Así es. El Gobierno por fina ha dado el paso al frente que la sociedad española y la ley le exigían. El cálculo político, no obstante, ha funcionado a la perfección. Lo que podía perder el Gobierno Rajoy por que le tacharan de cobarde lo ha ganado, con creces, aplicando la estrategia laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar) para con el adversario político. Una estrategia, habida cuenta de la torpeza manifiesta de este, que se ha revelado brillante. Alargar todo lo posible la crisis catalana para que PSOE, PODEMOS y CIUDADANOS cometan los errores que los maquiavélicos estrategas populares habían previsto. Y así ha sido. Tan sólo había que dejar que PODEMOS, en su línea, apoyase el comportamiento delictivo e ilegal de los independentistas y se negase a defender el orden constitucional. Había que poner al PSOE sanchista, que aún no ha terminado de rematar las ejecuciones de su posguerra civil, en la posición de demostrar su probada ambivalencia en estos asuntos y su propensión pactista a la política de apaciguamiento, quedando claro que sus nuevos líderes no están a la altura de exdirigentes como Josep Borrell. Y había que reservar para CIUDADANOS el papel de radicales expeditivos, en la previsión de que exigirían la aplicación con todas sus consecuencias del artículo 155 antes que nadie. Dejando al PP como la fuerza moderadora e integradora que defiende honorable y proporcionalmente a sus ciudadanos de las ilegalidades, sin pasarse un pelo. Digno de un manual de propaganda política.
A los que, como Gabriel Rufián, señalan sin sombra de ironía que “Esta generación ya tiene su 23F. Frentre (sic) al frente golpista de PPSOEC’s, cumplimiento del mandato del 1O y Govern de Concentración.”, que tengan claro que si las medidas del Gobierno fuesen proporcionales de verdad, irían mucho más lejos.
Llega el momento de aplicar el artículo y todo el mundo está posicionado. Aunque dichas posiciones no sean justas para más de uno, claro. Pero hay una lógica que se ha manifestado en toda su envergadura. La complacencia con quienes violan la ley no sirve. Ni ha servido ni servirá. El Gobierno tampoco se ha metido hasta donde debería: elecciones para un plazo máximo de seis meses, cese del gobierno catalán, la facultad de disolver su parlamento para el Presidente del Gobierno y las funciones de los cargos suspendidos para los ministerios correspondientes por la materia, el control de TV3 y atar muy corto a los mozos, que deberán obedecer las órdenes directas de las autoridades gubernamentales. En definitiva, la Generalitat sigue funcionando, aunque bajo las directrices del Gobierno, y el Parlamento no es disuelto, aunque su Presidenta no puede presentar candidato a la Presidencia de la Autonomía ni poner en marcha plenos de investidura. Ah, y no podrán impulsar iniciativas que vayan contra la Constitución o contra el Estatuto de Autonomía. A los que, como Gabriel Rufián, señalan sin sombra de ironía que “Esta generación ya tiene su 23F. Frentre (sic) al frente golpista de PPSOEC’s, cumplimiento del mandato del 1O y Govern de Concentración.”, que tengan claro que si las medidas del Gobierno fuesen proporcionales de verdad, irían mucho más lejos, porque después de la naturaleza ilegal y reiterada de los delitos cometidos, suspender la autonomía en su totalidad e iniciar en los tribunales la ilegalización de todos los partidos que han impulsado, colaborado y dirigido la comisión de dichos actos delictivos, sería lo mínimo. Empezando por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Junto con la anulación de las actas de Diputado a los parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por lo mismo. Pero no caerá esa breva, por ahora. Al menos, en tanto que el Partido Popular no considere que lo puede rentabilizar en términos electorales, que es de lo que se trata.
Las medidas de medio pelo del Gobierno del Partido Popular no deben ser aplaudidas muy fuerte, porque sólo son un parche para un problema mucho mayor.
Siendo justos, la Autonomía de Cataluña tendría que haber sido suspendida o al menos intervenida desde el mismo momento en que se pudo probar en un proceso judicial que se habían empleado dinero y recursos públicos para financiar y materializar la consulta ilegal impulsada por Artur Mas -quien, por si alguien lo duda, sigue dirigiendo el timón del Titanic catalán hacia el desastre entre bastidores- y administrada por la Generalitat y los cargos políticos dirigentes. Es más. Estoy absolutamente seguro de que los catalanes que tienen la desgracia de tener que vivir con miedo en un estado democrático en pleno siglo XXI, con sus nombres registrados en listas de “enemigos”, sus puestos de trabajo pendientes de un hilo si hablan de lo que no deben delante de quien no deben, sus hijos adoctrinados, cuando no marginados en las escuelas, reducidos al silencio y a la discriminación, son los primeros que rezan para que se ponga a los delincuentes en su sitio de una vez y se les libre del yugo bajo el que subsisten. Las medidas de medio pelo del Gobierno del Partido Popular no deben ser aplaudidas muy fuerte, porque sólo son un parche para un problema mucho mayor. El independentismo no va a morir por no tener televisión pública en la era de internet o porque cuatro cabecillas vayan a la cárcel. Hasta el punto en que se ha derramado el vaso, es imprescindible una actuación dura, decidida y contundente, que resuelva el problema de una vez por todas y para siempre. Porque va mucho más allá de saltarse una ley. No más cálculos, no más mentiras, no más represión.