Por qué los detectives deberían estar en la nueva LECrim: el Caso Almonte

El criminólogo José María Romero expone su posición personal, ante el Lobby de Detectives Privados, sobre la necesidad de incluir al detective privado en la reforma de la LECrim. La ilustra con un caso real que le marcó: un doble asesinato en Almonte en el que su investigación contribuyó a la absolución de un acusado que llevaba tres años en prisión preventiva, con el culpable real todavía libre.

«Esta mesa que vamos a iniciar debe tratar de lo que los ponentes piensan sobre la inclusión del detective privado en la defensa del inculpado y en la acusación particular, en el contexto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo proyecto se está debatiendo en el Parlamento y donde los fiscales asumirán la instrucción de toda la investigación penal.

Antes de ceder la palabra quiero leer algo que tengo escrito. No como crítica, sino como explicación de por qué creo que esto debería pasar, aunque sé que es una utopía. Y más cuando andan viendo si los funcionarios públicos se creen o no se creen lo que dicen.

Hace unos años ya yo hablaba de por qué los detectives no estábamos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso es la utopía que uno tiene. Anoche le comentaba a Javier que hace diez años él me hizo una entrevista, y ya entonces yo planteaba esa pregunta. Y sigo sin respuesta.

Os voy a poner un ejemplo de lo que puede suponer para un ciudadano privarlo del derecho a contar con un detective privado en un proceso penal.

Hace unos años se cometió un acto terrorífico en la localidad de Almonte. Un padre y su hija fueron brutalmente asesinados en su domicilio. La Guardia Civil local inició la investigación, que asumió después la Unidad Central Operativa. Que quede claro que yo admiro, quiero y respetaré siempre a la Guardia Civil y a la Policía.

No era una investigación sencilla. Entre los cadáveres se encontró un ADN que todavía no ha sido identificado, y en otro punto de la escena había otro ADN limpio, no situado en el lugar de los restos. Se detuvo a una persona, y esa persona estuvo en prisión tres años.

Yo tenía un gran amigo que ha fallecido, que en ese momento era casi un becario jurídico. Cuando ocurrió el crimen, me pidió que como éramos conocidos y porque podía hacer algo, mirara el caso. También estaba Javier Caraballo, periodista que escribió un libro sobre el tema defendiendo la inocencia del acusado. La investigación que yo realicé sirvió para que la defensa, en el juicio celebrado ante el Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Huelva, pudiera exponer con detalle todos los posibles fallos del atestado, y también para identificar personas que nunca habían sido interrogadas y que podrían haber aportado elementos relevantes. El acusado fue declarado no culpable.

Pero os voy a decir algo que es la crítica que yo hago en este momento, y es importante que se entienda. Hay un señor que cometió ese hecho terrorífico y está libre. Y tres meses antes de que se celebrara el juicio, cuando ya estaba fijada la fecha de la vista, tuve una reunión con personas de ese cuerpo policial. Les dije que en mi opinión el acusado era inocente y les di nuevas pistas de investigación. Hasta hoy, nadie las ha seguido.

No cuento esto para atacar a la Guardia Civil. Lo cuento porque ilustra con claridad meridiana la brecha que existe entre lo que la investigación oycial puede hacer — limitada en tiempo, en recursos, en estructura— y lo que una investigación privada al servicio de la defensa puede aportar al esclarecimiento de los hechos. Esa brecha cuesta años de vida a personas inocentes. Y puede dejar libre a quien no debería estarlo.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, si se aprueba sin reconocer la ygura del detective privado al servicio de la defensa y de la acusación particular, perderá una oportunidad histórica de cerrar esa brecha. Y eso es lo que esta segunda mesa va a debatir.

Le doy las gracias a todos los ponentes, especialmente a Eva, que entiendo que va a tener el punto más crítico y que lo va a defender, y yo estoy de acuerdo en que así debe ser. Vamos a escuchar lo que hay.»

José Mª Romero

Diplomado en Criminología Superior, Máster Universitario en Análisis Financieros e Investigación de Delitos Económicos por la Universidad Complutense.