Borrás

La sentencia de cuatro años, seis meses y un día de cárcel  condenando a Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya (JxCAT) acrecienta la crisis del independentismo en Cataluña. La condena a prisión por falsificación documental y prevaricación e inhabilitación de 13 años y multa de 36.000 euros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enfriado la posibilidad de indultar a la presidenta suspendida del Parlament y líder de Junts per Catalunya (JxCat) por considerar que se trata de un «caso flagrante de prevaricación y de mal uso de los recursos públicos».

La  pregunta política es si es conveniente que una convicta ocupe la cúpula de Junts que le paga cien mil euros de euros de sueldo y un chófer y un asistente. Borràs no tiene intención de dimitir y perder su canongía. La decisión de mantenerla en la presidencia del partido hasta después de las municipales puede perjudicar a Xavier Trias en la batalla por Barcelona. El diputado de la CÚP Xavier Pellicer ha dejado claro que la expresidenta del Parlamento ha sido condenada por unos hechos que nada tienen que ver con el independentismo, con el 1-O ni con ninguna movilización independentista”. En su opinión hace “un mal servicio al independentismo” y un “uso irresponsable de su caso”, envolviéndose en la cuatribarrada estelada como mártir de la acción contra los jueces represores. Pere Aragonès ha insistido en sus declaraciones tras la condena de Borrás en que “es imprescindible que los grupos parlamentarios del Parlament tomen las decisiones que estén en sus manos para que todas las instituciones, también la presidencia, puedan funcionar. Espero que todo el mundo tome las decisiones más adecuadas para preservar la dignidad y honorabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones”. Añadiendo, por si no se entendiera su opinión, que la presidenta de JxCAT, “en lo que es una estrategia de defensa personal y legítima, en ningún caso debería escudarse en una causa común y compartida, como es la causa por la independencia de Cataluña”.

En el Parlament, el PSC, Vox, la CUP, Ciudadanos, Comunes y el PP han pedido que deje ya el escaño por higiene democrática. Es posible que en las próximas elecciones  la JEC le retire la acreditación parlamentaria, con lo que perdería la condición de diputada y la de presidenta del Parlament, porque considera que los condenados por delitos contra la Administración pública, aunque no sea por sentencia firme, son inelegibles.  El 25,9% de la población, en riesgo de pobreza – Gencat – de la residente en Cataluña estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021 que es del último año con estadísticas comprobables y publicadas. Conviene recordarlo.