Juan Manuel Moreno Bonilla lleva ocho años explicando que él no es como Vox. Lo ha dicho en mítines, en entrevistas, en los pasillos del Parlamento andaluz y en los foros europeos donde el Partido Popular presume de ser la derecha razonable. Tiene razón en casi todo. Y sin embargo, sin los quince diputados de Manuel Gavira, no puede seguir siendo presidente de la Junta. La aritmética tiene esa crueldad que no admite matices ni discursos de moderación. El 17 de mayo los andaluces le votaron en masa, le negaron la mayoría absoluta por dos escaños y le pusieron a negociar con el partido que más le incomoda ante sus socios europeos. Bienvenido a su tercer mandato.

El resultado electoral dejó una ecuación de escolar: 53 escaños del PP, 15 de Vox, 109 diputados en total, 55 necesarios para gobernar. Sin los votos de Abascal no hay investidura, y sin investidura hay repetición electoral. Lo curioso es que Moreno llegó a este punto habiendo ganado con rotundidad —el PSOE encajó su peor resultado histórico con 28 escaños— y aun así necesita pactar. Hay algo casi cómico en esa situación: ganar tan bien que te quedas a dos votos de no necesitar a nadie, y quedarte a dos votos de no necesitar a nadie siendo el único resultado que te obliga a necesitar precisamente a ellos.

La izquierda, el mejor aliado de Moreno

La negativa del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía a facilitar la investidura mediante la abstención le entregó a Moreno el argumento que más necesitaba y que él, con su habitual sangre fría, no ha tardado en explotar. La secretaria general socialista María Jesús Montero cerró la puerta con llave —«ni por activa ni por pasiva»— ignorando incluso la petición pública de UGT Andalucía, que sí pidió reconsiderar el veto para evitar que Vox entrara en el Ejecutivo. El sindicato históricamente más vinculado al socialismo andaluz veía el riesgo. El partido, no, o no quiso verlo. El resultado es que Moreno puede presentar el pacto con Vox ante la opinión pública no como una elección ideológica sino como la consecuencia directa del bloqueo de la izquierda. «Se han autoexcluido de manera irresponsable», dijo el presidente en funciones, con esa expresión de lástima contenida que tan bien domina. Pocas veces un rival te hace tan buen favor tan gratis.

Con ese paraguas político, Moreno aspira a cerrar un acuerdo de legislatura —cuatro años de estabilidad, presupuestos incluidos— sin ceder las consejerías que Vox reclama. El modelo que prefiere es el de un gobierno en solitario con apoyo parlamentario externo. El modelo que Vox quiere es el que ya ha impuesto en Castilla y León, Extremadura y Aragón: consejeros propios, presencia en el Ejecutivo, la foto del poder. Entre esas dos posiciones discurren las negociaciones desde el 9 de junio, bajo un pacto de silencio que ambas partes mantienen con disciplina llamativa. Cuando PP y Vox guardan tanto silencio, suele ser porque están hablando mucho. O quizás, simplemente, estén buscando el redactado fino del acuerdo y las explicaciones a conceder a sus electores. Seguramente las más rebuscadas.

Vox vuelve del desierto con mejor memoria

Entre 2022 y 2026, Vox fue en Andalucía poco más que decorado parlamentario. Moreno gobernó con mayoría absoluta sin llamarles, sin necesitarles, sin hacerles caso. Cuatro años de invisibilidad son mucho tiempo para un partido que vive de la tensión y del ruido. La lección de aquella legislatura explica por qué Gavira no acepta ahora un simple papel firmado con compromisos programáticos: ya tienen experiencia de lo que ocurre cuando el PP no los necesita. En 2019 apoyaron la investidura de Moreno a cambio de 37 compromisos; en cuanto llegó la mayoría absoluta en 2022, los 37 compromisos quedaron en el cajón y Vox quedó en la irrelevancia. Esta vez piden silla en la mesa, no en la sala de espera.

Lo que Vox gana si consigue entrar en el Ejecutivo andaluz va bastante más allá de Andalucía. Implantar el modelo de gobierno compartido en la región más poblada de España, con 8,5 millones de habitantes y el mayor presupuesto autonómico, convierte a Santiago Abascal en algo que hasta ahora solo era en parte: el líder de un partido de gobierno, no solo de un partido de protesta. Además, la denominada «prioridad nacional» en el acceso a servicios públicos —el gran caramelo migratorio que Vox exige en cada negociación— figura ya en los acuerdos de las otras tres comunidades. Conseguirlo en Andalucía cierra el mapa y lo convierte en política de hecho, aunque su aplicación práctica choque con el ordenamiento constitucional y europeo a cada paso. Que choque, para Vox, es casi parte del plan.

Lo que pierde quien gana

El PP paga un precio que no aparece en los titulares del día siguiente pero que se acumula con intereses. El «modelo Moreno» —esa derecha gestora, templada, alejada del catastrofismo ideológico— ha tenido éxito electoral indudable: tres victorias seguidas lo certifican. Pero ese modelo se construyó en buena parte por contraste con Vox, y el contraste se difumina en cuanto ambos firman un acuerdo de gobierno. Los socios europeos del PP en el Partido Popular Europeo observan con creciente incomodidad cada alianza de los populares españoles con la ultraderecha. Esa incomodidad tiene consecuencias en la imagen exterior de Feijóo como alternativa moderada al Gobierno de Sánchez, y Moreno lo sabe aunque no lo diga.

Vox tiene, por su parte, motivos propios para recelar del pacto que negocia. Si acepta un acuerdo programático sin carteras, habrá repetido el error de 2019: compromisos en papel, ningún resorte para verificar su cumplimiento y la misma vulnerabilidad de siempre ante un PP que, si recupera la mayoría absoluta en las próximas elecciones, los volverá a apartar sin contemplaciones. Si en cambio consigue entrar en el Ejecutivo, asume corresponsabilidad sobre todo lo que falle en Andalucía durante cuatro años. Las listas de espera en la sanidad pública, los déficits de vivienda, los problemas del campo, la gestión del agua. Cuando gobiernas, los problemas también son tuyos. Y los andaluces tienen una larga práctica en presentar facturas electorales.

(Nota al margen. Si Vox entra en el gobierno andaluz seguro que pide Agricultura, Medio ambiente… Y hay que preguntarse si el PP de Almería, con la que les está cayendo con la trama de corrupción provincial investigada judicialmente, que haría sin Agricultura como viene sucediendo desde los tiempos socialistas. Ojo, no es una cuestión menor.).

Dos partidos, una sola cuenta

La negociación que PP y Vox mantienen en Sevilla con tanto sigilo no es solo sobre escaños y consejerías. Es sobre quién manda realmente en Andalucía durante los próximos cuatro años y quién carga con el coste político de lo que no funcione. Moreno quiere gobernar. Vox quiere gobernar con él o hacérselo imposible. En algún punto entre esas dos posiciones hay un acuerdo que ambos necesitan, aunque ninguno lo reconozca en público.

Lo que no figura en ningún borrador de pacto es lo más relevante: una vez firmado, los dos partidos comparten el gobierno y comparten la factura. El PP no podrá achacarle a la izquierda lo que salga mal, y Vox no podrá presentarse como alternativa limpia si ha suscrito los presupuestos. Cambia quien pide el voto. No cambia quien paga las consecuencias. Que es, como siempre, el mismo.