Nosotros encerrados y ellos trincando de las FFP-2

El 8 de abril de 2020 murieron en España 757 personas en 24 horas. Los contagios por el Coronavirus – que así llamábamos entonces al Covid- ascendieron a 146.690 ciudadanos, cuando infectarse suponía comprar muchos décimos de una lotería de muerte solitaria, abandonado en un hospital colapsado. Por aquel entonces, más del 90% de los casos infectados permanecían ocultos, según datos oficiales.

Había pánico y miedo general, estábamos encerrados en nuestras casas, con una gran sensación de impotencia al comprobar cómo, ni cuándo la vida de todos está en juego, nuestra clase política no estaba a la altura de las circunstancias, lanzándose cadáveres a la cabeza. Álvarez de Toledo, desde la portavocía del PP, acusaba a Sánchez de tomar “decisiones letales para la vida de los españoles”.

Nuestro pequeño gran desahogo llegaba cada tarde a las ocho, a la hora de aplaudir a los valientes sanitarios que se protegían como podían con bolsas de basura como Epi.

En aquellas semanas tan negras de nuestra reciente historia, menos exponerse en la calle, tuvimos tiempo para todo en el encierro. Incluso para comprobar – que no contrastar- los muchos mensajes más o menos anónimos e inconcretos que llegaban por la red y apuntaban a posibles irregularidades en el uso de fondos públicos para afrontar las primeras compras de emergencia en pleno Estado de Alerta. Rumores, muchos rumores y también algunas denuncias aisladas sobre un festival de precios en un mercado de locura. La escasez y la demanda tenían la culpa, se nos dijo para justificar el gran descontrol del dinero público en esos primeros meses. El material llegaría con cuenta gotas, con dudosas calidades y controles, aunque no faltaron las fotos que nos mostraban los cargamentos con el escudo y bandera de España o a la propia presidenta de Madrid posando en uno de los aviones de transporte de material sanitario comprado en oriente con los fondos adjudicados desde su gobierno.

Aquel miércoles 8 de abril de hace casi dos años, el presidente de la Diputación y del PP de Almería, Javier Aureliano García Molina, el nuevo hombre fuerte de Génova en la provincia, firmaba un decreto de presidencia donde se daba cuenta de una importante adjudicación para comprar material sanitario de protección: «Siendo más ventajoso para los intereses de Diputación, la oferta presentada por Azor Corporate Ibérica, S.L., por importe de 1.999.886,24 euros, IVA excluido por el suministro y transporte en vuelo chárter privado con destino Aeropuerto de Almería más 36.300,00 euros, IVA incluido, de gastos financieros y de gestión del contrato».

Por esos dos millones y pico de euros de la Diputación de Almería, se adquirían los siguientes productos: «500.000 mascarillas FFP-2, 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo. El abono del contrato se realizará mediante pago por anticipado».

Sobre el papel una decisión administrativa más de la Diputación, se supone que jurídicamente supervisada por funcionarios públicos que, según dice en su decreto Javier Aureliano García, es hasta beneficiosa para las arcas de la corporación provincial al haberse elegido la oferta más barata. La más cara la presentó la empresa «Jimsalab  Distribución y Exportación S.L.U» y ascendía  a la friolera 2.931.406,50 euros.

Mientras, a unos ochocientos kilómetros de Almería, la jueza Angeles Fernández Tió, titular del Nº 8 de los de Instrucción en Barcelona, lleva entre manos desde principios de ese año 20  una causa contra una organización criminal radicada en Cataluña, dedicada al trafico de drogas y al blanqueo de capitales. En sus indagaciones observa una nueva vía de negocio de blanqueo del clan con la venta de material sanitario. La ramificación de la trama se extiende por Almería, Barcelona, Girona, Murcia y Baleares.

A mediados de junio del pasado año estalla el escándalo que, en términos políticos, deja con las vergüenzas al aire al Partido Popular de Almería, a sus dirigentes y padrinos pasados y presentes.

Oscar Liria, vicepresidente, diputado provincial que llegó muy joven en 2011 de la mano de Gabriel Amat, es detenido, encarcelado y sometido a registro en despacho y domicilio. Para muchos la caída de Liria era un golpe a la gente más cercana que aún está con Amat, el viejo león que se lame las heridas del retiro mientras observa como su sucesor y delfín, Javier Aureliano, se ha puesto en primer tiempo de saludo ante Teodoro García Egea, el ‘general secretario’ del PP, el mismo que le llamó para decirle que no seguiría de presidente provincial, pese a haberlo decidido tras pedírselo Moreno Bonilla en persona en una visita a Roquetas.

Liria es la cabeza más visible pero no la más importante implicada en esta trama. Tiempo después la juez declara investigado a quien Su Señoría supone que le hizo llegar el papel del contrato a Liria, Fernando Giménez Giménez, diputado delegado de Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo, mano derecha del presidente J. Aureliano García, vicesecretario de Organización del PP de Almería y Secretario Regional del Partido Popular de Andalucía de Función Pública (en el cargo desde 2017). Un ramillete de investigados, todos del PP o vinculados familiarmente a sus dirigentes, saltaron de forma breve a los medios que, salvo contadas excepciones, no han prestado demasiada atención a este caso de corrupción en la derecha. El hecho de que la causa se instruya en un juzgado de Barcelona ha ayudado, sin duda, a que el escándalo no tenga recorrido informativo en Andalucia. En Canal Sur son capaces de dedicarle una hora el pasado viernes a las mascarillas del hermano de Ayuso y no mencionar siquiera el caso destapado en junio pasado en Almería, también con mascarillas de por medio y con una presunta mordida superior a la del hermanísimo. Se trata del primer caso de corrupción judicializado de la era Moreno Bonilla en Andalucía que afecta a su propio partido y en territorio bajo su jurisdicción política. 

El Bonilla del corazón partío ha decidido encapsularse, sus temblores de piernas deben ir en aumento tras la implosión de Madrid. Debe ser por la lucha entre su cabeza y su corazón. La razón le dice que Pablo Casado hace lo que tiene que hacer un presidente del partido ante un golpe de mano interno  y que acabará ganando este envite, que para eso controla el aparato. La historia demuestra que los aparatos de los partidos son imbatibles. El corazón del presidente andaluz está con la rebelde Díaz Ayuso con la que comparte la misma cantidad de simpatías hacía Teodoro G. Egea, el escudero de Casado, el hombre que se hizo famoso lanzando huesos de aceitunas en Murcia para acabar imponiendo una disciplina férrea en el control del partido como número dos de Casado.

Recuérdese que todo esto sucede en Almería donde aún permanecen como reclamo para el turismo los escenarios usados entre otros por Sergio Leone en sus legendarias películas como «La muerte tenía un precio». Una plaza donde es posible que se vean muchos duelos electorales bajo el sol en el desierto de Tabernas, pero en esta próxima campaña entre populares y Vox. En Almería la lucha entre las derechas será de las más duras.

Por las cantidades y fechas manejadas parece que existe gran paralelismo y coincidencias entre la compra de mascarillas en Madrid y en las de Almería. En Madrid la compra fue el día 1, una semana antes. Pero el protocolo de Génova 13, en el caso de Almería, parece que funcionó de forma muy distinta. Ahí estuvieron de acuerdo con San Telmo que dio orden de amortiguar el escándalo en los medios amigos y en la tele pública. Ninguna voz autorizada en el PP salió a decir cosas como la dicha por Pablo Casado a cuenta del hermanísimo: «Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueda contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas. Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un consejo de ministros»

Este artículo se publicó el pasado martes en ExtraJaén.