La especulación que destroza vidas

Solemos envolver la violencia en palabras suaves cuando esa violencia no tiene nada de suave. Decimos «problema habitacional» para no decir desahucio; hablamos de «zona tensionada» o «mercado inmobiliario» para no hablar de familias expulsadas de sus barrios. Un vocabulario aséptico que disfraza una realidad brutal: gente que pierde su casa, su estabilidad y, en ocasiones, hasta las ganas de seguir adelante.

A esos propietarios del fondo buitre que han dejado a Mari Carmen, una anciana de 87 años, sin techo en Madrid, habría que hacerles una pregunta muy simple: ¿saben lo que significa un hogar? No es una propiedad. No es un activo. No es una inversión. Es el sitio donde alguien debería poder hacerse mayor sin temer que lo echen a la calle.

España lleva décadas tratando la vivienda como negocio antes que como derecho. Lo vi en mi barrio sevillano de la Feria durante los noventa: ancianas solas, contemplando cómo la especulación iba expulsando poco a poco a quienes habían levantado allí toda una vida. Aquello no fue un accidente. Fue un proceso con nombres, con beneficiarios y con demasiados cómplices callados —políticos que miraron para otro lado, vecinos que aprendieron a no preguntar—: décadas de políticas públicas que trataron el techo como una herramienta de crédito y ladrillo en lugar de blindarlo como un servicio público incontestable.

Y a veces el desenlace es todavía más extremo. Hace unas semanas, otra mujer de cincuenta y cuatro años se quitó la vida en Barcelona tras atravesar circunstancias personales devastadoras. No corresponde reducir una tragedia así a una causa única. Pero sí cabe preguntarse qué clase de sociedad estamos levantando cuando el miedo a perder el techo se suma a la lista de cargas que arrastra quien ya está al límite. No hace falta cruzar una frontera para toparse con vidas destrozadas. A veces basta con cruzar la calle.

Mientras los gobiernos se turnan, los jóvenes siguen sin acceso a la vivienda, las familias sobreviven mes a mes y miles de hogares penden de una carta, una llamada o una subida repentina del alquiler. Y aún nos toca escuchar que quienes acumulan pisos y lucran con una necesidad básica son, sencillamente, «empresarios».

Cuando el beneficio de unos pocos se construye sobre la fragilidad de otros muchos, ya no hablamos de mercado: hablamos de poder, de desigualdad, de vidas concretas que se rompen en silencio. Y después de décadas de especulación tolerada, de gobiernos que la favorecieron y miraron hacia otro lado, y de propietarios que convirtieron el derecho a la vivienda en su negocio más rentable, quizá ha llegado el momento de decirlo claramente: esto no es un mercado que falla. Es violencia económica y social contra la gente corriente: se ejerce sin armas, pero tiene la misma capacidad de destruir vidas, sembrar miedo y dejar cadáveres —a veces literales— por el camino.