Confidencial Andaluz

Trillo, el hombre de las cloacas, al descubierto

Trillo, el hombre de las cloacas, al descubierto
12:42 | 14 de enero, 2017
Jose Manuel Sanchez Fornet

José Manuel Sánchez Fornet*

El informe del Consejo de Estado ha devuelto a la actualidad el comportamiento incalificable de Federico Trillo como ministro de Defensa. Las negligencias en la contratación del vuelo que permitieron el accidente del YAK-42 y el inexplicable trato dado a los restos mortales de militares que fueron erróneamente identificados, entregándose un féretro con tres pies, mezclados restos de distintas personas, entregados restos de víctimas a familias que no eran la suya y en algún caso inhumados dichos restos con el consiguiente error, no fueron suficiente para que el ministro fuera cesado e imputado sino al revés, fue ascendido a embajador de España en el Reino Unido. Ahora existe la posibilidad de hacer justicia, tardía pero justicia al fin y al cabo, en este caso que apesta a cloacas y comportamientos ruines e inmorales como pocos.

En España se necesitan mecanismos de control, comisiones como la que existe en Inglaterra para analizar denuncias por prácticas irregulares de policías, formada por personas ajenas al Cuerpo policial denunciado que estudian los hechos desde el punto de vista de la deontología profesional, aunque en nuestro caso deberían existir en  todas las áreas de gestión, en todos los ministerios, comunidades y ayuntamientos, y quizás así algún día se consiga cambiar la propaganda, la impostura, la mentira y la manipulación habituales en nuestra práctica pública, por la asunción de responsabilidad política, civil y penal por negligencia, corrigiendo errores y prácticas funcionariales y/o políticas que perjudican a cualquier ciudadano o al interés general de la ciudadanía.

 

Ahora existe la posibilidad de hacer justicia, tardía pero justicia al fin y al cabo, en este caso que apesta a cloacas y comportamientos ruines e inmorales como pocos.

 

Solo en un país como España, en una democracia de tan ínfima calidad que a veces ni lo parece, es posible que tras el accidente y el trato a los muertos y sus familias el ministro responsable no solo no haya sido cesado e imputado sino que haya sido ascendido. No han aparecido los contratos de hasta cinco subcontratas en las que se perdieron 119.000 euros, ni tampoco existe certeza sobre el uso de más de cuatro millones de euros que debían haber abonado un seguro de accidentes que no existía, y los militares condenados por errores en las autopsias (falsedad documental) fueron indultados (el principal condenado, general Navarro, había fallecido) por el consejo de ministro celebrado el 20 de abril de 2012, pudiendo los comandantes Ramírez García y Sáez García continuar con sus carreras en el ejército.

La segunda parte de esta ópera bufa la interpreta el ministro de Defensa posterior a los hechos José Bono, quien ahora dice lo que entonces calló, que compareció en el año 2008 ante el juez Grande-Marlaska y le entregó documentos acreditando el proceso de subcontratas que no fueron tenidos en cuenta por el juez. Bono, haciendo libros con los que se lucra en los que cuenta actos de su gobierno y actividad política que deberían ser reservados se coloca al mismo nivel de indigencia moral que su colega Trillo. La única que hasta ahora ha estado al nivel exigible en un estado de derecho, en una democracia respetuosa con los derechos de su ciudadanía sean civiles o militares es la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, comprometiéndose a asumir íntegramente el informe del Consejo de Estado y prometiendo que va a localizar esos documentos desparecidos que el juez Grande-Marlaska nunca solicitó al ministerio de Defensa. A ver si sigue por ese camino de respeto a la dignidad de los muertos y a sus familiares que ha iniciado.

POLÍTICA Y JUECES

Este caso no tuvo recorrido penal porque Grande-Marlaska archivó por dos veces el asunto, y 22 días después de hacerlo por segunda vez, fue votado por los magistrados conservadores, de la línea del PP, para presidir la Sala Penal de la Audiencia Nacional que debía decidir sobre el recurso presentado contra su segunda decisión de archivo por las familias y la fiscalía. La contundencia con la que la Sala de lo Penal rechazó el primer archivo de Marlaska porque no se había investigado nada obligando a reabrirlo, no sirvió para nada porque Marlaska lo volvió a archivar sin solicitar nunca a Defensa los contratos de las distintas subcontrataciones (según un hermano de un militar fallecido, así se lo dijo un secretario de Estado de Defensa, que si los hubiese pedido el juez se los habrían enviado), documentos que hubiese permitido profundizar en la negligencia de quienes fueron responsables de precarizar la seguridad del vuelo.

