Hasta aquí hemos llegado
La manifestación de este domingo 10 de febrero aparte de la exigencia de nuevas elecciones generales, ha lanzado dos mensajes omnidireccionales inequívocos.
Con el exuberante entremés de la manifestación celebrada hoy en Madrid, comienza una semana muy compleja.
El martes 12. Comienzo del juicio oral contra los golpistas catalanes que, en otoño de 2017, se rebelaron contra la Constitución. Un juicio que los separatistas tratan de desacreditar internacionalmente atacando a la justicia de España y sus instituciones.
El miércoles 13. El Congreso de los diputados votará las enmiendas a la totalidad. Lo hará contra el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE-2019). Según la aritmética parlamentaria, podrían prosperar las registradas respectivamente por ERC y PDeCAT.
Cualquiera de ambas, de prevalecer, finiquitarían el trámite parlamentario del proyecto.
En tal caso, Sánchez se vería previsiblemente obligado a adelantar las elecciones legislativas. Sin embargo ―ojalá me equivoque―, tengo el pálpito de que ambas enmiendas serán retiradas antes de su votación. Porque el chollo Sánchez (cómplice necesario para el separatismo), difícilmente se repetiría tras unas nuevas elecciones.
Con ese fondo, se ha producido el “encallamiento” (Carmen Calvo dixit). Entre las negociaciones del Gobierno de España y el autonómico catalán. Para la “normalización” de Cataluña.
Aunque celebrando el hecho. Es de carcajada que el motivo aducido sea que “los separatistas catalanes piden un referéndum de autodeterminación”.
Porque eso figura desde hace años en la hoja de aquéllos.
Dígase la verdad, lo que ha hecho saltar los plomos gubernamentales ha sido el destape de Torra. La lista de 21 puntos presentada a Sánchez en su pérfida reunión de Barcelona el pasado 20 de diciembre.
El punto 2º de esa lista (“Hay que reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña”.).
El 3º: (”Es necesaria una mediación internacional que tiene que facilitar una negociación de igualdad”). Han puesto a la mayor parte de la Nación, incluyendo dirigentes y votantes socialistas, en pie de guerra. Contra la política del Gobierno en Cataluña.
Porque entre los temas “dialogables” y “dialogados” no solo figura tal referéndum.
También cuela en la negociación un insospechado agente externo (relator, facilitador, intermediario, muñidor o cualquier otro eufemismo). Como señuelo y lubricante para mutar un problema interno catalán. Y, por tanto, exclusivamente español, en otro de perspectiva internacional.
Lo más terrible del caso es que el binomio Sánchez-Calvo ya había comulgado con ese bodrio, que pretendían endilgarnos.
Sánchez, embelesado con los aromas moscovitas. Hozando en el apoyo a los PGE-2019, no entendió que los separatistas están solo en otra cosa: la autodeterminación.
Tampoco quiso ver su “estrategia del diálogo”. Basada en cesiones, concesiones y regalos al independentismo. Debilitando al Estado. Y que ponía a la mayoría de los catalanes a los pies de los caballos. Cuarteaba su propio partido y fortalecía el músculo independentista.
Supongo que ahora ya lo sabe, si bien a costa de resucitar las dos Españas machadianas.
Sánchez, definitivamente, ha fracasado con su vital estrategia catalana y debería irse.
Algo que ya pedía en “CREPÚSCULO SOCIALISTA O VÁYASE SR. SÁNCHEZ”, de 9 de diciembre pasado, que concluía así: “Por favor, ¡váyase señor Sánchez!”.
La gigantesca manifestación de hoy en Madrid, cobijada bajo la bandera de todos.
Ha mostrado el gran clamor social frente al triste escenario político nacional propiciado por Sánchez. Manifestación que, aparte de la exigencia de nuevas elecciones generales, ha lanzado dos mensajes omnidireccionales inequívocos.
Uno, que no ha lugar al fenómeno de la autodeterminación. Y dos, que el Gobierno no está legitimado para negociar la soberanía nacional, que es patrimonio de todos los españoles.
O, en otros términos, que la independencia de Cataluña, ni por las buenas, ni mucho menos por las malas. Que hasta aquí hemos llegado.