El censo de los molestos: Interior clasifica a 281 voces de la radio y la Tv por su ideología

 

 

Confidencial Andaluz publica a continuación un análisis del dossier confidencial elaborado por el Ministerio del Interior en 2024 y filtrado el 8 de septiembre de 2026 por El Confidencial. La redacción ha tenido acceso al documento íntegro —57 páginas, 281 perfiles— y ha encargado su análisis sistemático a la inteligencia artificial Claude (Anthropic), sobre la base del texto completo del informe. El resultado es un trabajo de catalogación y cuantificación que ningún equipo humano podría completar en el tiempo que exige la actualidad informativa: cuántos periodistas reales figuran en la lista, cuántos políticos, cuántas etiquetas ideológicas y qué revela la propia metodología del documento sobre quien lo encargó. El análisis de Claude es la base; la valoración periodística y la firma son de esta redacción. El dossier del Interior es el documento. Las conclusiones, nuestras.

 

EL CENSO DE LOS MOLESTOS

El Ministerio de Marlaska elaboró en 2024 un dossier confidencial con perfiles, filiaciones políticas y valoraciones de los tertulianos más influyentes del país. El documento, filtrado el 8 de septiembre de 2026 por El Confidencial, mezcla periodistas reales con ex políticos, portavoces de partido y cantantes de rock. Y llega a calificar a un comunicador de «Desinformación».

 

Quién encargó el inventario y por qué

El Ministerio del Interior, a través de su Oficina de Comunicación, elaboró durante 2024 un documento clasificado como confidencial que cataloga a 281 personas que participan regularmente en tertulias de radio y televisión en España. El trabajo lleva el sello de la Oficina de Comunicación del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska y recoge para cada perfil: fotografía, trayectoria profesional, medios en los que colabora y, lo más revelador, una etiqueta ideológica asignada por los técnicos del gobierno. El ministro lo ha definido como «documento de trabajo». La definición es exacta, aunque omite la parte incómoda: un trabajo que clasifica a los ciudadanos por sus ideas.

 

El recuento: muchos menos periodistas de lo que parece

De los 281 perfiles que contiene el dossier, aproximadamente 120 a 130 pueden ser considerados periodistas en activo o con una trayectoria profesional consolidada en medios de comunicación. El resto es una amalgama que revela, por sí sola, la lógica del documento: no interesaba quién fuese periodista, sino quién hablaba en la radio y la televisión y con qué orientación política lo hacía.

Unos 35 a 40 perfiles corresponden a políticos en activo o ex políticos con militancia reconocida o cargo público reciente. Otros 35 a 40 son expertos, académicos, abogados, politólogos, sindicalistas y portavoces de organizaciones civiles como la OCU. Y entre 15 y 20 casos presentan una trayectoria mixta: periodistas que en algún momento ejercieron como asesores de comunicación, como portavoces de partido o como cargos orgánicos, y que el dossier trata con la misma metodología que a los demás.

El resultado es un catálogo heterodoxo en el que conviven José Luis Ábalos, Susana Díaz o Pablo Montesinos con médicos, jueces, sindicalistas y Ramoncín. El cantante de rock figura en el documento como tertuliano habitual de La Sexta. Consta su orientación ideológica.

 

La partitura ideológica: empate técnico con matices

La distribución política del dossier es casi simétrica, lo que podría interpretarse como un ejercicio de equidistancia o como la demostración de que el gobierno quería controlar el relato en todos los flancos. Aproximadamente el 40% de los perfiles han sido etiquetados como conservadores o de derechas, un porcentaje similar como progresistas o de izquierdas, y entre el 12% y el 15% aparecen clasificados como independientes, moderados o sin filiación ideológica nítida.

Los perfiles de extrema derecha son escasos pero significativos por cómo aparecen descritos. Eduardo Inda, Ángel Moya y Carlos Cuesta figuran en esa categoría. Cuesta merece mención aparte: el dossier lo califica directamente de «Desinformación», un juicio de valor que no tiene parangón en el resto del documento. Es la única ocasión en que la Oficina de Comunicación del gobierno sustituye una etiqueta ideológica por un veredicto editorial.