¿Es serio que un juez ascienda a presidente de Sala y decida sobre recursos interpuestos contra una decisión anterior adoptada por él? ¿No tuvo nadie la impresión de estar asistiendo a una representación cómica de los hermanos Marx en su camarote? ¿Nadie cayó en que era una pantomima muy evidente? ¿Podría el juez dictar como presidente de Sala resolución a favor de un recurso contra una decisión adoptada por él pocos meses antes como juez instructor? ¿Esto es digno de una democracia donde impera la ley?  No acabó aquí el asunto porque, y también ante el silencio cómplice del PSOE, Grande-Marlaska, catalogado durante su tiempo en el País Vasco como un juez progresista, fue propuesto por el PP al Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién era responsable en el PSOE de estos asuntos de Justicia? ¿Y desde el PP, nadie vio un funcionamiento anormal de la política y la justicia en estos nombramientos?

 

¿Podría el juez dictar como presidente de Sala resolución a favor de un recurso contra una decisión adoptada por él pocos meses antes como juez instructor? ¿Esto es digno de una democracia donde impera la ley? 

 

No solo en el caso YAK-42 confluyeron una instrucción del juez Marlaska con los intereses de Trillo y el PP. Durante unos meses, por encontrarse de permiso el juez titular, Baltasar Garzón, Marlaska asumió la instrucción de caso “Faisán”, donde el PP y Trillo estaban todos los días “empujando”, política y mediáticamente, para conseguir una condena de los policías, fueran o no culpables, y poder usarla políticamente contra el PSOE. Comentar esa instrucción da para varios artículos pero datos a valorar son que nunca, durante los meses en que fue instructor, el juez Grande-Marlaska recibió al entonces comisario general de Información, Telesforo Rubio, que le pedía hablar con él, ni tampoco creyó al comisario jefe de la UCI (Unidad Central de Inteligencia), José Cabanillas, que escribió minuta señalando que el inspector jefe de la investigación que interceptó la presunta llamada del chivatazo, hoy comisario Carlos German, el día que le informó de las grabaciones le dijo en tres ocasiones que había que destruir el soporte donde estaba la prueba de las mismas, lo que no impidió que el juez lo hiciera responsable de la investigación del chivatazo.

El mismo inspector jefe que estaba en Madrid en el momento de la llamada, que estuvo toda la mañana con el teléfono desconectado, y que decidió no investigar una llamada a un teléfono operativo del grupo investigador que él dirigía, de unos 10 minutos, teléfono que según consta en la instrucción aquel día, por causas sin explicar, no llevaba el inspector al que estaba asignado sino a otro, cuyas características físicas, casualmente, encajaban perfectamente en la descripción que facilitó Elosua sobre la persona que le pasó el teléfono, y que no se parece en nada, ni en estatura, pelo, ropa usada ese día, color de piel, complexión… al inspector Ballesteros que fue acusado y condenado. Ruz siguió la instrucción según se la dejó encaminada Grande-Marlaska y después el juez Guevara, presidente de la Sala que lo enjuició, impidió el derecho de defensa de los acusados, no permitiendo hablar a los abogados de Pamiés y Ballesteros porque “no se investigaba al equipo de investigación”, cuando las dudas más que razonables y objetivas sobre la deficiente investigación de las llamadas que llegaron a la hora del “chivatazo” podían señalar a un miembro del mismo equipo investigador ubicado en la zona del bar.

Nadie ha explicado porqué se investigan unas llamadas y no otras, siendo de la misma duración y recibidas en el mismo espacio físico según los repetidores de telefónica. Quienes estuvimos varios días presenciando el juicio oral comprobamos el magnífico trabajo de los abogados defensores pero era evidente que alguien, en algún despacho con poder, había decidido que debían ser condenados fueran o no culpables los imputados, más allá de cualquier duda razonable y de su presunción de inocencia. El proceso político, mediático y judicial puesto en marcha con el “Faisán” ya no admitía marcha atrás.

