Un coche potente cargado con 800 kilos de droga embiste y vuelca un coche policial en Algeciras. Herido grave un inspector y herido leve un policía de prácticas. Rápida recuperación para el herido y merecida medalla pensionada ganada con sangre. La misma que regalan en ejercicio de corrupción legalizada los políticos a sus mandos afines. Procede un análisis crítico de los hechos para mejorar la eficacia, el objetivo perseguido, y la eficiencia, el coste/riesgo para conseguirlo.
En la hemeroteca tenemos enseñanzas. TEDAX, policías y guardias civiles víctimas de bombas-trampa en el pasado. Para acabar con esas muertes se tomaron dos decisiones: a), medios materiales. Robots de desactivación a distancia; y b), protocolo prohibiendo manipular los objetos sospechosos de ser artefactos explosivos.
En todas las policías españolas, estatales, autonómicas y locales, faltan decenas de protocolos. ¿Cómo y por qué se disuelve una manifestación? ¿Depende de que sea más o menos numerosa, más o menos violenta, de que impida el tráfico por una arteria principal, o es indiferente cualquiera de estas circunstancias? ¿Dónde están regulados los derechos de los manifestantes y la seguridad jurídica de los policías? Los derechos residen en la voluntad del subdelegado/delegado del Gobierno. Una orden suya es la ley. La seguridad jurídica de los policías dependerá de la interpretación de los hechos que haga el juez de turno si llega el asunto a ese ámbito. Una manifestación pacífica no debe ser disuelta por la fuerza. Una manifestación violenta, con daños al mobiliario o ataques a las fuerzas de seguridad, debe ser disuelta de inmediato. En la práctica, se disuelven por la fuerza actos pacíficos y se toleran actos violentos, -26 policías heridos recibiendo pedradas sin orden de cargar por conveniencia política-. Intervenir o no depende de la decisión arbitraria del político de turno, que puede tener mayor o menor simpatía por los manifestantes y su causa. Estas y otras muchas actuaciones de las fuerzas de seguridad deben estar reguladas en protocolos de actuación. Elemental en democracia, Estado de derecho y derechos civiles, en lo que estamos muy lejos de ser homologables con democracias occidentales.
¿Cuándo se hace uso del arma de fuego por las fuerzas de seguridad? ¿Si un ladrón escapa a la carrera o en un coche tras un robo, se puede disparar? ¿Interponer un coche en la calzada para frenar a un vehículo que huye? Un protocolo debería prohibir disparar contra nadie que huye. También iniciar una persecución con riesgo para los demás conductores y peatones. Es sentido común. Matrícula, datos, despliegue policial. No hay que combatir al narco arriesgando la vida cruzando el coche en la calzada. Ni persiguiendo o disparando con riesgo para la ciudadanía. Poner en riesgo la vida de los policías, de los delincuentes y de cualquier ciudadano que ande o circule por la zona debe prohibirse tajantemente. Los jefes alientan las malas prácticas en vez de reprimirlas. Ellos se llevan las medallas si sale bien, y el policía es condenado si sale mal. Como con las identificaciones, detenciones preventivas que vulneran derechos civiles de las personas para subir la estadística del mando.
Solo para salvar otra vida se puede arriesgar la propia. No hay que arriesgar la vida de nadie por detener a alguien. Ni por intervenir droga, que entra por miles de kilos cada mes. La vida vale más. El interés general, la seguridad sobre el ego policial. Protocolos, más personal y más medios materiales. Menos películas americanas y más protocolos profesionales homologados con policías civiles democráticas. No se combate el narco a tiros y trompazos salvo en defensa propia. Se combate con información, inteligencia policial.