Gato blanco, gato negro: en Andalucía los ratones roen igual bajo PSOE que bajo PP

En Andalucía, desde el autonómico 1982 hasta hoy, la corrupción política no es flor de un partido concreto, pero se ha concentrado de forma innegable en los dos grandes: PSOE y PP, con distintas intensidades, siempre en función de la parcela de poder controlada. Ahí están los nombres de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el caso ERE en 2019 y parcialmente exonerados por el Constitucional en 2024, o el de Javier Arenas, eterno líder del PP andaluz, que asistió a cómo en ayuntamientos gobernados por los suyos brotaban casos como Poniente en El Ejido (2002–2009). Hay muchos episodios en el disco duro de la memoria democrática andaluza, buena parte con sumas millonarias, imputaciones, jueces, sentencias… incluso con las primeras salpicaduras de algo que después se haría muy popular: el lawfare. Y sin embargo, muy pocas consecuencias políticas reales, cambios institucionales efectivos o una reforma dolorosa que cierre los cauces del saqueo. Esto no es casualidad sino un síntoma profundo: el bipartidismo ha sido la principal estructura bajo la cual se ha desarrollado la corrupción sistemática en esta tierra.

El caso ERE lo ejemplifica mejor que ningún otro: fue bajo gobiernos del PSOE que se montó una red de ayudas sociolaborales fraudulentas por cientos de millones de euros, una maquinaria de reparto que se mantuvo años con la complicidad del poder político y administrativo, desde la Consejería de Empleo de José Antonio Viera hasta la firma final de interventores y consejeros. Cuando el PP ha gobernado en Andalucía o en ayuntamientos, los casos se han concentrado en lo local, en contratos menores, urbanismo, en algunos casos con bastante visibilidad —como Poniente en El Ejido, que en 2023 acabó con 32 condenados y un agujero de 54 millones de euros—, pero no con la escala ni la estructura que se ve en los escándalos vinculados al PSOE. La izquierda no socialista, PCE o IU, no aparece en el mapa con macrocausas millonarias: Córdoba en tiempos de Rosa Aguilar (1999–2009) no generó un ERE ni una Faffe. Puede haber polémicas urbanísticas, errores de gestión, pero no hay condenas de ese calibre. De igual forma que algunos escandalillos locales pueden quedar en un segundo plano cuando es el marido o el hijastro de una alcaldesa del PP —Ángeles Muñoz, Marbella— los que aparecen en una investigación judicial por narcotráfico internacional. Todo ello aderezado con un manejo de dinero que no aguantaría una inspección tributaria en serio, no tipo “los amigos de Montoro”.

Ninguno de los grandes partidos ha mostrado interés real en cortar el problema. El caso ERE es paradójico: fue Manuel Chaves quien denunció ante Fiscalía en 2009 tras recibir grabaciones hechas por empresarios del grupo La Raza. Pero esa iniciativa puntual no se tradujo en un saneamiento del sistema, ni en un golpe de timón político. Y ahí está la clave: todos saben que hay agujeros, todos conviven con ellos mientras no estallen, y cuando revientan, los partidos los sufren como daño colateral, no como un mal a extirpar.

Se vendió la creación de la Oficina Andaluza Antifraude como una solución y un compromiso. Hoy sabemos de ella solamente que recibe centenares de denuncias —972 solo en 2024, con 590 investigaciones abiertas— y abre diligencias, detecta contratos menores viciados, incluso pide anular alguno que beneficia a un cantante amigo de la Junta. Pero poco más. No ha provocado reformas de calado, ni ha frenado las redes clientelares, ni ha levantado alfombras gruesas. Sirve de coartada institucional, no de muro contra la corrupción. Hoy mismo, seguro, en algunos lugares de nuestra tierra se está metiendo la mano en nuestra caja común, nos están robando. El poco o mucho trabajo de esta muy discreta oficina, desde luego, pasa desapercibido para la ciudadanía andaluza.

Mientras tanto, la oposición apenas existe en esta materia. Nadie eleva la voz cuando tres exgerentes del SAS —Gutiérrez, Aranda y Moreno— desfilan hacia el juzgado, ni cuando afloran nuevas imputaciones en la Faffe o en Bahía Competitiva. La lucha contra la corrupción hoy no cotiza en Andalucía. La gente vota por otros motivos, los partidos lo saben, y los juzgados se convierten en el único campo de batalla, con árbitros que visten de negro pero también reparten patadas. Del papel de los grupos mediáticos en este contexto, mejor dejarlo para capítulo aparte. Solo constatar que  desde la llamada prensa del Movimiento, nunca habían quedado tan en evidencia el funcionamiento de las consignas políticas y económicas hacia los medios de comunicación.

No hay que engañarse: ni la justicia sola, ni una oficina antifraude, ni las declaraciones huecas de los políticos acabarán con el problema. Lo único que ‘va a misa’ es lo que aparece en el BOJA. El ciudadano debe vigilar los boletines, leer los contratos, no resignarse. Usar las redes. Esa es la única forma de cortar de raíz la tentación permanente de quienes ven en lo público una caja sin dueño; le temen al escándalo y sobre todo a salir retratados al natural, sin disfraz.

PSOE y PP, gato blanco o gato negro, han dejado que los ratones roan con la misma soltura. Y la moraleja es clara: si no castigamos la corrupción en las urnas, si no obligamos a la transparencia con ojos vigilantes, volverá una y otra vez disfrazada de cualquier color. Y, ojo, ninguna sigla política se encuentra a salvo, vacunada, de padecer este virus capaz de destruir la democracia.