Andalucía en el libro de Leire Diez
Las charlas de Susana Díaz con Sánchez en la víspera del 26-J llegaron a Interior a través de un comisario amigo íntimo del suegro del candidato.
Las conversaciones de Susana Díaz con Pedro Sánchez en la víspera del 26-J llegaron al número dos de Interior a través de un comisario que era amigo íntimo del suegro del candidato. Es el hallazgo más grave sobre Andalucía en «Desmontando las cloacas», y el libro lo despacha en dos párrafos. Su autora, Leire Díez, sitúa en Andalucía el origen de dieciocho años de espionaje al PSOE y sostiene que los ERE nacieron de un infiltrado de Villarejo. No aporta un solo documento que lo pruebe. Tampoco cuenta que Gaspar Zarrías le pagó 16.000 euros por intentar demostrarlo, sin éxito. Remite 42 veces a un segundo tomo, construye el libro sobre el archivo de una periodista que ya no puede responder y lo escribe con más adjetivos de los que su material necesita.
Desmontando las cloacas tiene doce capítulos, unas 175.000 palabras de texto y un anexo con 1.073 referencias documentales. Su autora, Leire Díez, exmilitante socialista e investigada por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, lo presenta como el primero de tres libros. La tesis cabe en una frase de su prólogo: hubo una cloaca en Interior durante los años de Rajoy, con Villarejo como brazo ejecutor, y cuando lo apartaron, otra ocupó su lugar en la Fiscalía Anticorrupción, alrededor del fiscal José Grinda. Andalucía aparece pocas veces, pero en un lugar decisivo: el libro la convierte en el punto de partida de todo.
Un archivo ajeno y una voz que ya no puede responder
Conviene empezar por lo que el libro es, antes de entrar en lo que dice. No es, en lo esencial, una investigación de Leire Díez. Es el archivo de Patricia López, periodista de Público y después de Crónica Libre, el digital que fundó en 2022, que murió de cáncer el 21 de diciembre de 2025. Son más de quince mil mensajes, cerca de quinientas notas de voz y cuatro gigas de documentos, a los que se suman los audios de Villarejo que desencriptó el empresario Javier Pérez Dolset. La propia autora lo reconoce sin rodeos en el epílogo: Patricia ordenó su archivo sabiendo que se moría, firmó el 25 de noviembre un acta de manifestaciones de cinco folios y el material le llegó a ella, que era «su socia y su amiga».
El gesto puede ser legítimo, pero plantea un problema de método que el libro no resuelve. La persona que reunió los documentos, que sabía de dónde venía cada pieza y en qué contexto se dijo cada frase, ya no puede confirmar, matizar ni desmentir nada. Quien firma el libro tiene además un interés procesal directo en lo que cuenta, y lo admite: «estoy investigada por ella», escribe sobre esta historia. ¿Es el libro de Patricia López o el alegato de defensa de Leire Díez? Probablemente las dos cosas, y el lector merece saber en cada página cuál de ellas está leyendo.
El libro de los aplazamientos
El segundo libro se menciona 42 veces, sin contar otras veinte remisiones a lo que «tiene libro propio» o se contará «en el siguiente». Lo que se aplaza no es lo accesorio, sino justamente lo más escandaloso. Aplaza las 167 operaciones encargadas a Villarejo, de las que aquí se cuentan diecisiete. También el desglose de los ERE y la Operación Cataluña completa, junto con el caso Sandro Rosell y el montaje contra Ignacio González. Faltan el audio del comisario Olivera sobre los adversarios a los que se deja «muertos civilmente» y la nota «Riesgos PS» sobre la familia política de Pedro Sánchez. Tampoco está la orden, «con su fecha y su hora», de que el archivo de Villarejo no llegara al PSOE. Ni los 301 delitos que las denuncias atribuyen a Grinda, uno a uno. Ni lo que obtuvieron del poder los cinco grupos de comunicación que figuran en las agendas del comisario, ni la guerra de Grinda contra sus fiscales jefe. Y queda pendiente un enigmático «asunto de Jaén», que aparece en el índice del segundo tomo sin una línea de explicación en el primero.
El primer tomo funciona así como un tráiler de 175.000 palabras. Y la promesa de los tres tomos ni siquiera figura en el libro, que solo anuncia el segundo; procede de lo que la autora ha contado a la prensa. ¿Cuánto de lo que se aplaza existe documentado y cuánto es todavía una promesa? El lector solo puede comprobarlo comprando el siguiente.
