La Junta prefiere vender patrimonio antes que eliminar sus alquileres
En 2014 la Junta de Andalucía enajenó entonces 70 edificios públicos de su propiedad por 300 millones de euros a la gestora de fondos WP Carey Inc.
El afán privatizador de este nuevo gobierno andaluz no tiene límites en cuanto a su voracidad. Falto de sedes para la propia Junta de Andalucía, se ha visto estos días de mudanzas de sedes oficiales por el capricho del vicepresidente Juan Marín, se lanza a vender inmuebles propiedad de todos los andaluces, prefiriendo enajenar edificios antes que rescatar o que eliminar los caros alquileres que pagan a un fondo de inversión de Estados Unidos desde que el anterior gobierno del PSOE hipotecó muchos de los edificios de la Junta de Andalucía.
En diciembre de 2014 la Junta de Andalucía enajenó entonces 70 edificios públicos de su propiedad por 300 millones de euros a la gestora de fondos WP Carey Inc, a través de su filial en España Inversiones Holmes. En la misma operación de venta, se acordó el arrendamiento de los inmuebles por un plazo de 20 años. La Junta nos decía que abonaba por este alquiler 23,1 millones de euros anuales. Inversiones Holmes S.L. que se hizo con el lote de los 70 edificios de la Junta se constituyó tan sólo 17 días antes de que se le adjudicara el contrato con un capital social de 3.000 euros, y tenía a Citco Corporate Management – Madrid – S.L. como socio único. Diez días después de su constitución, el fondo de inversión inmobiliario norteamericano WP Carey, que hizo la primera propuesta de compra a la Junta, adquirió el 100% de su capital.
En enero de 2017, la Cámara de Cuentas de Andalucía, en un informe de fiscalización advertía de que la Junta de Andalucía había hecho un mal negocio con la venta de sus edificios. La Cámara de Cuentas indicaba que, al vender los 70 inmuebles por 300 millones de euros, el “valor neto actual de los flujos de caja” del periodo comprendido entre 2015 y 2034 serían 377,41 millones de euros, “generándose una pérdida de 77,41 millones de euros”. Además, la pérdida es aun mayor tal y como indica la Cámara: “Si se considera la pérdida del valor residual de los terrenos en términos de coste de oportunidad, estimada en 116,53 millones, la pérdida ascendería a 131,73 millones de euros”. Además, indicaba la Cámara, de encarecer el alquiler que pasó de 23,1 millones de euros en 2014 a 27,8 millones al finalizar el año, lo que representa un aumento del 20,6%.
La operación final se alejaba bastante de los 800 millones de euros de los que se llegó a hablar en 2011, cuando la Consejería de Hacienda intentó por primera vez vender un lote similar de inmuebles. Para la empresa de fondos de inversión norteamericana la operación es altamente rentable, ya que alquilaba los edificios que ya ocupa la Administración de la Junta de Andalucía por una renta acumulada en 20 años de 660 millones de euros. El alquiler que pagaba la Junta de Andalucía de 23,1 millones de euros tan solo fue el primer año, ya que en los posteriores se le añadía el IPC y el IVA correspondiente.
La Junta de Andalucía saca a subasta edificios, pisos y garajes.
En el Boja del pasado viernes 11 de octubre salía la Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anunciaba la enajenación de diversos inmuebles propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante subasta convocada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
En la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía se señala en el Pliego de Condiciones Particulares que “serán objeto de este contrato la enajenación de los inmuebles relacionados en el Anexo nº 1 al presente Pliego, sitos en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, anotados de alta en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía con carácter patrimonial, y declarados alienables por Resoluciones de 8 de octubre de 2019 de la Dirección General de Patrimonio, conforme a la documentación obrante en el expediente”.
Por otro lado, se indica que los inmuebles sitos en Plaza del Campo Verde, núm. 2 de Granada, y Paseo de Reding núm. 20 de Málaga (Palacio de la Tinta), incluidos en la subasta, se encuentran a la fecha ocupados por personal al servicio de la Administración y pendientes de su próximo desalojo; a desafectar y declarar alienables dichos inmuebles se adoptará una vez desalojados y con carácter previo a la Resolución por la que se acuerde la enajenación, aunque la legislación de la propia Junta le posibilita la posibilidad de sacarlos a subasta.
