Lo que la verdad del burofax a Cajasol esconde

Interpretamos y desgranamos el burofax enviado por el patrono Marcos Contreras en el que pide amparo a la Consejería de Hacienda hacia la gestión de Antonio Pulido en la Fundación Cajasol.

Ha sido de un asombro alarmante leer  el burofax del vicepresidente segundo del Patronato de la Fundación Cajasol. En su escrito al consejero de Hacienda, Ramírez de Arellano hace un año, le informaba y le solicitaba protección y ayuda hacia el incumplimiento del Presidente Pulido de los estatutos de la Fundación.

Contreras pone en conocimiento de la Consejería de Hacienda como responsable de la supervisión y control de la Fundación -heredera de la Caja de Ahorros- la falta de transparencia del Presidente Antonio Pulido, tras haber intentado solicitarlo internamente en varias ocasiones, por todos los cauces.

 

Según la Ley de Cajas andaluzas la que establece que la Fundación Cajasol aprobados “queda sometida al protectorado de la Consejería de Hacienda”

 

El deber del Presidente y los órganos internos (secretario, Manuel Concha y vicesecretaria, Isabel Arteaga) es trasladar la documentación al Patronato para que conozcan, supervisen, aprueben y decidan todas las acciones que la Fundación realice. “El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación. Corresponde al Patronato cumplir los fines y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos”.

 

El burofax desvela que los patronos de la Fundación Cajasol no toman decisiones ni tienen la información detallada y transparente de los gastos, inversiones y contrataciones realizadas

 

Los estatutos de la Fundación Cajasol manifiestan que “corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos”.

Según interpretamos por el contenido del burofax los patronos y patronas solo conocen la información que el presidente lleva al Patronato parcialmente. ¿Ni votan, ni eligen, ni proponen las decisiones, inversiones y el reparto del presupuesto? ¿Se lo encuentran hecho y decidido y se disponen solo a debatir los puntos llevados a la Convocatoria? ¿Aprueban, rechazan o se abstienen a la hora de deliberar las decisiones que se formulan?

El punto 1 deja expuesto la incompatibilidad de sueldo para el Presidente. Antonio Pulido cobra un sueldo de 200.000€cobra un sueldo de 200.000€ además de los privilegios de “tarjeta VISA, dietas, viajes, regalos, etc.”.

Estatutos que deberían tener una revisión legal al permitir, contradiciendo a la Ley de Fundaciones, que un patrono pueda ser remunerado. Es el único caso en una Fundación bancaria o heredera de una Caja de Ahorros.

¿Es legítimo ser Presidente ejecutivo de la Fundación y ejercer de gerente de la entidad?

 

Esta es quizá la cuestión más llamativa del documento. La autorización que la Consejería de Hacienda hubo de hacer de este contrato no se ha facilitado. ¿Incurre la consejera Montero en una irregular aceptación del informe enviado para su aprobación? ¿Se solicitó la autorización al Protectorado del contrato de Antonio Pulido o se envió tras ser llevado al Patronato? ¿Cuántos y qué patronos aprobaron esta decisión? ¿Porqué la Consejería de Hacienda no ha abierto una investigación hacia este contrato?

Recordemos que es la consejera Mª Jesús Montero, titular de la cartera en el momento de la decisión la que aprueba la contratación. La recepción del burofax en el que se expone y solicita la información es recibida por su sucesor, Antonio Ramírez de Arellano que da un silencio por respuesta y ahora el responsable de responder, un año después de la petición, Juan Bravo Baena, nuevo consejero de Hacienda que también mantiene su silencio ante el dictamen.

 

Que el Patronato no conozca la situación de las empresas y sociedades que posee la Fundación es otro dato desconcentrante.

 

Que un patrono pida la situación financiera de la Fundación la Contienda, el Instituto de Estudios Cajasol y la recién liquidada Monte San Fernando Sociedad Tenedora de Valores SL  (Cajasol Impulsa), llama poderosamente la atención.

Contreras reconoce no conocer dónde se toman los acuerdos que afectan a estas entidades y donde se reflejan las actuaciones. Según fuentes internas “nunca envía documentación a los patronos, solo hay pocos días para revisarla en la Secretaría General de la Fundación e incluso alguna llega el mismo día de la celebración del Patronato”.

¿Cómo se ejecutan los presupuestos anuales? ¿Quién supervisa los ingresos, gastos e inversiones del Instituto de Estudios?

Además declara no conocer las inversiones tanto en el mercado de valores (acciones, títulos en Bolsa), quienes son los asesores, sus costes, contratos así como la supervisión y autorización de la Consejería de Hacienda a este respecto.

