Confidencial Andaluz

091

091
13:12 | 10 de diciembre, 2016
Jose Manuel Sanchez Fornet

José Manuel Sánchez Fornet*

Desde 1980 en que ingresé en la Policía, si había algo que transmitía seguridad y confianza a la ciudadanía ante cualquier contingencia era la llamada al 091. Daba igual un incendio, accidente, robo con violencia, pelea vecinal, atraco, atentado, borracho malaje, robo en domicilio, en comercio o cualquier otra circunstancia, porque llamando al 091 se tenía asegurada la presencia en el lugar de los hechos de uno o varios coches, dependiendo del motivo de la llamada, con dos policías en cada uno para resolver cualquier problema, imponer tranquilidad y controlar la situación.

Si hay una labor policial que merece ser prioritaria por el servicio que presta a la ciudadanía ese es el 091. El lema “proteger y servir” se materializa en este servicio, que llegó a ser, no hace muchos años, envidiado en el mundo por su despliegue operativo en las ciudades y su tiempo de respuesta (que llegó a ser de menos de 3 minutos a una llamada de cualquier punto de cualquier ciudad), que hoy no funciona por una gestión incalificable de políticos y mandos policiales, y que deja cada mes a miles de personas que han reclamado la presencia policial ante alguna emergencia sin recibir el auxilio que demandan y merecen, y que la Policía, el Ministerio, el Gobierno, el Estado, deben garantizar.

 

Este servicio, que llegó a ser, no hace muchos años, envidiado en el mundo por su despliegue operativo en las ciudades y su tiempo de respuesta que llegó a ser de menos de 3 minutos a una llamada de cualquier punto de cualquier ciudad.

 

El ejemplo de Sevilla, ciudad del ministro

La ciudadanía, ajena a tantas cosas en este país tan corrompido, ignora esta situación y sigue confiando en que una llamada al 091 supone la presencia inmediata de la Policía. Por residir el ministro en Sevilla expondré hechos acontecidos en esta ciudad, que se pueden trasladar a otras muchas situaciones ocurridas en cualquier ciudad del país. Hace un mes aproximadamente, en la barriada de Bellavista, un toxicómano estuvo más de una hora con un cuchillo de grandes dimensiones amenazando a los clientes que se encontraban sentados en dos terrazas de un bar sin que acudiera ningún coche policial tras reiteradas llamadas al 091, por lo que varios ciudadanos, y entre ellos un guardia civil libre de servicio, tuvieron que reducirlo. En la tarde del día posterior, el detenido ya en libertad volvió a con su cuchillo al mismo lugar buscando a los que habían participado en su detención provocando que los clientes se encerraran en los dos bares para impedir su agresión. Hasta que el violento se cansó y se fue porque tampoco en esta ocasión pudo acudir ningún coche del 091 (GAC, Grupo de Atención al Ciudadano).

 

Hace un mes aproximadamente, en la barriada de Bellavista, un toxicómano estuvo más de una hora con un cuchillo de grandes dimensiones amenazando a los clientes que se encontraban sentados en dos terrazas de un bar sin que acudiera ningún coche policial tras reiteradas llamadas al 091.

 

Fue en Sevilla donde una mujer cuya pareja tenía orden de alejamiento soportó dos horas de golpes con gruesas piedras en su puerta sin que ni sus llamadas ni las de los vecinos al 091 sirvieran para que acudiera un coche policial al lugar. Si el violento hubiese conseguido derribar la puerta quizás estaríamos lamentando otro caso de asesinato por terrorismo machista. Pero esto no es noticia, los errores policiales por negligencias de los mandos y responsables políticos nadie los cuenta porque no parece “políticamente correcto”.

En Sevilla faltan 200 miembros en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana (en otras plantillas también faltan porque esta es la brigada peor tratada en la Policía, pero sería imposible de citar aquí a todas), lo que, unido a otros errores gravísimos de planificación y organización del servicio, suponen que si hace 15 años salían en cada turno unos 15 coches de seguridad ciudadana dependiente del 091, de atención inmediata a la ciudadanía y sus llamadas de auxilio, a finales de 2016 lo más normal es que haya dos coches, a veces uno y a veces ni uno solo para atender las necesidades de la ciudadanía. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Quién es responsable de esta situación?