El listado de bienes para la próxima subasta
1 Cádiz Antigua Res. Tiempo Libre, C/Muñoz Arenillas, 8 9.789.182,53 €
2 Jerez de la Frontera (Cádiz), Antigua Res. de Trabajo “La Barca de la Florida” 137.662,00 €
3 Granada C/Fabricas Vieja, 1 (Esq.C/Tablas) 1.260.537,72 €
4 Granada Plaza Campo Verde, 2 planta 1ª 777.614,57 €
5 Granada Plaza Campo Verde, 2 local 7 sótano 113.220,99 €
6 Granada Plaza Campo Verde, 2 planta 5ª D 270.242,34 €
7 Granada Plaza Campo Verde, 2 planta 5ª I 440.476,94 €
8 Jaén Parcela sita en calle Olivo, 3 97.770,96 €
9 Málaga Edificio de Correos, Avda. de Andalucía, 1 16.809.423,83 €
10 Málaga Palacio de la Tinta, Paseo de Reding, 20 12.544.656,11 €
11 Rincón de la Victoria (Málaga) C/Salvador Rueda, 13. Apartamento nº 8, 125.852,00 €
12 Sevilla Plaza Ruiz de Alda, derecho uso plaza de garaje nº 35, 30.214,25 €
13 Sevilla Plaza Ruiz de Alda, derecho uso plaza de garaje nº 36, 30.214,25 €
14 Sevilla Plaza Ruiz de Alda, derecho uso plaza de garaje nº 37, 30.214,25 €
15 Sevilla Plaza Ruiz de Alda, derecho uso plaza de garaje nº 38, 30.214,25 €
16 Sevilla Vivienda en C/Camilo José Cela 2, portal 6, planta 4ºC y garaje nº35 571.682,28 €
17 Sevilla Vivienda en C/Fernando Villalón 3, planta 4ºD y garaje nº 56 503.180,17 €
18 Sevilla Vivienda en Av. Eduardo Dato 29 N2-2 Es:2 Pl:03 de garaje núm. 44 574.372,01 €
19 Sevilla Vivienda en Avda de Jerez 29 y garaje 44 Edificio Reina Victoria 163.985,48 €
20 Sevilla Parcela TA-6.4 Pabellón de Turquía 706.471,53 €
21 Sevilla Parcela TA-2.2.1 Pabellón de Israel 711.632,24 €
22 Sevilla Parcela TA-9.2 Pabellón de Austria 1.386.891,53 €
Algunos de estos inmuebles fueron el pago del gobierno de Zapatero por la deuda histórica. Conviene recordar que el acuerdo final de su pago ascendía en total a 1.204,41 millones, de los cuales el Estado ya abonó otros 420,20 en dos pagos realizados en 1996 y en 2008: en el primero la Junta percibió 120,2 millones y en el segundo 300 millones de euros. Los 784 millones de euros pendientes de pago de los 1.204 de esta partida se liquidaron el 1 de junio de 2010, a través de la transmisión de la empresa Agesa, sociedad que gestiona los activos de la Expo 92 y otros terrenos en Sevilla, y suelos en 8 parcelas urbanas en el Toyo I y terrenos en El Toyo II almerienses, solares en Cádiz, el municipio gaditano de San Fernando, Granada, Almería y Jaén; parcelas en Granada y Sevilla, así como el edificio de Correos de Málaga, tasándose este entonces este edificio en unos 30 millones de euros.
Recordemos que, en 2009, en el Parlamento de Andalucía, respecto de la deuda histórica, Arenas reprochó que la consejera de Economía fuera a Madrid a “mendigar solares” y anunció que recurrirá a los tribunales. “De haber sabido que el consenso se convertiría en una traición, nunca habríamos respaldado el Estatuto”, dijo entonces la popular Esperanza Oña durante la defensa de la iniciativa de reprobación. Diego Valderas aseguró que jamás se habló de cobrar la Deuda Histórica en especie durante la reforma del Estatuto de Autonomía.
