En el auditorio de CaixaForum de Madrid, el presidente del Gobierno ha reconocido que la pobreza infantil cuesta más de 63.000 millones de euros al año, el 5,1% del PIB anual en cifras de 2019. Un coste que se calcula a partir de dos magnitudes: primero, que en la edad adulta se percibirá un salario inferior en 5.100 euros brutos al año; y, segundo, el incremento exponencial del riesgo de tener una salud deficiente con los costes derivados para el sistema sanitario. Pese al escuálido escudo social que ha puesto en acción el gobierno español, en 2022 unos 2,6 millones de menores están en riesgo de pobreza y exclusión social. Este dato equivale a prácticamente uno de cada tres niños de nuestro país (31,8%) y la tendencia ha aumentado en un 3% si lo comparamos con las cifras del año pasado. No estamos en una democracia plena. Ni en un estado social y de derecho.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político en su artículo 26 dispone que:
“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” Uno de cada tres niños que residen en España y está sujetos a la jurisdicción de nuestro estado, está discriminado en uno de los aspectos básicos para vivir dignamente y tener oportunidades similares al resto.
Oyendo estas últimas semanas a las señoras Gamarra, Montero (las dos), Belarra , Arrimadas y a la diputada de VOX y el silencio de otras representantes parlamentarias de distintos grupos, me he preguntado qué clase de defensoras de los derechos sociales de los niños, niñas y niñes españoles tenemos en las Cortes generales, cuando no se ha dicho una palabra, ni presentado una proposición correctora de la situación, derivada de un estado patriarcal cuál histórica y sociológicamente es el español. Es este el punto de aplicación de la fuerza de ataque contra el machismo burgués que ha producido y mantenido una estructura del estado que produce tales cifras de pobreza infantil. La paridad de género en las instituciones permite romper el cerco de la desigualdad.
Es este un punto clave a analizar y sopesar en las próximas campañas electorales.