Hoy es 15 de octubre, aniversario del ajusticiamiento de Companys, y estamos de golpe. Los golpes originados en Barcelona no son algo históricamente inédito. Fue allí, por ejemplo, donde el general Primo de Rivera dio el suyo, en la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923, instaurando una dictadura que duró siete años. También fue allí el de Companys, el 6 de octubre de 1934, que duró pocas horas, hasta que el general Batet le puso tras las rejas. Las diferencias son que el de ahora se está produciendo “en diferido”, no hay militares por medio (al menos de momento) y lo podemos ver por televisión mientras tomamos un aperitivo.
Las trampas, mentiras, abusos, delitos, violaciones de la Constitución y del Estatut y todo tipo de desafueros contra el estado de derecho, cometidos por las autoridades independentistas catalanas en los dos últimos años, son incontables. Aquéllas, no obstante, han mostrado una maestría inigualable en la explotación mediática de sus acciones, ganando por goleada la batalla de la comunicación al Gobierno. Pero los efectos de tal victoria, como suele suceder con lo meramente mediático, tiene corto recorrido.
Dudo mucho que don Carles responda simplemente con un SÍ o un NO. Intentará seguir con su habitual juego ambiguo y dilatorio, dando un largo SÍ pero NO, o un NO pero SÍ.
España entera está esperando a que, dentro de pocas horas y a requerimiento de don Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, el de la Generalidad, don Carles Puigdemont, aclare si el 10-O hubo o no DUI. En segundo término, si la respuesta de don Carles fuera positiva, éste tendrá de plazo hasta el día 19 para su regreso al orden constitucional. Dudo mucho que don Carles responda simplemente con un SÍ o un NO. Intentará seguir con su habitual juego ambiguo y dilatorio, dando un largo SÍ pero NO, o un NO pero SÍ. En todo caso, lo más importante ahora es que el Gobierno, con el respaldo del PP, PSOE y Ciudadanos, ha puesto en marcha los trámites legales para la aplicación a Cataluña del artículo 155 de la Constitución. Lo que, en su caso, posibilitaría, previa aprobación por mayoría absoluta del Senado, la adopción de las medidas necesarias para obligar a esa CA al cumplimiento forzoso de sus obligaciones.
No hay lugar para la mediación en un problema interno, que internamente ha de resolverse, especialmente cuando en un lado están los que han violado la Constitución y, en el otro, los que la apoyamos.
Ahora hay voces interesadas que reclaman mediación y diálogo. Pero la única prioridad del momento es restablecer el orden constitucional conculcado por los golpistas. No hay lugar para la mediación en un problema interno, que internamente ha de resolverse, especialmente cuando en un lado están los que han violado la Constitución y, en el otro, los que la apoyamos. Además, que no nos engañen: lo que los secesionistas y sus voceros pérfidamente reclaman no es diálogo, sino un mero monólogo con conversaciones entrecruzadas. Para seguir ganando tiempo.
El empeño dilatorio del señor Puigdemont está llegando a su fin. Es cuestión de días que el Estado ponga sobre la mesa toda la fuerza de la ley y, si fuera preciso, la legítima ley de la fuerza. Porque, en un estado de derecho, la única fuerza legítima es la que procede de la ley. La perseguida internacionalización del conflicto es la gran batalla perdida por el gobierno catalán y sus acólitos. Tanto la UE (Bruselas), como sus países más punteros (Alemania, Francia e Italia), así como EE UU y Canadá, han explicitado sin fisuras que de independencia de Cataluña “res de res”. Esa no-internacionalización condena la locura independentista al fracaso. Lo mejor para todo y para todos, empezando por Cataluña y él mismo, sería que el señor Puigdemont disolviera el Parlament y convocara elecciones autonómicas.