El Tribunal Constitucional contra los derechos civiles

El Tribunal Constitucional acaba de declarar constitucionales diversos artículos de la Ley del PP de 2015 conocida como “Ley Mordaza”. Confirma la excepcionalidad del Orden Público en España, diferente al de todas las democracias occidentales, al mantenerlo como venía funcionando desde Franco y tras la ley “Corcuera” de 1992 del PSOE: el principio de autoridad de los policías es un valor jurídico superior al de los derechos civiles de la ciudadanía. Y es así porque depende de la voluntad de cualquier policía retener, detener en la calle, impedir pasear a cualquier ciudadano durante el tiempo que considere preciso, interrogarle, pedir antecedentes y ahora también, cachearlo.

La ley “Corcuera” de 1992 autorizaba las identificaciones, según el Tribunal Supremo, en dos supuestos: que la persona identificada sea sospechosa de que ha cometido un delito o de que puede cometerlo. Los mandos, en vez de controlar que no haya abusos de identificaciones injustificadas que vulneran derechos de ciudadanía, incentivan que se hagan cuantas más mejor para engordar sus estadísticas. Son varios millones cada año. Esa ley dispuso crear un libro de registro para los presentados en comisaría que cada dos meses serían remitidos o revisados por la fiscalía para controlar que no se produjeran abusos. En 23 años nunca fiscalía revisó esos libros.

Cosidó, el peor director general de la Policía que he conocido en 40 años de profesión, dijo al Congreso, mintiendo, que los identificados un año habían sido 25.000. Se refería no a quienes son detenidos preventivamente durante 5, 10, 20 minutos en la calle sin razón, millones cada año, sino a quienes fueron trasladados a comisaría para ser identificados en virtud de la ley “Mordaza”, antes “Corcuera”.

Dice ahora el T. Constitucional que identificar y cachear en la calle es legal siempre que exista una razón para ello. Los policías lo van a aplicar como hasta ahora: identificaciones masivas indiscriminadas por orden de sus mandos. La ley prohíbe investigaciones prospectivas, pero autoriza cacheos prospectivos a ver si llevan una “china” de hachís para consumirla en casa. Y si la llevan, incautada y sanción. El principio de autoridad del Estado vulnera derechos civiles impunemente con retención y cacheo prospectivo. Una barbaridad ilegal impropia de una democracia.

Como el T. Constitucional ha declarado que es legal grabar a los policías y solo cuando hay difusión se puede cometer una infracción, la ciudadanía debería organizarse y siempre que vean identificar a alguien grabarlo y pasar copia al identificado, como medida de autodefensa ante prácticas policiales que no respetan los derechos civiles. Mientras, los políticos y mandos (con excepciones), se preocupan de llenar sus faltriqueras, colocar a familiares y amigos con buenas mamandurrias públicas, o regalando medallas que pagamos todos.

Lo de las identificaciones masivas caprichosas, y ahora los cacheos, no ocurre en ninguna democracia digna de tal nombre. Cuando se identifica a un ciudadano en una democracia, el policía debe entregarle un documento exponiendo la razón por la que ha sido identificado (y cacheado). En España, Si hay 50 identificados y 10 robos el mando policial responsable del distrito es felicitado; si hay 2 identificaciones y 0 robos, es llamado al orden porque ha habido poca actividad policial. Los delitos se previenen y reducen patrullando, se incrementan con servicios estáticos para identificar.

Cada año quedan cientos de miles de llamadas de ciudadanos pidiendo ayuda al 091, 092, 062, 112… sin atender. La policía trabaja con prioridad para la estadística del mando y no por la seguridad de la sociedad. Estas prácticas heredadas del régimen de la dictadura corrompen el trabajo policial y vulneran derechos civiles.