Informe Grande-Marlaska
Que falsifique un informe es algo que en cualquier democracia digna de tal nombre le costaría el cargo.
Un ministerio, un ministro que falsea hechos para favorecer a “los suyos” está incurriendo en una prevaricación. Sea penal, administrativa o política, alguien que hace un informe falso que tiene que ocultar no puede ser responsable político de la seguridad de la ciudadanía. Eso es lo que ha hecho Grande-Marlaska con el incidente donde miembros de Ciudadanos fueron agredidos en Madrid, con lanzamiento de objetos, insultados, empujados y retenidos en una manifestación el 6 de julio con motivo del Día del Orgullo Gay.
La denuncia presentada en fiscalía por Cs señala que fue una agresión organizada, que los insultos proferidos a la vez que lanzaban objetos contra ellos fueron “fachas”, “gentuza fascista”, “basura”, “nazis de mierda” o “puta” a Inés Arrimadas, siendo varios de los receptores de dichos insultos miembros del colectivo LGTBI de Ciudadanos. No basta ser gay para tener el respeto de estas jaurías sectarias, hay que pensar como ellos quieren.
Todo un ejemplo de tolerancia fascistoide bolchevique de gentecilla ignorante utilizada por cabestros para sus fines políticos. Grande-Marlaska, Yak-42, ordenó que se hiciera un informe negando dichos hechos y sin incluir los datos aportados por escrito por los policías que protegieron a las personas de Ciudadanos agredidas. Que el ministro sea del colectivo gay tiene a efectos políticos la misma importancia que si le gusta desayunar tostadas o croissant, pero que falsifique un informe es algo que en cualquier democracia digna de tal nombre le costaría el cargo. Pero España es otra cosa a esos efectos. Grande-Marlaska practica el modelo de una política sin ley donde la manipulación desde el Estado está al servicio del interés personal y político, y hace honor a prácticas, con o sin dolo, con o sin intención, cometidas en ese ministerio en el pasado desde que Franco era cabo.
En España hubo un ministro de Gobernación (hoy Interior) al que ETA (y no solo ETA) asesinó al presidente del Gobierno y en vez de ser cesado fue ascendido a presidente del Gobierno; otro encarcelado por mal uso de fondos reservados y pagar a mercenarios que asesinaban; otro que hizo una ley que pretendía poder acceder a domicilios sin mandato judicial; hubo quien modificó el Código Penal y con la palabra “definitiva” en los artículos de inhabilitación provocó la expulsión de decenas de policías que cometían errores sin intención en intervenciones con riesgo para sus vidas; hubo quien expulsó a 103 inmigrantes inyectando un sedante, haloperidol, en las botellas de agua que bebían inmigrantes y policías y nunca se supo si los pilotos; y hubo quien conspiraba desde el Ministerio de Interior contra sus rivales políticos, pretendiendo que no se conocieran las corruptelas que estos cometían para usarlas como chantaje y frenar sus ansias independentista.
Grande-Marlaska, con su informe falso ocultando una agresión a miembros de un partido de la oposición, pasa a formar parte de la galería de ministros de Interior que cometieron graves errores o actuaron desde su cargo con interés partidista por encima del interés general de la ciudadanía. Algo propio de repúblicas o monarquías bananeras, de países de chichinabo en el que colocan a España con sus actos. No puede extrañarnos que mientras esto ocurre, en algunas zonas de la nación los niños no puedan cantar villancicos en su lengua, el castellano o español, o que tengan comisarios políticos en el recreo para que no usen la lengua de sus padres. Mientras haya políticos de la catadura moral de Marlaska, Pedro, Pablos, Iceta o los ministros referidos, seguiremos camino del siglo XIX, del cantón de Cartagena y de la decadencia como nación.
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