 

La lista de los políticos: un quién es quién sin disimulo

Entre los ex políticos y políticos en activo que el dossier convierte en tertulianos clasificados figuran nombres que ilustran la amplitud del espectro. Por la izquierda: José Luis Ábalos, Joan Baldoví, Carmen Caballero, Carolina Bescansa, Joan Coscubiela, Susana Díaz, Ramón Espinar, Luis García Montero, Gaspar Llamazares, Eduardo Madina, Cristina Narbona, Nicolás Redondo Terreros y Tania Sánchez Melero, entre otros. Por la derecha: Ignacio Aguado, Pedro Antonio Ayllón, Inocencio Arias, Edmundo Bal, Manuel Cobo, García Margallo, Ignasi Guardans, José María Lassalle, Andrea Levy, Carmen Martínez Castro, Pablo Montesinos, Elena Pisonero, Isabel Rábago, Elvira Rodríguez y Santiago Martínez-Vares.

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, aparece catalogada como tertuliana activa. Rodolfo Irago, que fue Dircom del PSOE, figura como periodista. Chema Crespo, con pasado en las filas socialistas, consta como director de Público. Pablo Montesinos, que ejerció como vicesecretario de Comunicación del PP, está recogido con la misma naturalidad. El dossier no distingue entre quienes un día militaron y quienes siguen en activo dentro de un partido. A efectos del inventario, todos son bocas que hablan en antena y tienen un color asignado.

 

Los antecedentes: un territorio infrecuente en democracia

Que un gobierno democrático español haya elaborado un fichero de periodistas y comunicadores clasificándolos ideológicamente no tiene, en la historia reciente del país, un precedente documentado de esta naturaleza y alcance. Sí existe el del CESID durante los gobiernos de Felipe González: los servicios de inteligencia militar realizaron seguimientos de periodistas, opositores y dirigentes sociales que tardaron años en salir a la luz y que generaron una de las crisis institucionales más prolongadas de la democracia española. Pero aquel era un organismo de inteligencia, con otras atribuciones y otro marco jurídico que, sin embargo, actuaba también fuera de él.

Lo que ahora ha filtrado El Confidencial procede del ministerio que dirige la seguridad del Estado y que tiene competencias sobre el CNI. No es un servicio secreto quien ha hecho el inventario: es la Oficina de Comunicación de Interior. La distinción es relevante, aunque no necesariamente tranquilizadora. El fin declarado —conocer el ecosistema mediático— es el mismo que podría argumentar cualquier gabinete de comunicación de una empresa privada. La diferencia está en que ninguna empresa privada tiene acceso a las bases de datos del Estado, competencias policiales ni capacidad de influir sobre las instituciones que regulan los medios.

En el plano internacional, los registros de periodistas elaborados por gobiernos son una señal de alerta que los organismos de defensa de la libertad de prensa asocian sistemáticamente a regímenes que han comenzado a restringir el pluralismo. No es el caso de España, pero el instrumento es el mismo.

 

Lo que el documento dice sin querer decirlo

Hay un detalle que resume mejor que ningún otro la mentalidad que produjo este dossier. Los portavoces de la OCU —una organización de consumidores sin ideología política— aparecen en el catálogo con su etiqueta de orientación. La Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior necesitaba saber si quien habla de las tarifas de la luz o de la cesta de la compra lo hace desde la derecha o desde la izquierda. No había excepción. No había nadie que fuera simplemente un experto hablando de su materia. Todo el mundo tenía un color.

Eso es lo que el documento revela cuando se lee completo: no una lista de peligrosos ni una operación de represalia, sino algo más banal y en cierto modo más perturbador. La mentalidad de quien lo encargó no concibe el espacio mediático como un territorio de ideas en circulación, sino como un tablero en el que cada pieza tiene bando. Y el gobierno necesitaba saber cuántas piezas tenía cada bando y en qué casillas estaban colocadas.

Marlaska puede llamarlo «documento de trabajo». Lo es. La pregunta que queda sin respuesta es para qué trabajo, exactamente.