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Libro sobre los ERE: «Más corrupción, menos periodistas para investigar»

Entrevista: «El periodismo de investigación es una bandera que te distingue de la competencia»

Sebastián Torres y Antonio Salvador, de El Mundo Andalucía, presentan El saqueo de los ERE’, “retrato de una forma de gobernar en Andalucía durante años”

Gonzalo Gragera / Guillermo Hildebrandt / Redacción C. A.- La editorial Libros.com ha editado recientemente un libro que cristaliza años de trabajo e investigaciones sobre un suceso de corrupción; en concreto, el mayor caso de corrupción del que ha habido constancia los últimos años en Andalucía: el caso ERE. Sus artífices, los periodistas de El Mundo Andalucía Sebastián Torres y Antonio Salvador, atienden a Confidencial Andaluz en su recientemente diezmada redacción una mañana de diciembre. La charla, distendida, repasa algunos datos clave y se convierte en una concatenación de confidencias periodísticas para entender qué pasó, cómo se desarrolló y qué curso tomará uno de los mayores escándalos del actual periodo democrático en España.

Pregunta: ¿Por qué este libro se financia con la aportación de los lectores, mediante el método de crowfunding o micromecenazgo?

Sebastián Torres: Libros.com es una editorial y si lo hemos hecho con ella es porque ha sido la primera que apostó por la idea. Nosotros vimos bien la oferta que nos plantearon, que era esta, la financiación mediante crowfunding. Nosotros nunca dimos el paso de publicar un libro sobre los ERE, sino que fue la editorial la que vino a nosotros.

Antonio Salvador: Ha sido la evolución natural de nuestro trabajo. Nosotros nos decíamos: «Algún día tendremos que publicar el libro». Y así ha sido.

STorres
Sebastián Torres. / G.H.

P: ¿Cómo describiríais la labor de síntesis y recopilación en un caso tan extenso como este?

S. T.: No se trata ni hemos pretendido hacer un resumen del sumario, tan sólo nos quedamos con la esencia de lo sucedido todos estos años de instrucción e investigación. Contamos el caso ERE, es decir, el caso de un sistema de prejubilaciones fraudulentas que acogía a 6.500 trabajadores de diversas empresas. En este sentido, nos hemos refugiado en los datos esenciales sin elaborar un sumario editado en pequeñas dimensiones. Nuestro trabajo consiste en contar con otras palabras lo que creemos que ha pasado. De este modo, el libro aporta un tono distinto al que pudiéramos esperar de una noticia o de una información del periódico. Pongo como ejemplo el retrato en profundidad que hacemos de Francisco Javier Guerrero, personaje principal de la trama. En resumen, el libro aporta cosas diferentes, no es una recopilación de trabajos periodísticos.

A.S.: El tomo no resume las 117.000 páginas que forman el sumario, ni se queda solo con lo anecdótico, como la coca, la prostitución, etc. Contamos, pongo otro ejemplo, una conversación de ocho horas que tuvimos con el imputado, el tránsfuga del caso, Eduardo Pascual. Cosas así son imposibles de relatar en un periódico, por algo muy sencillo: cuestiones de espacio y límite de la publicación.

P: ¿Qué debe tener un trabajo periodístico para ser considerado un trabajo de investigación?

S.T.: El periodismo de investigación tiene tres rasgos fundamentales, consensuados por académicos y periodistas expertos en la materia: el trabajo debe ser fruto de la labor de un periodista, no nos vale la transcripción de un dosier o la recopilación de declaraciones en una rueda de prensa; el tema sobre el que se trate debe ser de interés general, y debe ser algo que el poder quiera mantener oculto. El caso ERE cumple con estos tres requisitos.

[blockquote style=»1″]La partida de Chaves era conocida, por supuesto, lo que no se conocía era el destino de esa partida. Nadie se imaginaba que bajo el nombre de la 31-L se escondían los fines que más tarde se fueron destapando.[/blockquote]

 

P: ¿Nadie investigó o imaginó qué destino tendría la partida presupuestaria creada por Manuel Chaves en 2001?

A.S.: La partida de Chaves era conocida, por supuesto, lo que no se conocía era el destino de esa partida. Nadie se imaginaba que bajo el nombre de la 31-L se escondían los fines que más tarde se fueron destapando. Nadie se preocupó, nadie se preguntó qué se estaba perpetrando o cuál era el puerto de esta partida presupuestaria.

Un momento de la entrevista. / G.H.
Un momento de la entrevista. / G.H.

S.T.: Una anécdota al respecto: un día, Javier Rubio, responsable por aquel entonces de la sección de Sevilla, me manda a una rueda de prensa en la que la Junta de Andalucía anunció la contribución de un dinero en manos de esta, es decir, público, para sanear las cuentas de la Cartuja de Pickman. A nosotros no nos interesaba el tema en sí, pero sí nos interesó saber de cuánto dinero estábamos hablando, cuánto costaba rescatar a esta empresa. Nuestra sorpresa llega cuando averiguamos que en el acuerdo entre la Junta y la empresa se firma una cláusula de confidencialidad, que no nos permite conocer la cantidad de dinero invertido. ¿En qué país vivimos? Este es un ejemplo muy ilustrativo sobre cómo funcionaba todo en cuanto a opacidad y poca transparencia.

