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Pensionistas de armas tomar

En el País Vasco la pensión media de jubilación es la mayor de España, un 25% superior a la media nacional, un 50% más que Extremadura.

Nos acercamos a 2019 y nuestras neuronas olfativas venían siendo asaltadas por aromas electorales y hedores electoralistas. Ahora, tras la precipitada moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, esas neuronas se han saturado. Y en medio de tales fragancias está la incansable algarabía de los pensionistas. Éstos ―dicen los sociólogos― son transversales y variados como también lo son las pensiones. Las hay, por ejemplo, de jubilación, por incapacidad permanente, de viudedad, de orfandad y lo que uno quiera; hay hasta pensiones para Eméritos. Lo más cierto es que los 9,5 millones de pensiones públicas son a la vez ―oh, aberración táctica―, punta de vanguardia y grueso de una columna muy poderosa: 8,5 millones de pensionistas y, por tanto, de votos. El voto, ya se sabe, es el más vernáculo idioma de la política. Por eso, “apropiadamente” manipulados por partidos y sindicatos, los pensionistas podrían decantar el resultado de cualquier elección. Ahí está su fuerza.

 

No pasa semana sin que, en cualquier rincón de España, haya concentraciones de pensionistas entonando el popular “todos queremos más”.

 

El resumen y paradigma de ello está en el País Vasco. En esa tierra, yendo más allá del injusto privilegio del binomio concierto-cupo vascos, la pensión media de jubilación es la mayor de España (un 25% superior a la media nacional), y un 50% superior a las de Extremadura o Galicia. Por otro lado, aunque todos los territorios (excepto Madrid, Baleares, Canarias Ceuta y Melilla) tienen déficit contributivo (diferencia entre cotizaciones y pensiones contributivas que teóricamente deberían financiarlas), el mayor déficit se da asimismo en el País Vasco. Datos que muestran hasta qué punto los vascos se benefician, a costa de los demás, de ese conocido e injusto juego político de los cinco votos del PNV en el Congreso de los diputados. Tras medio año amenazando con voto negativo a la aprobación en el Congreso de los PGE-2018 mientras estuviera en vigor el 155 en Cataluña, a la hora de la verdad, con el 155 en vigor, se han acercado a la lumbre  vendiendo su voto positivo a precio de oro (que pagamos todos). ¡Peseteros! Pues bien, a pesar de todos esos privilegios, es en el País Vasco donde la reivindicación callejera de los pensionistas es mayor.

 

Viene a cuento detenerse un momento en el debate ramplón, que podemitas de mansiones y créditos “preferentes” han puesto vergonzosamente de moda, contraponiendo maniqueamente los gastos en pensiones con los gastos de defensa.

Los pensionistas se quejan de la insuficiente cuantía de las pensiones. Se oye incluso decir que las pensiones deberían ser iguales para todos. Claro que no mencionan que no todos los pensionistas hemos cotizado lo mismo. Ni que ya existe un mecanismo de “solidaridad” dual en los límites. Uno, en el tope de las prestaciones máximas (pensión o suma de pensiones en su caso) de 2. 000 euros mensuales líquidos. Eso significa que muchos ―entre los que se cuenta un servidor―, reciben menos de lo que les correspondería de acuerdo con lo cotizado durante toda su vida profesional. El otro es el complemento hasta alcanzar la pensión mínima garantizada (639,3 euros mensuales) que reciben los que no les correspondería llegar a esa cantidad en función de su cotización. Por ello, pienso que lo equitativo sería el compromiso de que todas las pensiones fuesen incrementadas de manera igualitaria en cuanto al porcentaje de subida. El subir a las más bajas un 3% y a las otras una cantidad inferir no me parece muy equitativo para con los que más cotizaron. Bien que, en este campo, es el futuro de las pensiones el problema de los de más fondo a garantizar. Aparte, claro está, que todo eso podría irse al garete si, tras el follón organizado después de la sentencia “central” de la Gürtel, se disolvieran las Cortes antes de la aprobación de los PGE-2018.

Viene a cuento detenerse un momento en el debate ramplón, que podemitas de mansiones y créditos “preferentes” han puesto vergonzosamente de moda, contraponiendo maniqueamente los gastos en pensiones con los gastos de defensa. Como si hubiera incompatibilidad entre ellos. El dilema defensa o pensiones es un falso dilema. El Estado debe atender a ambos. A la defensa nacional porque la seguridad es una de las grandes funciones del Estado. A los pensionistas porque éstos ya contribuyeron en su momento al sostenimiento del Estado, y se han ganado el derecho a unas pensiones que les permitan vivir con dignidad, en función de lo cotizado. La ausencia de una ley de financiación de la defensa, que asegure y amarre el planeamiento presupuestario a largo plazo, ha propiciado unos gastos de defensa decrecientes en los últimos años, con la consiguiente disminución del nivel de operatividad de las FAS,  que “ está por debajo del que piden los aliados y de lo que quizás exige nuestra situación de seguridad” (JEMAD dixit). Al fin y al cabo, como decía Gramsci, “todo es política”. Y añado de mi cosecha: “y si no lo fuera, se trastea lo necesario hasta que lo sea”.