1/ El gobierno de la nación aprueba entregar un cheque de 200 euros a los más necesitados de los ciudadanos en quienes reside la soberanía . A uno de ellos, a quien asisto en las 3000, con una prestación mensual por discapacidad que asciende a 450 euros al mes, le anuncian la concesión y en ingreso en su cuenta del cheque que le corresponde. Al mismo tiempo un funcionario de hacienda le notifica, con firma digital eso si, que le embarga el cheque y 180 euros más de los 450 de su mensualidad porque tiene una multa pendiente con Hacienda, los funcionarios están obligados a cumplir la ley que impide embargar por debajo del salario mínimo. Les da igual. Son empleados públicos y no los elige nadie, hicieron una oposición o un concurso de interinos y se quedaron para siempre. ¿Y la ley?. Es de lo que viven.
2/ Sigamos con las 3000. Una enferma mental, al morir el familiar con quien vivía, se queda sola en la vivienda que correspondía administrativamente al difunto. A los pocos días, uno de los clanes que controlan las distintas barriadas del “Polígano” , rompen los cristales de una ventana, se cuelan dentro, la expulsan a la calle, cambian la cerradura y se quedan dentro. Esta durmiendo estos primeros días en el coche de una amiga en situación similar. Al ir a poner en conocimiento de un funcionario de los cuerpos de seguridad lo ocurrido, éste le advierte que el denunciar tiene sus riesgos por lo que le puedan hacer los del clan. Deberían actuar. No actúan. Hicieron una oposición. ¿Y la ley?. Es de lo que viven.
3/ El Defensor del Pueblo nacional publica una nota de prensa advirtiendo de que no le consta que el rechazo en frontera de 470 personas en Melilla el 24/06/2022 se tuvieran en cuenta por los guardias civiles actuantes y las autoridades gubernativas, incluido el ministro del Interior, las garantías legales nacionales e internacionales de obligado cumplimiento. Y advierte que Interior pese al tiempo transcurrido no le ha enviado la documentación oficial solicitada. Los guardias civiles son funcionarios, las autoridades gubernativas son funcionarios públicos, el ministro del Interior es un magistrado de carrera que ha enviado a prisión con el código legal en la mano a bastantes ciudadanos que no lo eligieron para nada y que demuestra a juicio de la nota de 4 páginas del Defensor que puede hacer de su capa un sayo. Debieron cumplir con las garantías legales nacionales e internacionales. No consta que lo hicieran. ¿Y la ley?. Es de lo que viven.