P: ¿Cómo surge la idea de investigar el caso ERE por parte de la prensa y los medios de comunicación, en concreto en El Mundo Andalucía?

S.T.: Todo sucede cuando la jueza Mercedes Alaya, investigando el caso de Mercasevilla, le pregunta a la Junta de Andalucía si el dinero de los ERE de Mercasevilla existió, si fue real. Daniel Rivera, el director general de Trabajo, dice que sí en un informe redactado a la jueza Alaya, pero que este dinero no se ajustó a ningún procedimiento legalmente establecido. Ahí comienza todo.

P: ¿En qué momento o en qué fase se encuentra ahora mismo el caso?

A.S.: A punto de cumplirse cinco años de instrucción, estamos en un momento crucial, en que habrá que ver cómo se pronuncian las instancias superiores en relación con el trabajo de la jueza María Núñez Bolaños, cuestionado en puntos muy concretos por el Ministerio Fiscal y acusación popular del PP. El momento, ya decimos, es fundamental: la jueza Bolaños, instructora hoy día de la causa, ha decidido delegar recientemente en el magistrado de apoyo la instrucción de las piezas separadas, entre ellas, la del procedimiento específico: la que afecta a los dos expresidentes de la Junta o otros altos cargos.

P: ¿Hubo presiones a vosotros y al periódico a lo largo de la investigación?

S.T.: Quienes sí han recibido presiones han sido nuestras fuentes. Uno de los obstáculos del periodismo de investigación es que se intenta descubrir quién es la fuente y se presiona a esta o a otras posibles fuentes. Eso sí lo hemos visto.

Torres y Salvador en la redacción de 'El Mundo de Andalucía'. / G.H.
Salvador y Torres, en la redacción de ‘El Mundo de Andalucía’. / G.H.

A.S.: Más que presiones, reticencias. Sobre todo de la Administración andaluza. En el libro se cuenta cómo Sebastián Torres redacta y envía a la Consejería de Empleo un correo en que se trataba de aclarar y contrastar una información relacionada con el caso, mucho antes de que se destapara. La Administración pública, dotada con el criterio de transparencia, no aporta esa información. Eso es lo lamentable, que la Junta de Andalucía, personada como acusación en la causa, más allá de tener una actuación, en determinadas circunstancias sus actitudes no han invitado a pensar que su fin fuese esclarecer nada.

 

[blockquote style=»1″]De todas formas, hay voces, incluso la Fiscalía, que alertan hoy día de que la deriva de la instrucción puede generar una puerta a la nulidad, debido a la posible indefensión a la que se estaría sometiendo a los investigados por un defecto de forma. [/blockquote]

 

P: ¿Cómo se toma la juez Mercedes Alaya su relevo, su sustitución en la causa?

A.S.: Creemos que la primera sorprendida del relevo fue la propia Mercedes Alaya, pues, entre otras circunstancias, había otros nombres –Ana Rosa Curra o Álvaro Martín– encima de la mesa para su sustitución; es decir, en los medios y en los círculos de la judicatura se manejaban otras posibilidades. Lo asombroso llega cuando se hace público que el marido de María Ruiz Bolaños –titular durante once años de un juzgado de familia–, el forense Julio Guija, mantenía amistad con el actual consejero de Justicia, Emilio de Llera. Por otra parte, en este hecho la juez Alaya comete, según nuestro criterio, un error al enviar al Consejo General del Poder Judicial una carta cuestionando la imparcialidad de la autoridad competente, Núñez Bolaños.

P: ¿En qué situación quedan Griñán y Chaves?

S.T.: Griñán y Chaves tienen una responsabilidad política innegable desde la óptica de los periodistas y los ciudadanos. De todas formas, hay voces, incluso la Fiscalía, que alertan hoy día de que la deriva de la instrucción puede generar una puerta a la nulidad, debido a la posible indefensión a la que se estaría sometiendo a los investigados por un defecto de forma.

A.S.: El Tribunal Supremo, en sus resoluciones, solo ha imputado el delito de malversación a José Antonio Viera. Esto puede tener importancia en lo que queda de instrucción.

P: Durante la conversación ha aparecido lo ingente que resulta un trabajo de investigación periodística. ¿En qué situación se encontrará el periodismo de investigación si persiste la coyuntura de precariedad y despidos en las redacciones de los principales medios, como hemos visto recientemente en El Mundo Andalucía?

Antonio Salvador. / G.H.
Antonio Salvador. / G.H.

S.T.: La ciudadanía cada vez demanda más informaciones como la que aporta este libro, pero eso no se traduce en el pago de la información. La ciudadanía tiene una conciencia crítica muy elevada, pero por otra parte no ha asimilado que por un producto periodístico se tiene que pagar un precio. Esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de hablar de crisis en el periodismo.

A.S.: Es una triste paradoja: cuantos más casos de corrupción hay, menos periodistas hay para investigar. Y que no se olvide: el periodismo de investigación es una bandera que te distingue de la competencia. Se equivoca quien piensa que la calidad de la industria periodística solo afecta a los periodistas o a los accionistas de un periódico, afecta también a la calidad democrática de un país.