Revival golpista
Ya no hacen falta tanques entrando en el Congreso. El nuevo golpismo opera mediante la judicatura, campañas mediáticas, bulos masivos, policías, filtraciones selectivas y desgaste institucional permanente.
Quizá muchos jóvenes —o simplemente ciudadanos alejados del ruido político cotidiano en lo que hoy se ha convertido el escenario político español deliberadamente— se hayan topado con un fragmento recuperado del histórico programa La Clave de hace años para no olvidar de dónde venimos. En aquel programa, una intervención del abogado Antonio García-Trevijano lanzaba una tesis demoledora que siempre mantuvo: el felipismo no habría supuesto una ruptura con las estructuras profundas del franquismo, sino su adaptación eficaz al nuevo régimen surgido tras la muerte de Franco. Décadas después, aquellas palabras resuenan con una vigencia plena.
La Transición española, vendida durante años como una obra maestra de reconciliación nacional, fue también —para muchos— un gigantesco pacto de supervivencia de las élites. Cambiaron los uniformes, los discursos y los símbolos, pero buena parte del poder económico, judicial, policial y mediático permaneció intacto. España pasó de una dictadura a una democracia tutelada donde jamás se desmontaron los grandes centros de influencia heredados del franquismo.
El llamado “régimen del 78” no es una consigna vacía. Es la constatación de que la arquitectura real del Estado nunca terminó de democratizarse del todo. Mientras Europa ya hacia años que había depurado esponsabilidades históricas tras los totalitarismos del siglo XX, aquí se optó por el silencio, la amnesia y el reparto de cuotas de poder. La monarquía, la judicatura, sectores policiales, los grandes grupos financieros y mediáticos quedaron blindados bajo un consenso oficial convertido casi en religión civil.
En ese tablero, Felipe González desempeñó un papel esencial. Consolidó una transición controlada que neutralizó cualquier posibilidad de ruptura democrática real y no tocó la memoria democrática española, en el país con más desaparecidos y asesinados de Europa, algo que historiadores y la memoria democrática le han achacado con toda razón. Sánchez ejecutó el enorme gesto simbólico de exhumar al dictador e impulsó leyes de memoria democrática; el trabajo de más de treinta años atrasados deliberadamente por el felipismo cayó sobre sus espaldas. Comprenderán ahora quién es el responsable y por qué de eso. Bajo el felipismo se construyó una España neoliberal plenamente integrada en los intereses financieros internacionales, alejada y en ruptura con el PSOE histórico mientras quedaban intactas muchas inercias del viejo aparato franquista. Los GAL, la guerra sucia, las puertas giratorias y la consolidación de grandes monopolios mediáticos y empresariales no fueron anomalías: fueron parte del modelo.
Y ahí aparece otro elemento fundamental: el papel de los medios de comunicación. Durante décadas actuaron como brazo legitimador del sistema, fabricando consensos y demonizando cualquier intento serio de cuestionar sus pilares. Quien desafiaba el relato oficial era presentado como radical, antisistema o directamente peligroso. La irrupción del 15M tras la crisis de 2008 y de Podemos supuso un terremoto. No porque fuera una fuerza revolucionaria, sino porque rompió algo mucho más importante: el monopolio del discurso político y mediático construido desde la Transición y el bipartidismo. Cuando Pablo Iglesias y su formación comenzaron a convertirse en una amenaza real para el bipartidismo, se activó toda la maquinaria del Estado profundo, con el PSOE felipista de colaborador.
Lo que vino después fue una auténtica operación de demolición política: cloacas policiales, informes falsos, portadas fabricadas, espionaje, tertulias convertidas en tribunales televisivos y una catarata diaria de bulos cuidadosamente amplificados. Ninguna pequeña formación política de izquierdas en democracia ha sufrido un acoso semejante. Y, sin embargo, todas aquellas causas terminaron desinflándose o archivándose. Pero el objetivo nunca fue judicial; era político y mediático. La condena ya estaba dictada en prime time y la aniquilación de la formación morada, más allá de sus fallos, ejecutada.
Muchos de los periodistas que participaron activamente en aquella cacería —y no hablo de la derecha más reaccionaria y sus medios, sino de presunta posición progresista— fueron colaboradores de ellos y hoy pretenden pasar página como si nada hubiera ocurrido. Nadie ha pedido perdón. Nadie ha asumido responsabilidades por años de intoxicación masiva contra adversarios políticos elegidos democráticamente.
