Jueces que dicen blanco, jueces que dicen negro

 

A la inmensa mayoría de ciudadanos que no entienden cómo funciona por dentro la Justicia, les resulta verdaderamente incomprensible comprobar, una y otra vez, como un juez llega a una causa y procede a dictar resoluciones totalmente distintas a las dictadas por sus predecesores en el mismo juzgado y en la misma instrucción.

Es de suponer que, en uno y otro caso, las resoluciones se habrán tomado conforme a derecho, pero lo que no es comprensible de ningún modo es comprobar cómo un justiciable puede verse, de hoy para pasado mañana, detenido o libre en función no se sabe muy bien por qué parámetros jurídicos y judiciales. Entre otras razones porque este tipo de decisiones contradictorias en una causa penal causan un daño irreparable en las personas sometidas a investigación.

Un ejemplo clamoroso de este mete y saca judicial, que genera una enorme indefensión jurídica de los encartados, lo estamos viendo en todo el entramado de los Eres, donde la Juez María Núñez Bolaños está desmontando, una por una, aquellas ‘verdades judiciales’ firmadas en su día por Mercedes Ayala, ampliamente publicitadas por los medios.  Lógico que hoy nos preguntemos ¿quién está en los parámetros de la Ley, Alaya o Bolaños?

 

Resulta verdaderamente incomprensible comprobar, una y otra vez, como un juez llega a una causa y procede a dictar resoluciones totalmente distintas a las dictadas por sus predecesores en el mismo juzgado y en la misma instrucción.

 

Por no hablar de todo un procedimiento, el de Mercasevilla, origen del caso Eres, cuya resolución final fue una sentencia sorprendente y absolutoria para todos los imputados en aquel sumario, todos vinculados al gobierno de izquierdas IU-PSOE en el ayuntamiento de Sevilla. Ahora, una de sus principales ‘víctimas’, el dirigente de IU Antonio Rodrigo Torrijos, está reclamando por la vía civil al Ministerio de Justicia los daños y perjuicios causados en su vida, su salud, su honor y su carrera política (estuvo a punto de ser consejero de la Junta a propuesta de Diego Valderas en el bipartito) a cuenta de una de las instrucciones judiciales más encanalladas que se han visto en los últimos años en la judicatura andaluza.

Si finalmente el Estado indemniza a Torrijos, al que en su reclamación le asiste la ley y la razón, nos encontraremos, una vez más, ante el triste espectáculo de estar pagando con nuestros impuestos el error o los errores de funcionarios públicos, en este caso los que se revisten con toga.

Muy caliente, sobre la mesa, está la millonada de 165 millones de euros que la Junta le tiene que pagar al empresario de centros comerciales Tomás Olivo, todo por errores de bulto cometidos por los responsables de la Junta de Andalucía en Granada en la gestión y tramitación del Caso Nevada. ¿De verdad nadie es responsable de que los andaluces tengamos que pagar de nuestro bolsillo los más de 27.000 millones de pesetas a Olivo?  ¿Nadie va a dar el paso ante los tribunales para que se depuren tan graves responsabilidades?

Anoten, por cierto, otro desaguisado que viene de camino similar al Nevada, pero con el centro comercial Torrecárdenas de Almería que se acaba de inaugurar a trompicones y solo con la presencia de autoridades del PP. Allí se han saltado las normas desde que alguien tuvo la idea dar vía libre a una nueva gran superficie en Almería. El procedimiento sigue en los tribunales y el abogado que defiende los intereses de Olivo es un renombrado exjuez de la AN llamado Javier Gómez Bermúdez. Sin duda un peso pesado.

 

Muy caliente, sobre la mesa, está la millonada de 165 millones de euros que la Junta le tiene que pagar al empresario de centros comerciales Tomás Olivo.

 

Pero ya que estamos en Almería, la olvidada provincia que limita con Murcia, allí la maquinaria judicial también funciona lenta y a ratos, permitiendo la dilatación de los procesos y poniendo trabas a quienes ejercen las acusaciones populares en los casos de corrupción política.

La denominada Trama Amat es, hoy por hoy, el gran asunto que despierta el interés de la opinión pública y publicada, pero fíjense en un aspecto muy curioso: allí la expectación radica en conocer cuál será el vericueto jurídico legal que se utilizará en cada caso para salvar al principal sospechoso, esto es Gabriel Amat, el último cacique operativo que le queda al PP de Pablo Casado.