LAS INSTITUCIONES NO DEBEN ENCUBRIR SUS ERRORES SINO CORREGIRLOS

No hay espacio para contar los numerosos casos de uso indebido del poder y de propaganda para ocultar negligencias, pero podemos reflexionar telegráficamente sobre algunas cosas que pasan, como por ejemplo, que sea la madre de Diana Quer quien encuentre una pulsera que según ella llevaba su hija el día de su desaparición, en una zona donde pudo desaparecer casi dos meses después de los hechos, dejando en evidencia una muy deficiente investigación del caso por la Guardia Civil; o por ejemplo, que ahora un periodista de investigación y el padre de Marta del Castillo hayan encontrado una ruta más corta en varios cientos de metros desde la casa donde fue asesinada en León XXIII hasta un brazo muerto del rio, donde nunca se ha buscado su cadáver, lo que sumado a testimonios de personas que dicen haber visto a dos personas empujando a una silla de ruedas evidencian una deficiente investigación de este caso que llevó a cabo la Policía Nacional.

Podemos seguir hablando del catedrático de la universidad de Sevilla que ha estado denunciado cinco años por acoso sexual y laboral por tres mujeres, dos profesoras y una becaria, que han pasado un calvario del que igual nunca se recuperen, y que ha seguido en su puesto sin que nadie haya hecho nada, ni los responsables de la universidad ni los responsables políticos, que se apresuran ahora, cuando ya no hacen falta, a denunciar  lo que ha ocurrido cuando durante cinco años han mirado para otro lado ante la tortura continua contra tres personas que simplemente eran de un rango jerárquico inferior. En este país el rango lo es todo, y la víctima debe romper muros insalvables para conseguir que se haga justicia, perder el puesto de trabajo y abonar gastos de abogado, mientras el jerarca abusador, sea político o en cualquier otra profesión, suele tener el apoyo de la institución en la que trabaja o de su partido, en una actuación sectaria que deviene en antisocial.

Estas cosas pasan por el silencio cómplice de los corporativismos y por gente con carencia absoluta de moral y principios, acostumbrados a prácticas que desde la clase política nos enseñan cada día. La ecuación de defender la justicia y principios de convivencia asentados sobre valores inherentes al ser humano y su inteligencia y condición moral no parece formar parte del ideario de nuestra clase política ni de otras muchas profesiones. En este estado de cosas, que un guardián de las cloacas políticas más infectas como Federico Trillo sea desenmascarado es una buena noticia.

 

José Manuel Sánchez Fornet es  Portavoz del Observatorio contra la Corrupción. (Policia y ex Secretario General del SUP)

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1 Comentario

  1. Casas Viejas
    Casas Viejas enero 24, 13:51

    El portavoz del observatorio se queda corto, peca de prudente. La realidad es que España está en la órbita de los Estados fallidos como Somalia o México sin ir mas lejos. La prueba del algodón la tenemos en Mafo/Fdez Ordoñez. Siendo Gobernador del Banco de España a la hora de controlar ponía cara de asco. Y su antecesor en el cargo se pasaba por los huevos los informes de los inspectores del mismo banco. Informes que avisaban de lo que se nos venía encima. Los dias de mucho trabajo tambien se los pasaba por los huevos pero a dos manos. Al besugo de Cándido Méndez (ex de UGT) por no dar a conocer las técnicas para asar vacas con billetes se le premia con una medalla de la comunidad de Madrid. El ex jefe de la Casa del Rey (Spottorno) es capaz de apartar a la gente por conducta poco ejemplar y a la vez pasar revista a las pantorrillas de Mariló Montero (ex de Carlos Herrera). Y no estar loco como Machin. La solución está en lo que propuso Luis Solana. Poner al frente de algunas instituciones a un guardia civil. En el Tribunal de Cuentas, en elCGPJ, Tribunal Supremo, Banco de España, Senado, etec. Y en ese plan. Ninguno.

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