En septiembre de 2018 la Junta de Susana Díaz activaba la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga (PGOU) para que la finca del edifico de Correos de Málaga deje de tener una calificación como equipamiento público de carácter local y un uso de servicio de interés público y social, y pasara a ser para el servicio terciario hotelero. Este cambio de uso también requiere de una compensación obligatoria a la ciudad por la pérdida de un espacio dedicado a un fin público o de interés general.
El precio que tenía el edificio de Correos de Málaga, cuando se transfiere a la Junta de Andalucía como pago de la deuda histórica, se tasó entonces en 30 millones de euros. El actual gobierno de la Junta hace unos meses decía que pensaba subastarlo por no menos de 20 millones de euros. Sin embargo, el precio que se estipula para la subasta de este es de tan solo 16,8 millones de euros. Casi la mitad de su valor al ser traspasado a la entonces Junta de Andalucía, con lo que lo andaluces se quedan, en precio de salida, sin 14 millones del valor del entonces edificio de parte del pago de la deuda histórica.
Por otro lado, el Palacio de la Tinta, en el centro de Málaga, es un edificio histórico de influencia francesa que data de 1908 y tiene un grado de protección arquitectónica de grado I por su valor. En sus inicios fue sede de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces y, más tarde, de la Confederación Hidrográfica del Sur hasta que sus competencias pasaron a la Junta de Andalucía. En 2008, con motivo de su centenario, se acometió una rehabilitación considerable, siendo entonces sede de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Según indica el BOJA y la propia Plataforma de Contratación, “está ocupado por personal de la Administración y pendientes de su próximo desalojo”. Algunos grupos de inversión interesados en este palacio pensaban pasarlo a hotel o a destino residencial, estaban dispuestos a ofrecer hasta 15 millones de euros por el inmueble antes de la subasta, mientras que el valor con el que sale a subasta es de 12,54 millones de euros, según se indica en el anexo I de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. Otra pérdida de dinero.
También podía la actual Junta de Andalucía adecuar alguno de los edificios que vende de la antigua Expo´92 de Sevilla – de lo que fue AGESA – y dejar de pagar así el elevado alquiler del edificio que ocupa la actual consejería de Empleo, por ejemplo, que no entra en los edificios que se enajenaron al fondo de inversión norteamericano WP Carey. Algunas de las Agencias Públicas de la Junta y Consejerías están en edificios de la antigua Expo´92 y dado que sacan a subasta en la misma Isla de la Cartuja tres edificios como son el Pabellón de Turquía, el Pabellón de Israel y el Pabellón de Austria, podían adecuar alguno de ellos como sede administrativa de la Junta para aliviar la elevada carga de los pagos de alquileres.
La Residencia de Tiempo libre de Cádiz, otro crimen sin castigo.
El entonces Instituto Social de Tiempo Libre del Ministerio de Trabajo decidió levantar en el solar de lo que era la piscina municipal de Cádiz, lo que sería la Residencia de Tiempo Libre, ejecutado por la Obra Sindical de Educación y Descanso entre 1975 y 1977 un edificio de turismo social, cuyo arquitecto fue Miguel Martínez de Castilla, que lo ideó como un centro para que las familias con menos recursos pudieran veranear en la llamada milla de oro de Cádiz, en la playa de la Victoria, la mejor playa de ciudad de toda Europa. Diversos retrasos hacen que la inauguración sea en 1981. En la estructura exterior del edificio predomina lo metálico en seis alturas, y las 180 habitaciones – con 450 camas – dan todas al mar.