Las acciones que la FC tenía en CaixaBank son otro misterio

Del paquete inicial a lo que mantienen en la actualidad tampoco se ha decidido en el Patronato. Pulido  procedió a principios de 2017 a vender 670.000 acciones de Caixabank vender 670.000 acciones de Caixabank por 2,17 millones de euros. Se deshizo de 400.000 acciones de Caixabank a un precio unitario de 3,23 euros y de 270.00 títulos por 3,25 euros cada uno. A día de hoy no se conoce el número de títulos que posee en la cartera de CaixaBank ni si posee acciones en otro Valor del Ibex 35.

En la reclamación a la Junta llama la atención la explicación solicitada ante la desaparición de la Fundación Monte San Fernando y la presencia de Guillermo Sierra en la entidad, un hombre cercano a Pulido. Muchos le catalogan como el “maestro de Antonio Pulido”, en Cajasol presidía la Comisión de Control, ha ocupado el sillón de Cajasol en el Consejo de Administración de CaixaBank durante dos años, la dirección del Instituto de Estudios Cajasol desde 2014 hasta que ha tomado posesión como patrono de la Fundación Cajasol el pasado 2018.

 

Otra cuestión llamativa en el documento es la solicitud de información a los expedientes

 

De obras, permisos, ejecución y contratos relativos al Edificio de Villasís Edificio de Villasís en calle Laraña de Sevilla, que acoge ya Decathlón -curiosamente abierto el centro comercial en la planta baja del Edificio que se encuentra en obras- y como se  publicaba en marzo de este año en ABC de Sevilla, junto al “acuerdo suscrito por Fundación Cajasol y la multinacional IWG, albergará un centro de «coworking».

 

¿Inversión, ingresos por contratos de alquiler? Los patronos no conocen las cantidades ni los contenidos de los contratos

 

Lo mismo sucede con el Edificio de Plaza de Molviedro (antigua Residencia de Mayores de la Caja de Ahorros El Monte), actualmente en obras para albergar un Hotel de lujo explotado por la cadena Vincci que, según publicaba ABC de Sevilla en julio 2008 tiene una inversión de 4 millones de euros, cifras que desconocen los patronos como testifica Contreras.

A todo ello sumar quienes son y cuánto se ha abonado a los intermediarios de las operaciones, el asesoramiento de los proyectos y el método de contratación para elegir a las empresas como otra cuestión tremenda del burofax.

¿Todas estas decisiones y las cantidades aportadas a tan magnos proyectos no se han decidido en el Patronato?

El Art.15 de los Estatutos obliga a los miembros del Patronato a:

a) Cumplir y hacer cumplir, fielmente, los fines fundacionales de acuerdo con lo dispuesto en la en la legislación autonómica y estatal que resulte de aplicación y en los presentes Estatutos.
b) Administrar los bienes y derechos que integren el patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente su rendimiento, utilidad y productividad, según los criterios económicos-financieros de una buena gestión.
c) Asistir a las reuniones del Patronato y velar por la legalidad de los acuerdos que en él se adopten
d) Realizar los actos necesarios para la inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

2. Los miembros del Patronato deberán desempeñar el cargo con la diligencia de una persona leal, debiendo mantener en buen estado de conservación y producción los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación.

 

Todo apunta a que las funciones que deben ejercer los patronos y patronas y rigen los artículos del Estatuto no se dejan ejercitar.

 

El escrito enviado a la Junta de Andalucíaescrito enviado a la Junta de Andalucía también hace referencia a la política de contratación del personal. Contreras asegura no conocer, además de referir “son siempre familiares o gente cercana al actual Presidente”.

Otra de las reclamaciones del burofax es la referente a la duración del cargo de miembro del Patronato. Así lo refleja el artículo del Estatuto señala que,”los miembros del Patronato ejercerán sus cargos por un plazo de 6 años”.

 

El cese de Marcos Contreras descubre cómo el Protectorado de la Junta de Andalucía no ejerce actuación para controlar los años que cada patrono o patrona desempeña su cargo.

 

Así lo manifiesta en el burofax, “solicito poder conocer legalmente como el Presidente de la Fundación continúa. Conocer cuando finaliza el mandato de patrono del actual Presidente de la Fundación Cajasol que ya lleva dos mandatos y en virtud de qué se le renueva a él”.

Antonio Pulido fue elegido Presidente de la Fundación Cajasol en 2007. Renovó su cargo en 2009. Desde entonces es Presidente. Lleva 10 años en el cargo.

El Patronato de 2018 estaba formado por 12 miembros. En verano se cesó del Patronato a 5 patronos, como contamos en Cajasol, retrato de un Patronato. Incorporaron a 3: Guillermo Sierra, Isabel de León y Francisco Javier Domínguez.

 

Marcos Contreras destapada la caja de los truenos tras años pidiendo documentación, explicaciones y facturas en el Patronato

 

 

Nadie ha contestado al burofax. Hoy seguimos esperando una respuesta del consejero de Hacienda, Juan Bravo.

Desatender la petición de información es un incumplimiento de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ante la falta de contestación de la Administración se comete una infracción. Deben resolverse y notificarse en el menor tiempo posible, un mes.

Contreras todavía está a tiempo de interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.