciar a sus principios fundamentales y deja en manos de los jueces la aplicación de las normas elementales de convivencia. La división montesquiana de los tres poderes claves en toda democracia, ejecutivo, legislativo y judicial, eje fundamental en nuestro sistema, se está viendo subvertida por la dejación de funciones del primero y la imposibilidad de alcanzar acuerdos del segundo en un legislativo disgredado, cuarteado y sin mayoría claras. Con estas premisas, está siendo el poder judicial quien asuma un protagonismo a todas luces innecesario y muchas veces controvertido. Que las decisiones que debería de tomar el Gobierno la tengan que asumir los jueces no es bueno para la democracia ni para la buena salud del sistema. La lexocracia o gobierno de los jueces ha comenzado a sustituir a la democracia. Algo bastante preocupante.

La sociedad española ha pasado en las últimas décadas de la admiración y la envidia por el “seny” y el progreso catalán al odio por el auge de un nacionalismo excluyente.

El ilegal “proces” catalán ha puesto en evidencia los fallos sistémicos de nuestra democracia ante la falta de respuesta de un Ejecutivo que no ha sabido, querido o podido asumir sus responsabilidades aplicando las normas que le dan las leyes, dejando en manos del poder judicial las medidas coercitivas que debería de haber tomado un Gobierno legalmente constituído. Ante el golpe de Estado dado por el Parlamento y el Gobierno catalán, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy tenía en sus manos diversas medidas legales para forzar a que las aguas de la normalidad democrática volvieran a sus cauces normales. No sé si ha sido por miedo, por falta de apoyos o por la propia idiosincracia de un presidente que prefiere ponerse de perfil y aplazar sine die sus decisiones, pero el caso es que se ha producido una evidente dejación de funciones que está pervirtiendo el normal desarrollo de nuestra convivencia y de las instituciones.

La única medida adoptada por el Gobierno, la aplicación “suave” del artículo 155 de la Constitución apenas si ha servido para reconducir una situación enquistada durante los últimos años por la permisividad y el conchaveo egoísta de los diversos dirigentes del Estado con los nacionalistas catalanes y vascos. Las cesiones en busca de contrapartidas puntuales dadas por Suárez, González, Aznar, Zapatero y Rajoy a los independentistas han llegado a un punto de no retorno difícil de asumir por el resto de los ciudadanos y le han dado alas a unos políticos supremacistas que se han visto respaldados por una sociedad que ellos mismos han prefabricado en las escuelas y en sus medios de comunicación a su imagen y semejanza. La sociedad española ha pasado en las últimas décadas de la admiración y la envidia por el “seny” y el progreso catalán al odio por el auge de un nacionalismo excluyente más cercano al fascismo italiano, al nazismo alemán o al estalinismo ruso que al europeismo cosmopolita que rodea en los albores del siglo XXI a la mayoría de los países de nuestro entorno.

“Llerena for president” que dirían algunos hartos de contemplar el cachondeo político y la tomadura de pelo con el que los nacionalistas están jugando con nuestro futuro y el de nuestros hijos.

En esta tesitura histórica no es de extrañar que los ciudadanos pongan su confianza en un poder judicial que ha sido el único que, de  momento, no ha renunciado a ejercer sus funciones y que figuras como el juez Pablo Llarena, se conviertan en líderes mediáticos que concitan con sus actuaciones efectivas y directas apoyos casi unánimes de diversos sectores sociales abandonados por el Ejecutivo y huérfanos de liderazgos que defiendan unos ideales que muchos creían (creíamos) inamovibles. Cualquiera con dos dedos de frente, algo que parece que muchos dirigentes catalanes están faltos, pondría el grito en el cielo si en una democracia occidental un parlamento decidiera quién o quiénes deben entrar prisión om deben ser excarcelados. Estábamos acostumbrados a que ese tipo de decisiones falaces se adoptaran en dictaduras tercermundistas carentes de garantías democráticas. Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en el Parlament catalán sin que el Gobierno del Estado mueva un dedo contra tamaña desfachatez. Y, al final, van a tener que ser de nuevo los jueces quienes tomen cartas en el asunto para pararle los pies a un descerebrado como Torrent y sus secuaces quienes merecen, como mínimo un destino entre rejas similar al de sus colegas de utópicas y obnubilantes aspiraciones independentitas encabezados por el errático expresident Puigdemont, apodado ahora como “el prendi de Schleswig”

Así las cosas, habrá que esperar a que pase la Semana Santa para comprobar si esta lexocracia consigue lo que no está logrando la dejadez de los partidos legalmente constituídos. Y puestos a ser pragmáticos tendremos que hacerle caso a las redes sociales y pedirle al juez Llerena y a otros colegas de judicatura que encabecen una lista electoral a los próximos comicios, junto con el magistrado Calatayud o juezas como Lamela o Alaya. “Llerena for president” que dirían algunos hartos de contemplar el cachondeo político y la tomadura de pelo con el que los nacionalistas están jugando con nuestro futuro y el de nuestros hijos.