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Los retos del Ministerio del Interior

Jose Manuel Sanchez Fornet
José Manuel Sánchez Fornet

Aunque sea un breve enunciado, aquí va la lista.

– Terrorismo. Elemento fundamental en el que los deberes están bien hechos. La larga experiencia de la lucha contra ETA hace que la transición de ETA al yihadismo haya sido fácil, y hoy tengamos una de las policías mejor preparadas en esta materia. Es imposible cuantificar cuántos atentados se han impedido en España en los últimos años ni el número de víctimas, pero sé que han sido varios.

– Distribución territorial de Policía y Guardia Civil. Hay territorios donde coinciden destinados decenas de miles de miembros de ambos Cuerpos y otros donde faltan muchos efectivos. Es preciso modificar la ley orgánica 2/86 porque está obsoleta, y mientras se cambia, aplicarla, porque además de antigua y superada no se aplica en algunos apartados importantes. Como el despliegue territorial. Por ejemplo, en cuanto a las ciudades donde deben existir comisarías de Policía, todas aquellas de más de 30.000 habitantes (datos de hace seis años), que son 54 ciudades, y no se llevó a cabo dicho despliegue por la oposición de la Guardia Civil. También es preciso que la Guardia Civil deje de ocupar con cientos de sus miembros en distintas labores ciudades asignadas según la ley a la Policía Nacional y que atienda el territorio que le ha sido asignado, las zonas rurales y pueblos de menos de 30.000 habitantes que están completamente abandonados.

– Proteger la seguridad, libertad y ejercicio de derechos de la ciudadanía. Añadir entre los derechos de la ciudadanía el de no ser explotados laboralmente, y perseguir ese delito como cualquier otro, o más, por ser especialmente deleznable. Hay muchos casos de explotación laboral y parece un delito ajeno a las fuerzas de seguridad del Estado, mientras se hacen varios millones de identificaciones indiscriminadas e ilegales en jóvenes que son cacheados, multados y requisada la sustancia para consumo propio que llevan de droga, con la paradoja de que pueden ser interceptados mientras van o vienen de un trabajo basura en el que trabajan 40 horas semanales por 400€/mes. Estas identificaciones son una práctica policial inexistente en ningún país europeo por vulnerar los derechos civiles de la ciudadanía, pero está instalada en nuestro país desde hace muchos años. Todo ese personal de identificaciones inútiles y controles paramilitares propios de un país en guerra que vulneran derechos civiles puede dirigirse a prácticas policiales más eficaces para la ciudadanía.

 

Estas identificaciones son una práctica policial inexistente en ningún país europeo por vulnerar los derechos civiles de la ciudadanía.

 

-Servicios de emergencia. Entiéndase llamadas al 091 o 062. Las llamadas al 091 eran hasta no hace mucho tiempo algo que se ponía de ejemplo en academias de policía de otros países. El tiempo de reacción era el más rápido existente en el mundo, gracias a un adecuado despliegue policial y a la dotación suficiente de efectivos. Eso ya no existe. Cada mes miles de llamadas al 091 no son atendidas. Personas con grave riesgo para su integridad o su vida acuden a la llamada creyendo que sigue siendo eficaz cuando ha dejado de serlo. Se han creado unidades solo para identificar a personas, rellenar estadísticas, y que no están en la red de servicio del 091. (Unidad de Prevención y Reacción, Grupos Operativos de Respuesta, UPR y GOR respectivamente), y se han detraído esos efectivos de los GAC, Grupos de Atención al Ciudadano, que deberían prioridad absoluta para prestar el servicio que demanda la ciudadanía. Lo del 062 de Guardia Civil viene ocurriendo desde hace años y a nadie preocupa que haya pueblos y campos abandonados, donde se cometen delitos continuados con absoluta impunidad mientras el cuerpo de seguridad llega, si llega, al día siguiente. Fijar como prioridad la atención a las llamadas de emergencia de la ciudadanía, eliminar el sistema estadístico de identificaciones (que conlleva también para reducir el número de denuncias y cobrar productividad en cada zona obstaculizar la presentación de denuncias en comisarías), y que la seguridad pública no quede subordinada a que un cargo del Gobierno visite la ciudad y sean retirados coches de asistencia a las llamadas para acompañarlo, o a que instituciones penitenciarias no cumpla la ley y solicite custodia para uno o más presos en hospitales (que es de su competencia), o que un juez decida recibir a un preso en tal momento y se haga detrayendo vehículos de la seguridad ciudadana para cumplir la orden judicial. La seguridad pública debe ser una prioridad absoluta y hoy carece de importancia.