En ese contexto destaca la figura de Pedro Sánchez, probablemente el dirigente más odiado por el establishment español desde la Transición. Un presidente que ha sorteado pandemias, sin mayorías, en diálogo permanente y pactos, que presenta el mayor crecimiento económico y de empleo desde hace más de veinte años. Sabemos que, de siempre, los malos datos económicos eran lo que se llevaba por delante a un gobierno; ¿por qué entonces ese odio y cacería? No porque sea un revolucionario, sino porque desafió algo imperdonable: al PSOE continuista del régimen y el control interno del propio sistema. Sánchez derrotó al aparato histórico del PSOE, sobrevivió al intento de defenestración de su propio partido y terminó gobernando apoyándose precisamente en fuerzas demonizadas durante décadas por el régimen político-mediático.
Ese desafío activó todas las alarmas.
Desde el primer momento comenzó una ofensiva total contra su figura: ataques personales, campañas contra su esposa y su entorno familiar, judicialización permanente de la política y una presión mediática diaria difícilmente homologable a cualquier otra democracia europea. El fenómeno del lawfare —la utilización política de la justicia— se manifestó plenamente contra su figura y gobierno para instalarse de lleno en España. Algo que con toda razón le criticó Podemos, la única quizás responsabilidad que se le ha vuelto en contra.
El caso del fiscal general del Estado, las filtraciones interesadas, determinadas instrucciones judiciales convertidas en espectáculos políticos o las operaciones policiales plagadas de irregularidades muestran hasta qué punto algunos sectores de la judicatura actúan ya como actores políticos. Las asociaciones judiciales guardan silencio ante enormes escándalos internos, pero reaccionan de inmediato cuando el Gobierno cuestiona mínimamente sus privilegios o su falta de renovación democrática.
Todo ello sucede en un clima internacional cada vez más reaccionario, marcado por el ascenso del trumpismo, el genocidio de Netanyahu, la ofensiva terrorista de la administración Trump contra Venezuela, la extrema derecha global y la normalización de discursos autoritarios. La alianza ideológica entre sectores del Partido Popular, determinados medios y poderes económicos conecta perfectamente con esa ola internacional que pretende desgastar cualquier proyecto socialdemócrata mínimamente reformista.
Mientras tanto, José María Aznar y Felipe González coinciden hoy en una oposición feroz contra Sánchez. Dos expresidentes enfrentados históricamente, pero unidos ahora por algo mucho más profundo: la defensa del modelo político surgido de la Transición y de los intereses que lo sostienen.
También reaparece en escena José Luis Rodríguez Zapatero, otra figura especialmente odiada por las derechas desde la retirada de las tropas de Irak, las políticas sociales o el final definitivo de ETA. Zapatero representa para muchos sectores conservadores el inicio de una España menos controlable, más plural y más incómoda para el viejo nacionalismo autoritario español.
Y en medio de todo ello, la desclasificación de documentos del golpe de Estado del 23-F vuelve a recordar una verdad incuestionable: aquella democracia nació bajo amenazas, tutelas y pactos oscuros que jamás fueron explicados del todo. El 23-F no fue solamente la locura de unos militares nostálgicos. Fue también un mecanismo de disciplinamiento político que sirvió para cerrar definitivamente cualquier posibilidad de ruptura democrática profunda.
Por eso hoy asistimos a un “revival golpista”. Ya no hacen falta tanques entrando en el Congreso. El nuevo golpismo opera mediante la judicatura, campañas mediáticas, bulos masivos, policías, filtraciones selectivas y desgaste institucional permanente. Un golpe de Estado, lento y continuado, contra cualquier gobierno que ose desafiar mínimamente los límites impuestos por los poderes fácticos. Pero Pedro Sánchez ha gobernado contra viento y marea, y la sociedad española debería ser consciente del bochornoso y peligroso deterioro democrático que atraviesa el país. Como aquel golpe de Estado del 23-F que, en palabras de Antonio García-Trevijano, terminó catapultando al felipismo y consolidando un modelo continuista y neoliberal, este momento histórico podría marcar también el principio del fin de los poderes fácticos de la derecha española que aún sobreviven desde la Transición. Quizá entonces España pueda comenzar, por fin, a construir una democracia más decente, más transparente y menos tutelada por intereses ajenos a la voluntad popular.
La gran paradoja es que Pedro Sánchez, con todas sus contradicciones y límites, se ha convertido precisamente en el principal objetivo de quienes jamás aceptaron perder el control político del país. Y quizá por eso sigue resistiendo: porque enfrente no tiene únicamente una oposición parlamentaria, sino una estructura de poder que lleva décadas funcionando prácticamente sin contrapesos democráticos reales.