En los tres meses de verano pasaban por ella unas 7.000 personas, y cerraba sus puertas cada año tan solo dos meses, llegando a tener hasta 180 trabajadores en plantilla en las puntas de verano. En sus instalaciones se celebraban numerosos congresos y actos de diferentes colectivos sociales y entidades, y hasta, a veces, servía de realojo provisional para familias muy necesitadas. La gestión de las habitaciones de la residencia – como en el conjunto de las residencias de Tiempo Libre en Andalucía – tenía un peso principal entre UGT y CC.OO. que se repartían el 70 % de las plazas, cobrando el 20% en concepto de gestión, y el restante 30% lo tenía la propia Junta de Andalucía. Un modelo de gestión que terminó cuando el sindicato CSIF llevó hasta el Supremo su denuncia sobre la misma y el T.S. confirmaba las tesis de este sindicato, y declaraba nulos los artículos 7 y 12.3 b) del decreto 15/1.999, de 2 de febrero por el que se regula el uso, participación y gestión de la red de residencias de tiempo libre pertenecientes a la Junta de Andalucía, por entender que el mismo vulnera el derecho a la libertad sindical en condiciones de igualdad.
Pronto llegaría la herida mortal para la residencia. Un foco de legionella detectado en noviembre de 2007 dio con su cierre definitivo, mientras la Junta anunciaba una obra integral de remodelación del edificio que no sería sino otro engaño más. La Junta, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, llegó a tener prevista una rehabilitación general que nunca llegó a efecto, con la instalación de placas solares, la rehabilitación de las cocinas, el salón de actos y una profunda reforma de las habitaciones. Proyecto que la crisis del 2008 terminó por enterrar para siempre.
El paso del tiempo, la falta de mantenimiento y el abandono del edificio terminaron de hacer el trabajo. La Junta dejó completamente vacío el edificio y reubicó al personal laboral de la Junta de Andalucía que prestaba servicios en sus instalaciones por otros centros de trabajo o por las propias delegaciones provinciales de la Junta en Cádiz. Una señal inequívoca por la que los cargos públicos del PSOE de la Junta habían decidido dejar morir de inanición a la Residencia de Cádiz.
La complicidad del Ayuntamiento de Cádiz
Una sentencia a muerte en la que también fueron cómplices el propio Ayuntamiento de Cádiz. En diciembre de 2014, pocos meses antes de las elecciones, cuando el equipo de gobierno gobernado por el PP de Teófila Martínez firmó con la Junta el acuerdo sobre patrimonio que afectaba a 7 parcelas y edificios, entre ellos la Residencia de Tiempo Libre, para darle un uso 100% hotelero. Para ello había que cambiar el propio PGOU de Cádiz, ya que el Plan de 2012 conllevaba una zona de oficinas sobre la parcela, destinaba, sobre una parcela de 7.349 metros cuadrados, 15.000 metros útiles para uso hotelero y 10.000 para administrativo. La modificación del PGOU en este terreno fue planteada por la propia Junta de Andalucía.
El documento del PGOU fue modificado en 2018, con “Kichi” ya de alcalde. El cambio reduce la carga constructiva de uso hotelero exclusivo que se quedará en 20.000 metros cuadrados. Junto a ello se incluye una cesión de suelo para espacio libre con una superficie de 1.394 metros cuadrados que se destinará a la apertura de una calle pública entre el complejo residencial Reina Victoria y el futuro hotel, abriendo de esta forma una nueva conexión para unir el Paseo Marítimo y la calle Muñoz Arenillas que está a su espalda.
Numerosos colectivos ciudadanos de la ciudad rechazaban este nuevo uso y han reclamado la continuidad en Cádiz de la Residencia de Tiempo Libre, por el tradicional papel de socializar la playa de Cádiz a un conjunto de trabajadores que no pueden permitirse, en muchos casos, una semana de vacaciones en un hotel privado. Por el contrario, la Junta de Susana Díaz argumentaba entonces para este cambio y futura venta del edificio y la parcela, el valor económico y laboral que va a tener el futuro hotel privado que se instale en esta zona. De hecho, varias empresas y cadenas hoteleras vienen de largo mostrando su interés en demoler el edificio y construir sobre el solar un hotel de 5 estrellas. Una idea que continua con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía.
La pregunta final que nos queda por hacer es ¿Qué ha cambiado en Andalucía con el cambio de gobierno? Ya que el “gatopardismo” es lo imperante en la escena política andaluza. Lo mismo que el gobierno de Susana está haciendo el gobierno del trifachito. Tomen nota y aprendan pues.