-Policía política. La Unidad de Asuntos Internos debe dedicarse a investigar las prácticas corruptas de los miembros de la Policía, sin excluir a ninguna escala y sin informar al mando de una plantilla cuando se desplaza a la misma a perseguir a policías corruptos, porque a veces las ramificaciones mafiosas pueden llegar al mando. La Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) de la Unidad de Asuntos Internos debe disolverse o reconducirse su tarea a perseguir a policías corruptos. El origen de lo que se ha venido en llamar policía patriótica o policía política está en esa brigada y en esa unidad, y en el nombramiento del comisario Marcelino Martín-Blas Aranda como su responsable. Hay que investigar quién facilitó la falsa información del sr. Trías, alcalde de Cataluña, quién ha llevado a cabo la chapuza en el BPA andorrano, y quien ha elaborado el informe PISA (Pablo Iglesias, Sociedad anónima), entre otros, para exigirles las responsabilidades que correspondan. No hay que confundir esas labores, de policías al margen de la ley, con otras como convencer a la novia de Jordi Pujol Jr., o a Javier de la Rosa, de que contarán lo que sabían del “´régimen” nacionalista catalán de CiU, que ha estado protegido por el Estado desde que en 1986 Felipe González -según el fiscal Villarejo-, ordenó no ejercer acusación contra Jordi Pujol por el caso Banca Catalana. Mirar para otro lado para que el nacionalismo no se sumara al monstruo independentista no ha servido para nada.

 

Hay que investigar quién facilitó la falsa información del sr. Trías, alcalde de Cataluña, quién ha llevado a cabo la chapuza en el BPA andorrano, y quien ha elaborado el informe PISA (Pablo Iglesias, Sociedad anónima).

 

-Debe modernizarse la Guardia Civil. No es aceptable un cuerpo policial a cuyos miembros se aplica el Código de Justicia Militar en sus tareas ordinarias, porque eso desemboca lanzando pelotas de goma antidisturbios a inmigrantes que intentan llegar a nado a España. Esa salvajada, fruto del carácter militar y de un mando sin escrúpulos, es una evidencia de la desproporción del régimen militar en un cuerpo policial, y es fácil comparar con otros cuerpos europeos sometidos a disciplina más férrea de la habitual cuyos miembros pueden constituir sindicatos y en ningún caso son menos eficaces. Hay ejércitos europeos con sindicatos y funcionan a plena satisfacción.

Otros muchos retos asume Interior pero si establece prioridades y empieza por estos, la ciudadanía tendrá más seguridad, más libertad y más derechos, y millones de personas dejarán de ser molestadas en controles policiales inútiles que solo pretenden una falsa estadística de actividad que es completamente inútil, porque a quien roban en su casa o en la calle de un tirón de nada le sirve que en la calle de al lado se hayan identificado a 50 jóvenes, cacheados, y se les haya incautado una dosis de hachís para consumo propio. Por cierto, la legalización de la marihuana avanza y además de en varios países donde ya era legal desde el pasado día 8 de noviembre es legal también en otros tres Estados de los Estados Unidos tras aprobarlo en votación la ciudadanía al tiempo que se elegía a su presidente. Para ir aprendiendo.