La vivienda en Andalucía: un derecho abandonado a la especulación

En Andalucía, la crisis de la vivienda no se resuelve, sino que aumenta bajo el gobierno de la derecha, y es el resultado directo de decisiones políticas concretas. También es fruto de una elección sostenida en el tiempo por parte de quienes gobiernan la comunidad: dejar que el mercado actúe sin correcciones reales, aunque eso suponga expulsar a miles de personas del acceso a una vivienda digna. Mientras una minoría concentra la propiedad, cerca del 93 % de la población no posee viviendas destinadas al alquiler o al turismo; son la gran mayoría de millones de andaluces y andaluzas que no participan del negocio inmobiliario. Pero la comunidad sigue padeciendo sus consecuencias: precios inasumibles, falta de oferta y una precarización creciente del acceso a un derecho básico. En los últimos cinco años se han producido alrededor de 50.000 desahucios en la comunidad, una violencia vital sin matices. No son una estadística abstracta: son familias expulsadas de sus hogares en un contexto en el que la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un activo financiero.

El crecimiento de los pisos turísticos agrava aún más el escenario. Decenas de miles de viviendas han salido del mercado residencial para destinarse a un uso más rentable a corto plazo. El resultado es conocido: menos oferta, más competencia y alquileres cada vez más altos. En Sevilla, el metro cuadrado ha alcanzado cifras récord, en torno a los 2.790 euros, en una ciudad donde tener empleo ya no garantiza poder vivir en ella. Ante esta realidad, la respuesta del Gobierno andaluz y de ayuntamientos como el de Sevilla, gobernados por el Partido Popular, ha sido constante en su orientación: no intervenir de forma estructural. Se rechazan regulaciones más exigentes del mercado del alquiler, no se limita con suficiente ambición el crecimiento del turismo residencial y no se impulsa una política pública de vivienda a la altura de la emergencia social existente. La consecuencia no es neutralidad: es la consolidación del problema. Porque cuando un gobierno renuncia a intervenir en un mercado completamente tensionado, no está observando el fenómeno desde fuera: está eligiendo que las reglas actuales se mantengan, y esas reglas favorecen claramente a grandes tenedores, fondos de inversión y operadores turísticos, no a la población residente.

El discurso de la “oferta y la demanda” funciona como coartada. Reduce un problema político a una supuesta dinámica natural del mercado, como si la planificación urbana, la fiscalidad o la regulación del alquiler no fueran instrumentos disponibles. Pero sí lo son, y su ausencia también es una forma de política. Mientras tanto, la ciudad se reorganiza en función de su rentabilidad y no de sus habitantes: los barrios se transforman, los precios se disparan y el acceso a la vivienda se desplaza fuera del alcance de amplias capas de la población trabajadora. En este contexto, la posición del Gobierno andaluz no puede entenderse como falta de capacidad, sino como una forma de priorización, con consecuencias claras: una región donde vivir se convierte progresivamente en un privilegio. La pregunta ya no es si existe un problema de vivienda en Andalucía, sino por qué, ante su evidencia, se insiste en no actuar con la contundencia necesaria.

La semana pasada, en el Congreso de los Diputados, esa posición quedó expuesta con claridad. Ante una medida insuficiente, pero destinada al menos a aliviar parcialmente la presión —la prórroga de los alquileres propuesta por el Gobierno de España—, la derecha votó en bloque en contra, sin matices, sin fisuras y sin ofrecer alternativa alguna. El mensaje es inequívoco: incluso las medidas más tímidas resultan inaceptables cuando interfieren en los mecanismos de acumulación. Porque aquí no hay neutralidad posible; toda omisión es una toma de posición, y toda toma de posición revela a quién se protege. La pregunta, entonces, deja de ser técnica o económica para volverse profundamente política: ¿quién tiene derecho a vivir en las ciudades que habita? Porque la respuesta no se escribe en los discursos, sino en las decisiones. Y hoy, en Andalucía, cuando los poderes públicos no regulan, están facilitando la transferencia de valor desde la población hacia el capital inmobiliario. Esas decisiones dibujan un paisaje nítido y desigual: la vivienda se protege como negocio, no como derecho. Y en ese desequilibrio cada vez más evidente, se está decidiendo quién pertenece y quién sobra.