Catorce procesos judiciales vivos en Andalucía, aunque no lo parezca

La conversación pública sobre la corrupción tiene hoy una dirección postal: Madrid. Allí está la Audiencia Nacional, que investiga la trama de contratos por la que fueron detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Allí están también el Tribunal Supremo, los juzgados de plaza de Castilla y las tertulias que los comentan a diario.

Pero una revisión de las causas abiertas en los juzgados y tribunales andaluces ofrece otra geografía de la corrupción. A 30 de septiembre de 2026 siguen vivas al menos 14 investigaciones de relevancia pública, a las que se suman otras tres cuyo estado procesal resulta menos claro. Y una sola de ellas, el caso ERE, arrastra todavía 106 procedimientos pendientes entre causas que continúan en el juzgado y otras ya elevadas a la Audiencia Provincial.

¿Quién habla de ellas?

Conviene hacer una precisión obvia antes de seguir: estar investigado no significa ser culpable, del mismo modo que una detención no equivale a una condena. Precisamente por eso resulta necesario seguir estas causas hasta el final. La corrupción no se combate mediante titulares ni mediante condenas anticipadas, sino mediante investigaciones que lleguen a sentencia en un plazo razonable.

El caso más grave por su alcance político y por el volumen de personas investigadas es también uno de los menos seguidos fuera de la provincia. Es el caso Mascarillas de la Diputación de Almería, gobernada por el PP.

La investigación comenzó en 2021 y ha ido creciendo hasta alcanzar, según el último informe de la UCO incorporado a la causa, 43 personas físicas y jurídicas investigadas. La instrucción examina distintas líneas relacionadas con contratos de material sanitario y obras públicas, así como el supuesto pago de comisiones. Entre los investigados se encuentran el expresidente de la Diputación Javier Aureliano García, sus antiguos vicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria, empresarios, cargos públicos y familiares.

Javier Aureliano García fue detenido por la UCO en noviembre de 2025 y quedó posteriormente en libertad con medidas cautelares. Dimitió de la Presidencia de la Diputación y dejó también su acta. En junio de 2026 terminó la ronda de declaraciones de los 43 investigados y se acogió a su derecho a no declarar.

La causa no se ha quedado siquiera en los contratos de mascarillas. El juez abrió además una pieza relacionada con un viaje a Madrid realizado en junio de 2025 por García y su jefa de gabinete, cuyos gastos —1.892,84 euros— fueron cargados a la Diputación pese a que, según la investigación, el entonces presidente no acudió a la reunión de trabajo que justificaba el desplazamiento.

43 investigados, una operación de la UCO, la detención del presidente de una diputación, su dimisión y varias líneas de investigación sobre contratación pública. En Madrid, un expediente con esas características habría ocupado durante semanas portadas, tertulias y aperturas de informativos.

En Andalucía, no.

Del PP al SAS: el mapa se extiende

No es el único procedimiento que afecta a dirigentes populares.

En Estepona, el alcalde José María García Urbano afronta una investigación judicial relacionada con la contratación como personal eventual de una mujer con la que mantenía una relación sentimental. La Fiscalía ha pedido cinco años y medio de prisión por prevaricación y malversación.

Pero existe además otra derivada. La UDEF investiga la concesión durante 20 años de un restaurante y mirador situado en el edificio El Mirador del Carmen a una sociedad vinculada a la pareja de uno de los hijos del alcalde. Los investigadores sospechan que el procedimiento pudo servir para ocultar al beneficiario efectivo de la concesión. En julio, la jueza reclamó al Ayuntamiento toda la documentación relacionada con el expediente y suspendió la declaración del regidor hasta disponer de ella.

En El Puerto de Santa María, la Guardia Civil detuvo en julio a once personas en una investigación sobre patrocinios públicos de conciertos y otros eventos. La causa examina posibles delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. Los agentes requirieron cinco expedientes de patrocinios a la Diputación de Cádiz.

La investigación tiene además una dimensión económica considerable: la Guardia Civil analiza patrocinios por alrededor de un millón de euros abonados por la Diputación a un empresario investigado.

En Granada, el Juzgado de Instrucción número 8 investiga al exalcalde de Maracena Julio Pérez, del PP, por presunta prevaricación administrativa y malversación. El Ayuntamiento denunció la contratación de servicios para elaborar informes económicos y patrimoniales sobre personas y empresas, entre ellas adversarios políticos, por un coste de 2.375,65 euros. La investigación judicial se abrió en marzo.

Y luego está el Servicio Andaluz de Salud, un territorio judicial que por sí solo justificaría una investigación periodística específica.

