Hasta el 9-N no parecen previsibles grandes sobresaltos en la crisis catalana. Ese día la ex presidenta Forcadell del parlamento catalán y otros cinco miembros de la antigua mesa de dicho parlamento, tienen que volver a comparecer en el Tribunal Supremo (TS). Y, posiblemente, el instructor del TS podría aplicar también prisión incondicional para todos ellos. En cualquier caso, parece que todos los procedimientos abiertos van a ser reunidos en el TS.
Mientras tanto, siguiendo un guión pre-escrito, y tras las órdenes europeas de detención y entrega enviadas por la Audiencia Nacional a Bélgica, Puigdemont y sus cuatro ex consejeros, prófugos de la justica española, que se encuentran en ese país, se han presentado en una comisaría, como si fueran corderitos que nunca hubieran roto un plato. Han sido puestos a disposición de la justicia belga quien tiene ahora la pelota en su patio para la entrega de los 5 huidos a España.
El asunto, en otro país de la UE, tendría seguramente una resolución rápida. Pero en la Bélgica “buenista” —vivero y paraíso de yihadistas, hampones y traficantes de todo— el tema podría dilatarse varios meses, con la posibilidad de que finalmente toda la troupe quedase allí “refugiada”. Es difícil evitar mencionar que la elección precisamente de Bruselas como “refugio”, recuerda que es también la opción preferida del yihadismo. Y ahí está el barrio de Molenbeek como sangrante prueba. En todo caso, es un mal horizonte que traerá previsiblemente, problemas tanto bilaterales como internos comunitarios y, posiblemente, también en el ámbito doméstico belga.
Propaganda victimista; desprestigio de la justicia española; permanente intento de mezclar lo político y lo judicial; ganar tiempo hasta la supuesta llegada de tiempos mejores; y enredar desde Bélgica tratando de mantener viva la llama independentista en Cataluña.
De todo lo acontecido desde que Puigdemont y su troupe del circo catalán levantaron su chiringuito en Bruselas hace una semana, se puede inferir la estrategia de mafiosa del amerense basada en cinco puntos: propaganda victimista; desprestigio de la justicia española; permanente intento de mezclar lo político y lo judicial; ganar tiempo hasta la supuesta llegada de tiempos mejores; y enredar desde Bélgica tratando de mantener viva la llama independentista en Cataluña.
Y sin embargo es incontrovertible que en Cataluña, unas instituciones autonómicas (gobierno y parlamento) a pesar de las advertencias de hasta sus propios órganos jurídicos, quebraron sistemáticamente la Constitución y el Estatuto. En definitiva, violaron el Estado de derecho. En contra de la ley, aprobaron otras leyes y organizaron una consulta “referendaria” ilegal. Llegaron incluso hasta declarar unilateralmente la independencia de Cataluña y la creación de la llamada “república catalana”. Y no dejaron al Estado más opción que la vía del 155. Un artículo de la Constitución cuya aplicación demanda mayoría absoluta en el Senado. Un artículo que está en nuestra ley fundamental precisamente para defender la Constitución en casos excepcionales, como el que nos ocupa en Cataluña. Un artículo cuyas medidas, aprobadas por el Senado a propuesta del PP, PSOE y C’s, ha permitido en un golpe de autoridad del Estado, legal y legítimo, cesar al gobierno catalán, disolver el parlamento autonómico y convocar elecciones para el 21 de diciembre (21-D).
Y aquellos líderes, así como algunos que todavía pululan en libertad, no paran de llamar a la rebeldía exhibiendo su voluntad de repetir los hechos que les llevaron ante la justicia.
El independentismo catalán ya no es una idea política. Ahora es una especie de religión, dogmática y radical, en la que todo se subordina a la separación de España. Más allá de cualquier lógica o razonamiento, todo pensamiento o actividad de los fanáticos van dirigidos a ello. Ésos no quieren entender, como ejemplo más gráfico, que algunos de sus líderes estén en el trullo, por decisión judicial. No lo están por sus ideas —porque en España no hay presos políticos―, sino por haber delinquido. Y contra toda razón democrática, esos nuevos filisteos pretenden la impunidad para quienes cometen delitos contra la Constitución.
Y aquellos líderes, así como algunos que todavía pululan en libertad, no paran de llamar a la rebeldía exhibiendo su voluntad de repetir los hechos que les llevaron ante la justicia. Habiendo violado reiteradamente la Constitución y el Estatuto, tienen asimismo la cara dura de apelar a esas mismas leyes para atacar las condiciones con que se están preparando las elecciones del 21-D. En ese show celtibérico, que nos está presentando diariamente el circo catalán de Puigdemont —con gags que recuerdan al teatro chino de Manolita Chen—, se llega al absurdo de que quien se negó a convocar autonómicas cuando podía —y bien que fue requerido para hacerlo—, ahora descalifique las convocadas en aplicación del 155 y, simultáneamente, se declare dispuesto a concurrir a ellas. Definitivamente, Puigdemont es el adalid de la falsificación moral.
*Pedro Pitarch es Teniente General del Ejército (r)
@pitarchb