Lo que se podría hacer con 165 MM €

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena del TSJA a la Junta de Andalucía, según la cual debe de indemnizar a la empresa de Tomás Olivo por el lucro cesante y demás bagatelas por el retraso en tramitar y conceder licencias al Centro Comercial Nevada de Granada. Todo ello dada la torpe obstrucción declarada por la justicia, de la administración autonómica, a las obras y apertura comercial de dicho centro, ubicado en Armilla, justo al lado del término municipal capitalino. Son 165,6 millones de euros el importe a indemnizar que habrá que desembolsar, euro a euro. Un pastizal.

El empresario solicitaba en torno a los 200 millones de euros. Han hilado fino pues los abogados del Sr. Olivo. De más basto hilvane parece el trabajo de los juristas autonómicos.

Los granadinos, y en general los andaluces, somos rehenes de nuestros políticos autonómicos progresíes. A ellos hay que achacar este dispendio, porque han sido ellos quienes han obviado sus responsabilidades en la defensa jurídica del interés colectivo. Ahora los contribuyentes tendremos que echar números porque la situación da para sumar, para luego poder restar. Pero es inevitable hacer comparativas de lo posible y lo imposible que, tal océano dinerario suscita en necesidades para la gente. Veamos algunos ejemplos.

Con 165 millones de euros se podrían evitar muchos recortes en áreas sensibles de la Junta de Andalucía. Los que vendrán, sin duda, tras hacer frente al pago de esa montonazo de euros. Quizá podría lograrse que la modernización hospitalaria de Granada no sufriera más retrasos, y sí un cumplimiento de las promesas hechas por el PSOE. No hace tanto que éstas las hicieron, tras la desfusión de su fusión. Incluso los socialistas podrían acometer de una vez el tantas veces prometido Charede la Alpujarra, en Órgiva, que no será que no lo han usado de cebo electoral campaña tras campaña, desde  hace muchos años.

Podríamos cubrir gran parte de las carencias que en materia de accesos tiene la red de caminos y carreteras rurales de nuestra Andalucía, especialmente en la dispersa y numerosa red de pueblos de Granada;

dedicarse al fomento de políticas para garantizar la calidad medioambiental, e invertir en la previsión de incendios y catástrofes naturales en nuestros bosques y parques naturales. También habría para acabar con el lamentable bochorno de ver cómo la grandiosa y costosa presa de Rules aboca el agua que recoge al mar, porque la Junta de Andalucía no acomete la construcción de la red secundaria de regadíos que permitiera el aprovechamiento del líquido elemento por los ávidos agricultores de la Costa granadina.  El AVE a Sevilla desde Granada podría también ser una realidad con esos aportes.

Ese montón de billetes, no serviría para fichar a Neymar, Messi o Cristiano, pero sí para que, de una vez por todas, la Dependencia dejara de ser una incidencia constante en los presupuestos andaluces, y pasara a ser un derecho al que financiar debidamente. Y, con liquidez, poder pagarle en plazo a quien soporta por adelantado su financiación: los ayuntamientos andaluces.

Con 165 millones de euros se podrían quitar las caracolasdel paisaje escolar de nuestros patios y solares anexos. Con ello, se dignificaría el derecho a un aula digna de nuestros alumnos. Y quedaría suficiente, sin comisionistas de por medio, claro, para climatizar las aulas y evitar esos bochornos que da el clima cuando aprieta en su más calurosa expresión, que en Andalucía suele ser a menudo.

De la gestión económica del PSOE de Chaves, Griñán y Susana Díaz, no hemos tenido sino sustos y amagos de infarto. Al dispendio de los Ere que te crió, del que un chófer arrepentido ha descrito la supina ruta de adjudicación mediante la nominación vía servilleta del puticlub o la más común del posit amarillo chillón.

A esa indecencia se añade ahora, tras la sentencia del TS, la confirmación de la indemnización de la Junta de Andalucía al Centro Comercial Nevada.

Es un compendio de gestión infame, de connivencia jurídica de la administración autonómica andaluza con la indolencia más gravosa, mostrando en la responsabilidad por la gestión un nivel “pasota máximo”. De tal causa que los andaluces (no sólo los granadinos) vamos a tener que pagar su torpe método de gestión, con Susana Díaz al frente. Teresa Jiménez, la que fuera delegada de la Junta y secretaria general del PSOE en Granada, está ahora sentada en la Mesa del Parlamento andaluz. Algo tendrá que decir ella, aunque me temo que escogerá el conveniente silencio como método de reivindicación de su inacción pretérita. Ella era la máxima representante del gobierno andaluz en la provincia.

Estas son las consecuencias de la pusilanimidad del poder, omnímodo y sempiterno. Se ubican en el trono, y se amarran con cadenas soldadas al interés preferente del partido propio, de tal manera que, ni con esta sentencia, ni con otras que vengan, van a ser removidos de su ostentación, tejida con paciencia e intereses comunes y perpetuos. Ni dimitirá Teresa Jiménez, ni Susana Díaz dirá esta boca es mía y el dinero es vuestro, ni nadie cercano, siquiera por decoro, cumplirá con una mínima cuota de asunción de responsabilidades. En Andalucía pasa como en España, que a dimitir se llama sólo cuando afecta al otro. Conjugar el verbo no lo conjuga nadie en primera persona. Siempre en imperativo, y mirando a los de enfrente. Que dimitan ellos, se dice. Total, qué más da, si el dinero público no es de nadie. Ellos seguirán prometiendo, embaucando al personal. Ya les llega con esa actitud.

Queda desear que ustedes y yo lo paguemos con salud. Por lo menos.