En Cádiz, el Juzgado de Instrucción número 3 investiga la contratación mediante contratos menores realizada por el SAS en 2021. Los informes de la Intervención contabilizaron 135.767 facturas por un importe de 235,4 millones de euros, repartidas en 175 expedientes. Una muestra de esos expedientes detectó anomalías en todos los casos examinados, según los informes incorporados a la causa. El juez llegó a solicitar a la Intervención General del Estado una revisión pericial del conjunto de los contratos.

Y Cádiz no es la única pieza sanitaria. En Sevilla existe otra investigación sobre los contratos de emergencia adjudicados por el SAS a clínicas privadas entre 2020 y 2024, por un importe superior a 234 millones de euros, en relación con procedimientos de contratación realizados cuando ya había decaído el marco extraordinario utilizado durante la pandemia.

En Córdoba, el Juzgado de Instrucción número 4 abrió diligencias sobre más de un centenar de contratos de la Plataforma Logística Sanitaria-Hospital Reina Sofía correspondientes a 2020 y 2021. La investigación examina, entre otras cuestiones, si hubo fraccionamiento o prórrogas indebidas y posibles delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude.

Y hay otra causa especialmente delicada. En Huércal-Overa, un juzgado investiga al SAS por un posible delito de homicidio por imprudencia tras la muerte de un hombre de 86 años que padecía cáncer de mama. La jueza ha solicitado el historial médico completo y una valoración forense para determinar si la actuación sanitaria pudo tener relación con el fallecimiento. La familia sostiene que pudo existir un retraso en el seguimiento de la enfermedad. La investigación acaba de comenzar y, por tanto, no existe una conclusión judicial sobre esa relación causal.

La causa sevillana sobre los contratos de emergencia fue archivada en enero, pero el recurso presentado contra ese archivo mantiene abierta la vía ante la Audiencia. Un archivo, por cierto, no es una absolución ni una condena: es una decisión procesal que puede ser recurrida.

El pasado socialista que no termina de juzgarse

La otra mitad del mapa pertenece al PSOE y a su larga etapa de gobierno.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla es, por sí mismo, un monumento a la lentitud judicial. Quince años después de las primeras diligencias, el caso ERE todavía conserva 106 procedimientos pendientes: 60 siguen en trámite en el juzgado —39 en diligencias previas y 21 en fase intermedia— y otros 46 corresponden a procedimientos ya elevados a la Audiencia Provincial, de los cuales 26 cuentan con sentencia y cuatro permanecen pendientes de juicio.

No se trata solamente de una cuestión estadística. Una macrocausa que se prolonga durante tres lustros cambia también la naturaleza de la información. Los protagonistas desaparecen de la primera línea, los gobiernos cambian, los periodistas cambian de destino, los ciudadanos olvidan los nombres y las responsabilidades políticas se diluyen mucho antes de que llegue el último auto.

En ese mismo juzgado, la pieza de contrataciones de la FAFFE continúa abierta. En 2025 el juez citó a 21 investigados y prorrogó la instrucción para investigar supuestas irregularidades en contrataciones con empresas, justificación de subvenciones y contratación de personal.

Invercaria ofrece otro ejemplo de una justicia que llega cuando la política hace tiempo que ha cambiado de escenario. Una de sus últimas piezas de instrucción se cerró en febrero de 2026 después de 14 años de investigación, con siete antiguos responsables procesados y más de seis millones de euros concedidos a una empresa bajo investigación. Pero el cierre de la instrucción no significa el final del procedimiento: quedan por delante las fases de juicio y sentencia.

Y el socialismo contemporáneo tampoco queda fuera del mapa. En Sevilla se investiga la operación urbanística relacionada con una parcela pública de unos 10.000 metros cuadrados en El Higuerón. En febrero, la UCO detuvo a Rafael Pineda, que había sido jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, y a otras cuatro personas. La investigación gira alrededor de una operación en la que una sociedad vinculada a la esposa de Pineda habría comprado a Emvisesa el suelo por 1,7 millones de euros y posteriormente se habría producido una operación de venta por 3,9 millones.

Son hechos bajo investigación, no hechos judicialmente probados.

Cuando la justicia llega tarde

Los datos permiten distinguir al menos tres causas de esta lentitud, y ninguna exculpa a nadie.

La primera es estructural. Las grandes investigaciones andaluzas se tramitan muchas veces en juzgados ordinarios que tienen que atender simultáneamente miles de procedimientos comunes. La complejidad de una macrocausa se suma así a la carga ordinaria de un juzgado que no fue diseñado para investigar durante años decenas de contratos, cientos de empresas, miles de documentos y numerosos investigados.

