El referéndum ilegal para la independencia está previsto para el 1 de octubre. Antes, el parlamento de Cataluña debe aprobar una serie de normas que propicien ese golpe de Estado desde las instituciones, que en el Código Penal tiene encaje en distintos delitos, y que hay herramientas legales para conjurar.
En las herramientas legales confiaba el Gobierno de Rajoy, suponiendo que ante decisiones del Tribunal Constitucional nadie sería tan irresponsable de no acatarlo y exponerse al uso de la fuerza, pero ese Rubicón también ha sido ya superado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
En este nuevo escenario que supone que diga lo que diga el Tribunal Constitucional el independentismo seguirá con sus planes, el Gobierno ya ha modificado su plan y contempla la posibilidad de tener que hacer uso de la fuerza. Porque si el presidente catalán dice que no acatará ninguna resolución del T. Constitucional (que le sea desfavorable, claro), nadie debe dar por sentado que el consejero de Interior acate ninguna disposición respecto a ceder el mando de los Mossos o no implicarlos en el conflicto sino al contrario, tienen organizado el servicio para mantener abiertos los colegios electorales el 1 de octubre.
En esta variante del plan figura la utilización de la Policía Nacional con los efectivos desplegados en Cataluña y con las UIPs, así como los efectivos de la Guardia Civil, si fuesen necesarios para ordenar la requisa de urnas.
Por eso el Gobierno está estudiando las posibilidades de una denuncia días antes y que el juez o fiscal de turno impartan órdenes precisas a los Mossos disponiendo el cierre de dichos colegios y la incautación de las urnas, y en el supuesto de no ser obedecidos, ordenar la comparecencia ante la autoridad judicial de los mandos de Mossos que se nieguen a hacerlo y proceder a la suspensión de sus funciones de inmediato, y si persisten, a su detención. En esta variante del plan figura la utilización de la Policía Nacional con los efectivos desplegados en Cataluña y con las UIPs, así como los efectivos de la Guardia Civil, si fuesen necesarios para ordenar la requisa de urnas, el cierre de colegios y custodiar los edificios del Estado ante posibles ataques de radicales.
Existe un dispositivo de información allí desplegado tendente a localizar las urnas y poder intervenirlas antes del 1 de octubre, procediendo a demandar mandamiento de entrada y registro si está en un domicilio particular, o estableciendo una vigilancia si se trata de una legación diplomática (hay varios domicilios particulares que son además consulados de países que pueden ver con simpatía este movimiento independentista).
En la Policía Nacional el responsable de coordinar todas estas actuaciones es el DAO hasta hace poco, Florentino Villabona. En la Guardia Civil se supone que era el DAO cesado, quien por la forma en que fue cesado presentó su dimisión, así que otro general se habrá hecho cargo del asunto, previsiblemente el Mando territorial, equivalente al comisario general de seguridad ciudadana en la Policía.
Creo que la actuación del Gobierno hasta ahora ha sido la más correcta y que si mantiene esa misma actuación y no flaquea en el momento de ordenar la retirada de las urnas dando órdenes precisas a policías y guardias civiles, el referéndum no se celebrará.
La gestión frente a este movimiento independentista del gobierno del PP es en mi opinión acertada. Frente a quienes hablan de diálogo con un discurso vacío porque dos no pueden hablar si uno no quiere, y los independentistas solo aceptan hablar de cómo celebrar su referéndum de independencia, y quienes reclaman llenar de tanques las calles de Barcelona, que es lo que quieren los independentistas y en especial los más radicales, los filo-terroristas de la CUP (ahí están sus juventudes, Arran, atacando la principal fuente de ingresos del país, el turismo), creo que la actuación del Gobierno hasta ahora ha sido la más correcta y que si mantiene esa misma actuación y no flaquea en el momento de ordenar la retirada de las urnas dando órdenes precisas a policías y guardias civiles, el referéndum no se celebrará.
La ignorancia política hace que haya quienes demanden el derecho a decidir como un derecho democrático, ignorando la historia de la humanidad y las leyes en vigor. Comparan Cataluña con Escocia, por ejemplo, ignorando (por ignorantes o por manipulación, que en políticos y periodistas no sé qué es peor), que ni nuestras normas nacionales desde la Constitución ni las leyes internacionales regulan ni conceden derecho a ningún territorio a escindirse de su Estado salvo que antes de la existencia del Estado al que pertenecen esa entidad que pretende ahora escindirse tuviese entidad jurídica de Estado o nación. Escocia era una entidad nacional diferenciada del Reino Unido antes de su incorporación al mismo y eso le confiere ese derecho, siempre que los dirigentes del Reino Unido, las instituciones, lo autoricen, como fue el caso, pero no ocurre en Cataluña porque nunca fueron ni un Estado ni una nación antes de la existencia de España, ni las Cortes españolas han autorizado ese referéndum. Y no deben hacerlo sin que se produzca un referéndum en el que todos los sujetos detentadores del derecho a decidir sobre la soberanía nacional del Estado nación que es España, todos los españoles, puedan pronunciarse.
Como policía en segunda actividad, si el Gobierno reclama voluntarios para reforzar el servicio en Cataluña y garantizar el derecho a decidir de todos los españoles sobre nuestro Estado yo seré uno de ellos.
Ese discurso xenófobo y de odio hacia todo lo español que manifiestan los independentistas es la peor estrategia para pretender una independencia que, en mi opinión, en ningún caso se puede plantear (y creo que si se planteara la perderían) sin que todos los españoles la autoricemos con nuestro voto. Es nuestro derecho y ni el Gobierno ni las Cortes pueden robárnoslo porque ello supondría una inestabilidad política y social de imprevisibles consecuencias.
Una última cuestión respecto a esos delincuentes que ocasionan daños en hoteles y agreden a turistas en Cataluña y Baleares. El Estado español, el Gobierno, tiene la obligación de disponer que las fuerzas de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, realicen una labor de información, seguimiento y detención de los violentos en cualquier parte del territorio nacional que actúen. El argumento de que la seguridad ciudadana en Cataluña está transferida a los Mossos es insuficiente porque quienes dirigen ese Cuerpo están sometidos a presión por los mayores de Arran, la CUP, y la seguridad de la ciudadanía está por encima de leyes de transferencia competencial.
El referéndum no se va a celebrar, no se puede celebrar, y los ataques al turismo deben acabar. El debate sobre el modelo de turismo que se promociona es una cosa, pero atacar a quienes visitan el país desde fuera o se desplazan desde otras regiones no puede tolerarse ni un minuto más. Como policía en segunda actividad, si el Gobierno reclama voluntarios para reforzar el servicio en Cataluña y garantizar el derecho a decidir de todos los españoles sobre nuestro Estado yo seré uno de ellos.
*José Manuel Sánchez Fornet es Policia. Ex Secretario General del SUP. Portavoz del Observatorio contra la Corrupción.