Rubalcaba, ni ángel ni diablo (II): “Faisán”

El Gobierno de Zapatero de 2004, tras el nombramiento de ministro y secretario de Estado de Interior se pensó más de un mes a quién nombrar como director general de la Policía. El ministro (J.A. Alonso) y el secretario de Estado (A. Camacho) no eran afiliados del PSOE y querían alguien de confianza del partido en el País Vasco (¿Para qué?). Patxi López, secretario general del PSE-EE-PSOE propuso a Víctor García Hidalgo, que trabajaba en asuntos de seguridad allí y era mensajero del PSOE con el mundo de ETA a través de un cura. Rubalcaba llegó al ministerio dos años después y llevaba 22 días como ministro cuando se produjo el “chivatazo”. Cesó a García Hidalgo cuatro meses después. No se corresponde este cese con el trato que dio a otros leales colaboradores. Quizás es que Rubalcaba no sabía que había cargos políticos en su Ministerio que trataban de asuntos terroristas con otros socialistas del País Vasco.

No tengo ninguna duda que los condenados por el “chivatazo” son inocentes; solo hay que ver el retrato robot de Elosua sobre quién le entregó el teléfono (bajo, calvo, piel oscura, agitanado…) y la foto del inspector que llevaba ese día, por error, un teléfono asignado a otro inspector, que estaba en la zona del Faisán y recibió una llamada de 10 minutos que nunca se investigó. El comisario José Cabanillas, jefe de la Unidad Central de Inteligencia declaró que el jefe de Asuntos Internos, encargado después de la investigación, le dijo en tres ocasiones, el mismo día que se descubrió el chivatazo, que había que destruir el pendrive con la prueba. Sería muy largo para un solo artículo comentar cómo se movían los jueces desde el PP (Federico Trillo), comparar la carrera ascendente de Marlaska (Faisán y Yak-42 hasta llegar al Consejo General del Poder Judicial) y Gómez Bermúdez (presidente de sala del juicio del 11M), o la actuación de Alfonso Guevara, presidente del juicio del chivatazo que impidió el derecho de defensa de los abogados de Ballesteros y Pamies, José Luis Vegas y María Ponte respectivamente, considerando improcedente cada vez que trataban de desmontar presuntas pruebas del sumario contra los acusados con la excusa de que no se enjuiciaba a los policías investigadores. En resumen, que se investigaron unas llamadas y no otras y que el jefe superior y el inspector condenados habían preparado el chivatazo y en vez de asegurarse que no había testigos decidieron hacerlo cuando había en la zona una romería de policías entre miembros de UIP, personal de Información y Asuntos Internos. Quedó acreditado en el juicio que desde dos semanas antes hubo preparativos para una operación antiterrorista con documentos y mandos que lo avalaron, pero cuyos testimonios, como ninguno de los que exculpaba a los condenados, fue tenido en cuenta, ya fuera declaración oral, ni testimonio escrito, ni prueba documental con oficios policiales registrados debidamente. No sirvió para nada. La impresión de quienes estuvimos las cinco sesiones del juicio oral en la sala es que ya iban condenados y que las múltiples alegaciones de los abogados, que ponían en duda, cuando no descalificaban rotundamente con hechos objetivos presuntas pruebas del sumario, no servirían para nada. Es más, no les dejaron ni plantear muchas de ellas porque eran “improcedentes”.

Volviendo a Rubalcaba, asumió la situación (¿“chivatazo” del partido o del Gobierno?) y cuatro meses después, con la excusa de unificar las direcciones generales nombró a Joan Mesquida, director general de la Guardia Civil desde abril, como director general de ambos Cuerpos cesando a García Hidalgo. Rubalcaba pretendía que ETA dejará de matar sin concesiones ni gestos, mientras algún socialista vasco que negociaba con los asesinos estaba más dispuesto a ceder. García Hidalgo obedecía tanto las instrucciones del PSOE, (Patxi López, Eguiguren…) como del Ministerio y el Gobierno de Zapatero porque para eso lo nombraron. ¿Lo habría cesado Rubalcaba a los cuatro meses de haber dado la orden del chivatazo? No, no era esa su forma de proceder.

Rubalcaba trataba bien a sus colaboradores más directos en la Policía. José Antonio Rodríguez, actual jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación de la secretaría de Estado de Seguridad era uno de sus hombres de confianza.

Poco antes de llegar Rajoy al Gobierno fue destinado a la embajada de China y Cosidó planteó la posibilidad de relevarlo nada más llegar a la dirección general. Enterado Rubalcaba, llamó a Rajoy y el cese fue suspendido. En materia antiterrorista fueron mandos de confianza de Rubalcaba Miguel Valverde y Enrique García Castaño (comisario principal de confianza de todos los ministros de Interior de los últimos 25 años, hasta que decidieron ceder a campañas políticas contra policías profesionales); Juan Antonio González en Policía Judicial y Carlos Rubio entre los jefes superiores, que lo fue en Cantabria, Valencia y Madrid, promotor de las identificaciones masivas e ilegales que vulneran derechos civiles de la ciudadanía y que siguen aplicándose hoy.

El GAL (llegó al Gobierno años después de que dejara de matar); el 11M, (estaba en la oposición); el “chivatazo” antes comentado o la Gürtel, crearon una aureola de admiración de unos y miedo de otros sobre Rubalcaba al que se referían como Maquiavelo o Rasputín. A él estos motes no parecían molestarle. Sus escoltas, desde los primeros que tuvo hace 30 años a los últimos, cuando ya era profesor (he hablado con algunos de ellos antes y después de su muerte), dicen que es uno de los personajes del que mejor trato recibían: cercano, educado, atento, respetuoso… Su talla personal superaba la política. En definitiva, leyendas y bulos políticos aparte, estamos ante la muerte de un buen político que valía más como persona, según sus amigos, colaboradores, escoltas y otras personas que lo conocieron.