El problema se ve con claridad en Montoro, aunque en este caso se trate de una investigación de naturaleza distinta. El juzgado encargado de la causa del accidente ferroviario de Adamuz presta servicio a un partido judicial de unos 43.000 habitantes y tenía una plantilla de doce funcionarios, reforzada posteriormente con tres interinos para afrontar la macrocausa. La propia Junta destinó 130.000 euros al refuerzo y las horas extraordinarias.

La segunda causa es el tiempo. Y en Andalucía el tiempo judicial ha demostrado ser capaz de convertir una eventual responsabilidad penal en un problema de calendario.

El ejemplo más expresivo es el de Dos Hermanas. La jueza archivó en junio la causa sobre la contratación de Paco Salazar por el Ayuntamiento durante la etapa de Francisco Toscano. La magistrada descartó indicios suficientes de malversación y tráfico de influencias, pero consideró que la contratación había prescindido de trámites esenciales y que el eventual delito de prevaricación había prescrito al haber transcurrido más de diez años.

Es difícil encontrar una ilustración más limpia de lo que significa que la justicia llegue tarde: una irregularidad puede sobrevivir al procedimiento administrativo, pero la responsabilidad penal puede no sobrevivir al calendario.

La tercera causa es la distancia del foco.

Las causas madrileñas afectan al Gobierno central, a instituciones nacionales, a aforados y a dirigentes cuya actividad ocupa diariamente las agendas de las grandes redacciones. Las andaluzas afectan a diputaciones, alcaldías, organismos autonómicos, empresas públicas y contratos repartidos por ocho provincias.

El resultado es una percepción deformada. Parece que la corrupción es fundamentalmente un fenómeno de Madrid cuando, en realidad, es un fenómeno asociado al ejercicio del poder allí donde este se encuentre.

El poder también se ejerce desde un palacio provincial de Almería. Desde un ayuntamiento de la Costa del Sol. Desde una diputación gaditana. Desde una central de compras del SAS. Desde una empresa pública sevillana.

¿Es menos grave malversar en Almería que en Madrid? ¿Merece menos atención un contrato troceado en Cádiz que uno presuntamente amañado en un ministerio?

La respuesta, desde el punto de vista del interés público, debería ser la misma: el dinero público es público en Madrid y en Almería, y el derecho de los ciudadanos a saber qué se hace con él no cambia de código postal.

Ni PP ni PSOE pueden mirar para otro lado

Conviene tampoco caer en la tentación del reparto partidista. Entre las investigaciones que afectan a la gestión actual o reciente aparecen causas relacionadas con dirigentes o administraciones del PP, como Mascarillas, Estepona, El Puerto o Maracena, además de las distintas investigaciones sobre contratación del SAS bajo el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Las herencias judiciales de los ERE, la FAFFE e Invercaria, junto con la investigación del Higuerón, remiten a etapas y responsables vinculados al PSOE.

Los partidos utilizan estas causas como munición política. Unos denuncian la corrupción del adversario y silencian la propia. Otros hacen exactamente lo contrario. Es una dinámica vieja, eficaz y profundamente estéril.

Porque la cuestión de fondo no es qué partido aparece más veces en una lista. La cuestión es por qué un sistema institucional permite que determinadas investigaciones duren cinco, diez o quince años sin que nadie parezca asumir la responsabilidad política por la falta de medios que las hace posibles.

También hay que mirar a la Administración. En el caso de los contratos sanitarios, por ejemplo, no estamos hablando únicamente de una denuncia de un partido político: existen informes de los propios órganos de control de la Junta que alertaron sobre el volumen y las características de determinadas contrataciones. En Cádiz, esos informes dieron lugar a una investigación judicial que continúa abierta.

La corrupción necesita corruptos, si finalmente los tribunales acreditan que los hubo. Pero necesita también sistemas vulnerables, controles insuficientes, silencios administrativos y una justicia que puede tardar tanto que el paso del tiempo termina convirtiéndose en un elemento de la propia ecuación.

Madrid concentra focos, cámaras y micrófonos. Andalucía tiene ocho provincias, cientos de municipios, diputaciones, empresas públicas y una Administración autonómica con un presupuesto de decenas de miles de millones.

No debería hacer falta que una causa llegue a la Audiencia Nacional para que parezca importante.

Porque cuando una investigación se pierde en un juzgado de provincia, no desaparece el dinero público investigado. No desaparecen los posibles perjudicados. No desaparece el derecho de los ciudadanos a saber. Desaparece, sencillamente, de la conversación nacional. Y eso también es un problema democrático.

En Andalucía la corrupción no se esconde: espera. Y quien espera lo suficiente, a veces, prescribe.