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2.500 jueces viajan a Bruselas y vuelven

¿Acudieron a Bruselas con Gonzalez, con Aznar, con Rodriguez Zapatero, con Rajoy? No.

2.500 jueces españoles han caído en la cuenta que el Estado de derecho está en peligro. No el Estado social, igualitario y eficiente en la defensa de los derechos humanos. Solo peligra, según ellos, el Estado derecho. Acabo de recibir un señalamiento en una demanda en la jurisdicción social, recurriendo una denegación a una mujer sola con cuatro hijos, para celebrar la vista en enero de 2023. No tengo noticia de que semejante dislate perjudicial para justiciables infantiles y su madre haya preocupado a ninguno de esos 2.500 jueces haciéndoles conscientes de que no imparten justicia sino que despachan papeles como buenos funcionarios del Estado de derecho que son. ¿Acudieron a Bruselas con Gonzalez, con Aznar, con Rodriguez Zapatero, con Rajoy?. No. Los retrasos en hacer justicia y en ejecutar la justicia de sus sentencias nunca les ha llevado a viajar a Bruselas. Los justiciables no desestabilizan el status quo. Son solo gente molesta en horas de audiencia. Para muchos de ellos cuantos menos justiciables menos papel. Y más horas libres para dar clases, preparar opositores, ir a cursillos varios, impartir conferencias, pagadas previa declaración de compatibilidad. Nada de Bruselas. Nihil fit.

El motivo del susto de estos 2.500 defensores del Estado de derecho es la aprobación por el Parlamento – sede del Poder Legislativo, cuyas leyes les obligan al juzgar – de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el restablecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. El Parlamento es soberano. Los jueces aspiran a serlo como los jueces de Israel. Por eso han ido a Bruselas.

Y Bruselas, por boca de la vicepresidenta de la Comisión ha dicho ayer que no hay nada contrario a derecho, ni conculcador del Estado de derecho en limitar los poderes del señor Lesmes et alía, mientras están en funciones. Y que lo que tienen que hacer los partidos políticos, apoyados por unos u otros jueces, es ponerse de acuerdo y renovar el Consejo General después de dos años de incumplir la ley.

Recordar deberían estos aguerridos recurrentes a las fuentes de Flandes que los Tercios españoles perdieron allí sus fustes y se tuvieron que ir a Roma a saquear al Papa, que es menos molesto pues da bendiciones y no arcabuzazos. Y, al albur, plantearse porqué no han presionado estos dos años de infracción legal por el Partido Popular y el PSOE de renovar el dichoso Consejo.

Total que no han podido meterle un dedo en el ojo izquierdo del presidente del gobierno al que tanto estiman, en defensa, claro está, del Estado de derecho. Y social.