Andalucía, el origen sin papeles
Lo andaluz se concentra en el primer capítulo, y las afirmaciones son de calibre. La carpeta «Operación PSOE», una de las cinco del archivo de Villarejo que la autora asegura no haber publicado nunca, empezaría en Andalucía en 1998. Arrancaría con una nota sobre supuestos pagos a dirigentes socialistas andaluces, elaborada «a petición de la máxima Superioridad»; el libro no dice quién era esa Superioridad en el primer Gobierno de Aznar. Según la autora, entre 2006 y 2012 la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla hizo más de doce mil investigaciones «prospectivas» sobre cargos socialistas, es decir, sin delito previo. A eso añade cinco operaciones sobre fondos públicos de la Junta, entre Sevilla, Málaga y Cádiz: Invercaria, Jeremie, Isofotón, Green Power y Bahía Competitiva. Y sostiene que el caso de los ERE se puso en marcha a través de un infiltrado en Manos Limpias que informaba por escrito a Villarejo.
Ninguna de esas afirmaciones remite a un documento del anexo. En un libro que cita con código de fuente hasta un mensaje de dos palabras, el origen de la causa de corrupción más grave de la historia de Andalucía se despacha sin una sola referencia. Las cinco operaciones descansan sobre «la denuncia», que es la del propio entorno de la autora, y su desarrollo se remite al segundo libro. La propia autora admite que entre las notas desencriptadas no hay ninguna sobre los ERE: el material estaba en papel, lo intervino la justicia y, según su versión, se lo pasó Grinda a Patricia López. El papel que lo probaría todo es, precisamente, el que no se enseña.
El registro judicial cuenta otra historia, más prosaica. La instrucción de los ERE la abrió la jueza Mercedes Alaya en enero de 2011 a partir del caso Mercasevilla y de la declaración del exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero. Manos Limpias fue acusación popular, junto al PP andaluz. El libro no contrasta nada de esto.
Tampoco resiste la aritmética el amaño electoral. De las seis elecciones que el libro da por manipuladas, las andaluzas reciben una sola línea: «Andaluzas: los ERE, en campaña». Ni fecha, ni cronología, ni documento, mientras que Galicia, Cataluña o Euskadi se reconstruyen día a día. Si se trata de las del 25 de marzo de 2012, el amaño fracasó: Javier Arenas ganó con 50 escaños, se quedó sin mayoría absoluta y Griñán siguió gobernando con Izquierda Unida. Extraña operación de Estado la que entrega el poder al adversario.
La única historia andaluza con sentencia es la de Estepona. En 2007, la operación Astapa llevó a la cárcel al alcalde socialista Antonio Barrientos, que pasó seis meses en prisión preventiva. La Audiencia Provincial de Málaga lo absolvió en noviembre de 2024, diecisiete años después, junto a otros treinta de los cincuenta acusados. El PSOE perdió aquel ayuntamiento y no lo ha recuperado. Es el mejor argumento del libro y también el más conocido. El vínculo con Villarejo, sin embargo, vuelve a quedar en afirmación.
Susana Díaz y el amigo del suegro
El pasaje andaluz mejor documentado es también el que menos espacio ocupa. El 25 de junio de 2016, víspera de las generales, a las 17:27, el comisario Enrique García Castaño, «El Gordo», jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, escribe al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez: «Hoy en casa de sanchez, hablando por telefono, con susana diaz, decian que habia empate». Media hora después identifica la fuente: «un familiar de sanchez». Al día siguiente, con las urnas abiertas, Martínez le pide las encuestas internas del PSOE. El comisario se las da, «El psoe dice 86-91», y añade lo que la presidenta de la Junta «le acaba de decir a un amigo». El PSOE obtuvo esa noche 85 escaños: el sondeo interno que tenía Interior era prácticamente exacto. Y aquí la fuente no es el archivo de una periodista fallecida, sino el volcado judicial del teléfono de Martínez.
¿Qué familiar? El libro no lo dice, pero deja las piezas tan juntas que la respuesta casi se impone. Nueve meses antes, el 1 de octubre de 2015, el ministro del Interior había pedido «toda la información de las saunas» del suegro de Sánchez, y Martínez preguntó al Gordo por ese negocio. El comisario respondió en un minuto: «si quieres le pregunto a sabi el suegro de pedro sanchez». Dos minutos después añadía que Sabiniano Gómez era «de derechas y mi amigo desde hace muchos años», y que a su hija, la mujer del candidato, la conocía «desde pequeñita». Remataba con una recomendación que lo dice todo: «silencio radio que ganamos y sabemos mas de esta forma». La amistad no se enfrió con los años. El 1 de junio de 2018, el día en que la moción de censura llevó a Sánchez a la Moncloa, García Castaño escribía que acababa de comer en Pozuelo con el suegro. Cuarenta minutos después preguntaba dónde afiliarse al PP.
