De cuando la Junta financiaba másteres a los políticos
Para que esto sucediese en un clima de paz social fue fundamental la política de concertación que Chaves impulsó con millones durante años, repartidos a la patronal y sindicatos.
Cuando Daniel Rivera, a la sazón director general de Empleo justo en la época que estalla el caso Eres, decidió paralizar los pagos que con cargo a la Consejería de Trabajo se abonaban cada año al Instituto Internacional San Telmo, se generó una gran escandalera interna. Fueron muchas las presiones que Rivera recibió en esos días por una decisión avalada por su consejero Manuel Recio, ambos procedentes de Almería y también encartados en el sumario de los Eres.
Quizás por esta razón, el no estar incrustados en la sociedad política de la capital, ni Recio ni su director general calibraron la importancia y el eco interno que había supuesto cortar el grifo a una entidad privada, fundada y controlada por familias del Opus Dei, pero que cumplían un papel que le interesaba al PSOE. En realidad, no cortaron el pago por razones ideológicas, sino porque no lograban entender que con cargo a la DG de Trabajo se dispusiese una dotación presupuestaria para financiar cursos y másteres en dicho instituto para hombres y mujeres de la política andaluza de casi todos los partidos, especialmente del PSOE. La puesta en marcha de este acuerdo venía de lejos, cuando el gobierno de Manolo Chavescerró acuerdos con el IIST con la finalidad de mejorar la formación y los currículos de decenas de cuadros políticos y cargos públicos andaluces.
Coinciden estas decisiones con la época de vacas gordas, cuando el dinero corría
Bajo el paraguas de los acuerdos de concertación social
Para que esto sucediese en un clima de paz social fue fundamental la política de concertación que Manolo Chaves impulsó con centenares de millones durante años, repartidos a la patronal y sindicatos en Andalucía. El objetivo formal siempre era acabar con el paro andaluz, ese que tanto le cuesta bajar del millón de afectados. En base a esta relación, la patronal se convirtió en el lobby más influyente de la región, a la que acudían a asociarse empresarios con necesidades en la Junta. Por su parte, las centrales sindicales mayoritarias, también beneficiados con los millones de la concertación, hacían de su capa un sayo con las subvenciones y finanzas internas, como se ha visto en el Caso facturas de UGT.
Andalucía se instaló durante años en la etapa del compadreo, del to er mundo es güeno, de la exaltación de la amistad entre la política y los diversos agentes sociales, sobre todo empresarios. Era tal la confianza reinante entre las elites que difícilmente la administración fiscalizaba el buen fin de tantos millones repartidos para formación, Eres u otros fines. Pasarían años hasta que en un juzgado de Sevilla se empezase a ver el desaguisado cometido con fondos públicos durante esa etapa.
Así, lo más prometedor de la política andaluza sería conducida a un corralito donde aprenderían nuevas cosas y conocerían a nuevas gentes, a personas con presente asegurado pero sobre todo con futuro, como la propia Susana Díaz que en el año 2000, siendo concejal de Sevilla, cursó una diplomatura en Alta Dirección de Instituciones Sociales en San Telmo.
Obsesión por mejorar currículos
Fabricarse un currículo acorde con las exigencias políticas del momento y las ambiciones personales de cada uno llegó a ser una obsesión para muchos jóvenes que despuntaban más en las agrupaciones que en las aulas. A alguna le bastó apuntarse a un máster online de una empresa de Barcelona denominado
No conviene olvidar que los amejoramientos de los CV de muchos personajes de la política andaluza de estos años tenían como objetivo no solo el futuro inmediato para cargos de designación digital, (vestir el cargo) sino también opositar llegado el caso a determinados puestos de la administración con puntos de ventaja logrados frente a los demás gracias a las carreras y los másteres hechos al remanguillé.
Si las tesis, tesinas, TFM, etcétera, de muchos personajes destacados de la política fuesen sometidos a un análisis público tan riguroso como el aplicado a la tesis de Pedro Sánchez, el parque político de este país se quedaría bastante mermado.
Aunque en el caso de los másteres andaluces aparece un añadido que seguramente será legal, pero que política, ética y estéticamente induce a la crítica y al debate. Y no es otro que preguntarse si, con dinero público, los contribuyentes debemos sufragar la formación de nuestra clase política dirigente.
La Junta ofrecía becas a los políticos
Alcaldes, diputados y otros cuadros políticos recibían una carta a su nombre en la que el director general de turno les ponía los dientes largos, animándoles a darle lustre a su formación.
La carta enviada por el DG Juan Márquez Contreras a Mario Jiménez en marzo
Jiménez dice que no respondió a la carta, pero otros muchos compañeros de partido y cargos públicos sí lo hicieron, aceptando realizar el curso de alta dirección becado que les proponían desde la consejería de Trabajo. Una de las que aceptó fue Verónica Pérez, hoy secretaria general del PSOE de Sevilla muy cercana a Susana Díaz y conocida por su autoproclamación como ‘máxima autoridad’ en la revuelta de Ferraz hace dos años. También se formaron los alcaldes socialistas de Huelva y Granada, Gabriel Cruz y Paco Cuenca respectivamente, junto a la entonces candidata del PSOE en Málaga, María Gámez, hoy subdelegada del Gobierno de Pedro Sánchez.
Pero no solo los socialistas han estado en las aulas del IIST. Jóvenes valores del PP como Francisco (Curro) Pérez, exconcejal y exjefe de gabinete del ministro del Interior, o Gregorio Serrano ex director general de Tráfico, han accedido en su día a los cursos becados. No deja de resultar curioso que dos de los más directos colaboradores del denunciante principal de los Eres, Juan Ignacio Zoido, se hayan aprovechado de la famosa partida 31.L. Este es uno de los temas que aún permanecen en sede judicial en el contexto de la investigación de la macro causa de los Eres, aunque existe la impresión de que todo quedará en nada.