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Órganos parlamentarios y jurisdiccionales europeos ya opinan

La imparcialidad del Tribunal Supremo español queda finalmente en entredicho por el mensaje de un alto cargo, senador del PP.

 

Ayer domingo el diario EL MUNDO daba por hecho que las euroordenes, la sentencia del TS sobre el procés y algunas derivadas de la misma iban a sufrir correcciones de fondo y algún varapalo en los tribunales europeos. Ya, antes, había tenido recorrido en los medios escritos y audiovisuales el informe que la Asamblea Plenaria del Consejo de Europa ha estudiado y sometido a votación en su plenario. La votación produjo el siguiente resultado: 70 votos a favor, 28 votos en contra (entre ellos los de los parlamentarios españoles del PP y del PSOE) y 12 abstenciones. He aquí un resumen del mismo. El documento es de quien lo aprueba. El extracto de un servidor.

 

1/ El Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé una fuerte protección de la libertad de expresión en aras de garantizar el funcionamiento de la democracia. En una democracia, los ciudadanos pueden hacer campaña a favor de cambios que violen la constitución existente, con dos condiciones: en primer lugar, que los cambios propuestos en sí mismos no ataquen los principios fundamentales de la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos, y en segundo lugar, que los medios propuestos para lograr estos cambios sean democráticos y no violentos.

 

2/ Los cargos que se les imputaron a los dirigentes políticos y sociales catalanes, así como las sentencias dictadas y las penas impuestas son desproporcionados. Opinión de los ex jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para España, Turquía y Bélgica en la audiencia ante la comisión en su reunión de Berlín los días 14 y 15 de noviembre de 2019. El tribunal juzgador tuvo que basarse en el gran número de manifestantes pacíficos que impedían a las fuerzas de seguridad llevaran a cabo la tarea que se les había encomendado de dejar “indisponibles” las papeletas y urnas preparadas y que el elemento del delito de sedición de un “levantamiento tumultuoso” se cumple con hechos tan abstractos como “aniquilar el pacto constitucional” (página 241 de la sentencia), la “creación de un constituyente paralelo cuyo objetivo es poner en crisis el orden constitucional vigente” (página 242 de la misma), “defender la derogación de facto de los principios constitucionales” o nociones abstractas similares (esta propuesta ante la Asamblea, párrafo 82).

 

3/ El delito de rebelión, del que la fiscalía acusó a los dirigentes catalanes, y el delito de sedición, por el que fueron condenados por el Tribunal Supremo, requieren un elemento de violencia. Esta es, en efecto, la interpretación predominante de estos preceptos penales, y también se requiere que la violencia pueda ser atribuida a la persona acusada del delito. El procesamiento de los políticos que organizaron el referéndum del 1 de octubre de 2017 por el delito de rebelión difícilmente puede basarse en la violencia real. El delito de sedición, según el artículo 544 del Código Penal español, requiere un “alzamiento tumultuario”. Al parecer, al entender que sería difícil probar la violencia en el sentido habitual de la palabra , la fiscalía española construyó una ficción jurídica del requisito de violencia para el delito de rebelión, denominada “violencia sin violencia” o “violencia incruenta ” de manifestantes movilizados por los organizadores y que constituiría una amenaza inherente de violencia, diseñada para intimidar y abrumar a las autoridades. El Tribunal Supremo dio al artículo 544 una interpretación que convierte efectivamente la desobediencia civil no violenta cuando la cometen políticos elegidos para cargos públicos o líderes de la sociedad civil, en el grave delito de sedición, que según su redacción requiere un “levantamiento tumultuoso”.

 

4/ ¿Puede el ejercicio de un derecho fundamental convertirse en un delito penal grave por el mero hecho de que muchas personas ejerzan su derecho al mismo tiempo? No lo cree el redactor del informe. El Tribunal Supremo parece reconocerlo en varias ocasiones y subraya que ninguno de los manifestantes ha sido acusado y mucho menos condenado por ningún delito. Pero esto lleva a preguntarse cómo es posible que los nueve políticos condenados por sedición sean los de un “levantamiento tumultuoso”. Si las protestas masivas como tales fueron ejercicios legítimos del derecho a la libertad de expresión y reunión, como dice el Tribunal Supremo, entonces es lógico esperar que esto también se aplicara a quienes organizaron y convocaron estas protestas.

 

5/ Opina el informe que una interpretación tan amplia del delito de sedición, junto con la anterior despenalización explícita de la organización de un referéndum ilegal, podría crear un problema de “nullum crimen, nulla poena sine lege” en virtud del artículo 7 de la Convención. Asimismo, una interpretación que penalice la organización de manifestaciones pacíficas por el mero hecho de que el número de participantes sea elevado puede considerarse una posible violación de la libertad de reunión protegida por el artículo 11 de la Convención y no superar la prueba de proporcionalidad del Tribunal. Obviamente, el TEDH tendrá la última palabra al respecto, con toda independencia.

 

6/ Teniendo en cuenta los criterios de la Resolución 1900 (2012) sobre la definición de presos políticos (véase más arriba punto 2.1.1.), las denuncias de violaciones de los derechos de la defensa, la imposición injusta de la prisión preventiva y las dudas sobre la neutralidad de los tribunales que llevan los casos de los políticos catalanes también pueden ser relevantes.

 

7/ En cuanto a la imparcialidad judicial, se han planteado dudas debido a los contactos directos que supuestamente se produjeron entre jueces y los miembros del gobierno nacional. Además, el Presidente del CGPJ declaró públicamente que la misión del poder judicial era garantizar la unidad de España. Esto se ha entendido como abiertamente en contra de las posiciones políticas defendidas por los dirigentes catalanes procesados, cuyas causas judiciales estaban aún pendientes. Además, como admite el Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de octubre de 2019, el magistrado instructor implicado en el caso, el Sr. Pablo Llarena, se había referido en una de sus resoluciones a “la estrategia dirigida a nosotros”, admitiendo así que se sentía como uno de los “dirigidos” por la estrategia utilizada por los acusados. La imparcialidad del Tribunal Supremo español queda finalmente en entredicho por el mensaje de un alto cargo, senador del PP, alardeando de que podían controlar el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial “por la puerta de atrás”.