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Sin bajar la guardia

Pedro Pitarch
Pedro Pitarch*

Dieciséis meses después del pronunciamiento civil con ocasión de la comparecencia de Mas ante el TSJC, el 15 de octubre de 2015, la relación entre Madrid y Barcelona se ha deteriorado fuertemente. El desafío independentista ha subido de tono con el órdago de Puigdemont de celebrar un referéndum de independencia, antes de septiembre de 2017. Al mismo tiempo, la justicia ha seguido su camino lenta pero incesantemente. Y así, pasado mañana, 6 de febrero de 2017, Artur Mas y las ex consejeras Joanna Ortega e Irene Rigau se sentarán en el banquillo para ajustar cuentas con la justicia (desobediencia y prevaricación), por su participación en el “proceso participativo” del 9N, que estaba expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional.

En un nuevo intento de intimidar a la judicatura catalana, el radical lobby separatista ha organizado una manifestación de protesta contra ese juicio, también a las puertas del TSJC. Se adivina será otro grave atentado contra el más primigenio fundamento del estado democrático y de derecho: el imperio de la ley. Porque cuando desde las instituciones se incita a transgredir la ley, se está produciendo la quiebra del estado de derecho. Y sin estado de derecho no hay democracia posible. El de pasado mañana, seguramente sea el pistoletazo de salida para sucesivas movilizaciones contra las actuaciones judiciales en marcha.

 

En un nuevo intento de intimidar a la judicatura catalana, el radical lobby separatista ha organizado una manifestación de protesta contra ese juicio, también a las puertas del TSJC.

 

A los independentistas les empieza a correr prisa el choque de trenes que supondría la convocatoria de un referéndum que, en ningún caso, se va a celebrar. Es la única salida que les queda si no encontrasen alguna excusa para no convocarlo, evitando así hacer visible un nuevo fracaso. La estrategia del aburrimiento de la Generalidad, para rendirnos a los demás por hartura del “prusés”, no ha dado el fruto esperado por los secesionistas. En el otro lado, la “operación Diálogo” encabezada por la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para ganar tiempo, ha pillado a los independentistas a contrapié, aunque no parece vaya a tener un recorrido muy largo porque dos no dialogan si uno no quiere. Y, está claro, Puigdemont ni quiere ni le dejan.

Las sentencias potencialmente condenatorias a Mas, Homs y su panda ya son algo verosímil en los próximos meses. Van destapándose casos de corrupción galopante que afectan directamente tanto al gobierno de Mas como a su partido, CDC (que acaba de cambiar de nombre). Un golpe judicial de un juez de El Vendrell, todavía en curso, ha destapado el último escándalo de la serie 3%, o de comisiones ilegales por concesiones irregulares.

Corrupción que apunta a Mas y su entorno más íntimo. Además, la incontinencia verbal de un político-juez y senador (ya ex) de ERC, ha puesto sobre la mesa presuntas actuaciones ilegales desde el gobierno de la Generalidad y partidos que lo sostienen, que vulnerarían libertades y derechos de los ciudadanos así como el tratamiento de sus datos personales. Aunque Puigdemont guarde silencio sobre esto, el caso demanda una investigación a fondo por parte del Estado.

 

Las sentencias potencialmente condenatorias a Mas, Homs y su panda ya son algo verosímil en los próximos meses. 

 

Con su contrastada habilidad victimista, enseguida se han elevado las voces de los más notables secesionistas acusando a Madrid de operaciones políticas contra Cataluña. Hay que tener una cara dura como el granito de Colmenar Viejo para, tratando de restar credibilidad a la justicia, intentar convencer a la gente que las actuaciones judiciales contra malhechores lo son contra Cataluña. Lo más hilarante del caso es que los independentistas se extrañen que los tribunales apliquen la ley. ¿O es que esperaban que el Estado pudiera permanecer ajeno o distante, frente a las fechorías de los que en Cataluña intentan romper la Nación española quebrantando la ley?

Tengo la convicción que, antes de que hipotéticamente España se evaporase, como pretenden los ilusos que mañana se concentrarán a las puertas del TSJC, en Barcelona se oirían otras voces más altas y se verían otros bastones de mayor mando, que los que se exhibieron en aquel tumulto asambleario en la comparecencia de Mas ante la justicia, en aquel 75 aniversario del ajusticiamiento de Companys. No es un horizonte deseable pero necesario contemplarlo. Es de suponer que el Gobierno y sus resortes, cumpliendo sus deberes y obligaciones, estarán adecuadamente preparados para ello, en defensa de la Nación y del estado de derecho. Mientras tanto, en “prevengan”, no hay que bajar la guardia.

 

*Pedro Pitarch es Teniente General del Ejército (r).