Como se recordará del tronco principal de la Trama Amat se desgajaron más de una veintena de piezas separadas. En las últimas semanas se conoció el archivo, presuntamente irregular, de cuatro piezas por una juez que ya no estaba formalmente ejerciendo en el juzgado de Roquetas. Aspecto sobre el que el CGPJ dice que ha abierto una investigación, tras la denuncia presentada contra la juez Otilia Fornieles. Y esta semana se han conocido dos nuevos archivos más, avalados por la Fiscalía y dictados ya por la Juez titular, lo que invita a pensar, tras leer la argumentación empleada, que vienen de camino más archivos provisionales, posiblemente de todas las piezas separadas abiertas.  Cuando llegue ese día será una gran noticia para Amat y para su partido el PP.

En esta misma causa, la actual juez titular, que ocupa su primer destino en la Carrera, se ha dado cuenta que siete jueces que la precedieron se equivocaron al no exigirle fianza a la acusación pública, ostentada por AMAYT, y ahora pega un nuevo frenazo a la instrucción reclamando esa fianza y, de no depositarse, no proveer y dejar fuera a la molesta asociación anticorrupción.  Algo más que probable ya que AMAYT no dispone de fondos económicos, solo del certificado del registro oficial de asociaciones sin animo de lucro que le otorga personalidad jurídica.

 

Allí la expectación radica en conocer cuál es el vericueto jurídico legal que se utilizará en cada caso para salvarse el principal sospechoso, esto es Gabriel Amat, el último cacique operativo que le queda al PP de Pablo Casado.

 

Al fiscal que interviene en este procedimiento no le falta razón cuando argumenta que en la concesión de licencias y permisos en materia urbanística no se ha faltado a la legalidad, quizás algún error administrativo por no ausentarse Amat en algunas votaciones, para nada de carácter penal. Pues claro que no, faltaría más. El problema, según quienes acusan desde AMAYT, radica en todo lo sucedido con carácter previo a las concesiones de dichas licencias. Se refieren a los manejos – que no se van a investigar – para convertir un solar rustico en uno urbanizable, casi siempre actuando las mismas personas con las mismas vinculaciones políticas o familiares con Amat.

Quienes hayan seguido de cerca en estos años el cerco judicial a la corrupción en Almería, incluida la Operación Poniente que diez años después de su arranque sigue sin vista oral fijada, se habrán dado cuenta que nunca nadie acabó condenado en la cárcel. Solo un puñado de imputados de El Ejido pasaron unos meses en prisión preventiva y, tras su salida, han seguido haciendo vida normal e incluso, alguno, ha continuado haciendo negocios con el ayuntamiento de El Ejido al que previamente estafó.

Que la Justicia no dispone de medios suficientes para cumplir con su labor es algo en lo que todos los agentes judiciales coinciden desde hace años. Llevan décadas con la misma cantinela y, ningún gobierno ni del PSOE ni del PP, han logrado dotar de presupuesto suficiente a nuestra administración de Justicia que se halla completamente colapsada. Ese problema, la falta de recursos técnicos y humanos, es muchas veces el pretexto empleado para justificar tanto abandono y tanto mamoneo en los órganos jurisdiccionales de nuestro entorno. ¿Quién vigila al juez instructor y quien al Fiscal para que cumpla con la Ley?  El desprestigio de nuestro sistema judicial, ahora socavado en las más altas instancias del Supremo tras el espectáculo dado con las hipotecas y sus gastos notariales, no es nuevo a ras de calle con estos comportamientos que nadie entiende porque nadie nunca explica. Muchos siguen confundiendo el secreto judicial con la transparencia que debiera existir una vez concluido el trabajo de los tribunales.

 

Que la Justicia no dispone de medios suficientes para cumplir con su labor es algo en lo que todos los agentes judiciales coinciden desde hace años.

 

Cuando un juez levanta una decisión tomada por su predecesor en la instrucción se debiera motivar, con todo lujo de detalles, para evitar que muchos piensen en decisiones prevaricadoras, el peor delito que se le puede achacar a quien cobra de nuestros impuestos por hacer bien su trabajo en un tribunal o una fiscalía, sin estar sometidos a presiones o prebendas. Y, llegado el caso de que se confirme que se ha vulnerado la Ley, caiga sobre los responsables todo su peso.

Mientras, en la trinchera política, coge cuerpo la idea de que, salvo que se abra un sumario por corrupción por parte de un juez, la corrupción no existe. Tuvimos un buen ejemplo sobre esta doctrina durante las más de cinco horas en las que Susana Díaz compareció esta semana en el Senado, en solitario, frente al PP. La presidenta y candidata se mostró permanente obsesionada por dos datos: la fecha del suceso por el que le preguntaban, por si ella ya era presidenta y si algún juzgado había abierto diligencias sobre éste o aquel asunto planteado.

Si al desmarque temporal y procedimental de los políticos añadimos las contradicciones detectadas en muchas instrucciones, podemos adaptar la frase de Pedro Pacheco a esta otra: a la Justicia se la toman muchos a cachondeo, incluidos señores y señoras que usan toga.