Un comisario de inteligencia, amigo íntimo del padre de Begoña Gómez y con acceso a la familia, informa de lo que se habla en casa del candidato y lo atribuye a «un familiar». La conclusión parece evidente. Pero conviene distinguir lo que está escrito de lo que se deduce. García Castaño nunca escribe el nombre de su fuente en esos mensajes, y nada en ellos indica que el suegro supiera que lo que contaba en confianza a un viejo amigo terminaba en el despacho del secretario de Estado de Seguridad. Una cosa es una fuente y otra un confidente, y el libro no se molesta en separarlas. Tampoco aclara si es el mismo «pariente» que, en agosto de 2017, le contó al comisario la posición de Sánchez sobre Cataluña.
Por la misma razón hay que precisar qué fue lo que se espió. No consta que se interviniera el teléfono de Susana Díaz. Lo que consta es que sus conversaciones con el candidato socialista viajaban desde el entorno familiar de Sánchez hasta Interior, y que había un segundo canal en el círculo de la propia presidenta, ese «amigo» al que se lo acababa de contar. Para la presidenta de una comunidad autónoma, ninguna de las dos cosas es menor.
El contexto multiplica el alcance de esos mensajes. En junio de 2016, Susana Díaz era el principal contrapoder de Pedro Sánchez dentro del PSOE. El 29 de agosto, el mismo canal le informa al número dos de Interior de que Fernández Vara y Javier Fernández piden a varios diputados que se abstengan en la investidura de Rajoy, y de que Sánchez amenaza con expulsiones: «la informacion es directa». Un mes después, el Comité Federal del 1 de octubre forzó la dimisión de Sánchez. El 29 de octubre, la abstención socialista hizo presidente a Rajoy. El Ministerio del Interior siguió en tiempo real, y desde dentro, la guerra interna del principal partido de la oposición que acabó investiendo al presidente del Gobierno de ese ministerio.
¿Quién era el amigo de Susana Díaz? ¿Se preguntó a la expresidenta andaluza si sabía que sus conversaciones llegaban al despacho del secretario de Estado de Seguridad? El libro no lo pregunta. Lo cuenta en dos párrafos y pasa a otra cosa, cuando era material para un capítulo entero.
Lo que el libro no cuenta de Andalucía
En todo el libro hay una sola mención al apellido de Gaspar Zarrías, y no la identifica la autora: aparece como «ZARRIA» en una nota policial de 2014, en la lista de dirigentes socialistas sobre los que un mafioso ruso decía tener información. El lector no sabrá por estas páginas lo que Zarrías declaró ante el juez en abril de 2026. Exvicepresidente de la Junta y condenado en los ERE hasta que el Constitucional anuló la sentencia, contó que pagó a Leire Díez 16.000 euros, entre junio y octubre de 2024, a través de su consultora Zaño. El encargo era investigar si Villarejo estuvo detrás del caso ERE. Según el propio Zarrías, el informe que recibió no demostró nada. Hoy ambos están imputados en la causa del juez Pedraz.
El libro presenta ahora como hecho, sin documento que lo respalde, la tesis que la autora no logró probar ante quien le pagó por probarla. Y no declara ese encargo. Puede ser un error, una omisión deliberada o algo peor; cada categoría tiene su nombre, y no conviene mezclarlas. Pero en un libro que exige transparencia a fiscales, policías y periodistas, el silencio sobre el propio conflicto de interés no es un detalle.
Podría estar mejor escrito
La forma tampoco ayuda al fondo. La expresión «no hace falta» se repite 26 veces y «fíjense», diez. Otras diez veces se pide al lector que lea algo otra vez, y «lo que está mal, está mal» aparece seis. Abundan los párrafos de una línea con pretensión lapidaria, algunas citas se reproducen dos veces y las anticipaciones se acumulan sin orden. Los insultos sustituyen al análisis: «machirulos», «Rompetechos», «quien nace puerco muere gorrino». Un editor con oficio habría recortado un tercio del texto y habría ganado credibilidad. Lo que podía ser un dosier documental se queda a medio camino del panfleto, y el panfleto es el género que más fácilmente permite a los aludidos no responder a lo que importa.
Porque lo hay. Hay mensajes judiciales que retratan a un Ministerio del Interior espiando al principal partido de la oposición en plena campaña, y hay un alcalde absuelto diecisiete años después de pisar la cárcel. Merecían un libro mejor contado y una autora sin cuentas pendientes con lo que cuenta.
Andalucía es, según Leire Díez, donde empezó todo. Las pruebas, en el próximo tomo.