LOS POLÍTICOS SON RESPONSABLES DE SU GESTIÓN

El primer y principal responsable político es el ministro de Interior saliente, Jorge Fernández Díaz, muy preocupado de su “policía política” y nada de la seguridad de la ciudadanía, seguido por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que con sus errores, sectarismo y nombramientos erróneos ha dejado a la Policía en la peor situación conocida desde hace décadas, porque nunca se había producido tal dejación de responsabilidad en el cumplimiento de la tarea policial de garantizar la seguridad de la ciudadanía como durante su mandato, y el mejor exponente de ello es el deterioro del 091.

En esta Policía de hoy y gracias a la “sabia” dirección de Ignació Cosidó, la atención a las necesidades del ciudadano no cuenta nada o es lo último en prioridad, y por ello miles de personas se quedan cada mes sin ser atendidos en sus llamadas de auxilio. Lo fundamental que hay que cambiar para devolver a la ciudadanía al centro de la actividad policial y que le demos protección y servicio es lo siguiente:

Falta de personal, no tanto por déficit de plantilla como por la errónea organización del servicio (hay hoy 20.000 efectivos más que en el año 2000 cuando se implantó el Programa Policía 2000). Que la atención a la ciudadanía sea la prioridad y no aquello que se hace solo si están cubiertas todas las demás necesidades operativas.
La custodia de presos trasladados a hospitales se realiza detrayendo vehículos del servicio de seguridad pública a la ciudadanía. Aplicando la Ley General Penitenciaria esto debería ser competencia de funcionarios de prisiones, pero por rutina o desidia se ha permitido que asegurar que un preso no escape suponga dejar sin seguridad a decenas de miles de ciudadanos ante cualquier emergencia que pueda surgir.

 

Falta de personal, no tanto por déficit de plantilla como por la errónea organización del servicio (hay hoy 20.000 efectivos más que en el año 2000 cuando se implantó el Programa Policía 2000).

La creación de Unidades como la UPR o el GOR, que no están bajo la dirección operativa del 091 y que dedican una gran parte de su actividad a identificar masiva e indiscriminadamente a ciudadanos (vulnerando sus derechos civiles), en cumplimiento de las órdenes operativas que dictan los mandos responsables. Todos los vehículos policiales en la calle deben tener como prioridad acudir a una llamada del 091.
La división de los coches de seguridad ciudadana por comisarías de distrito, que no atienden las llamadas del 091 y son dirigidos desde la misma comisaría, llegando en algún caso un mando a negarse, ante una petición de emergencia desde la sala del 091 por la ausencia de coches en otro distrito, a que un coche dependiente de su comisaría acudiera a la llamada de emergencia.
Usar estos vehículos de atención a la ciudadanía (GAC), para dar cobertura de seguridad a las autoridades y miembros del Gobierno que visitan la ciudad donde prestan servicio. Y en el caso de Sevilla, Córdoba y Badajoz (lugares de residencia del ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía respectivamente) se utilizarán para proteger a dichas autoridades en sus desplazamientos y estáticos en sus domicilios, servicio que, de ser necesario, (en ningún país de la UE se presta) debería hacerse por personal de otros servicios y no detraídos del servicio de asistencia al 091, porque se perjudica, retrasa o impide la asistencia a una llamada de auxilio que puede ser por una situación de gravedad y urgencia.

ZOIDO ES EL RESPONSABLE POLÍTICO DE QUE EL SERVICIO DEL 091 SEA EFICAZ

El ministro Zoido, a poco que quiera saber, conocerá esta situación. Ya hace algunos meses que por distintos medios se viene denunciando, pero nada ha cambiado. Hoy, mientras Vd. lee este artículo, habrá personas en distintas ciudades de España que no recibirán respuesta a su demanda de ayuda a la Policía. Y que sea peor en el caso del 062 de la Guardia Civil, donde esta situación se produce desde hace años, no debe ser motivo de excusa ni justificación.

La incomparecencia del 091 ante cualquier llamada supone un peor servicio a la ciudadanía con riesgo de desatención negligente y grave, aunque paradójicamente en las estadísticas policiales aparezcan menos hechos delictivos y emitan notas asegurando que se reducen los delitos, cuando lo que se reduce es el conocimiento formal de los mismos y las denuncias de las víctimas. A esto se suma otro artificio estadístico que provoca la reforma reciente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al disponer el archivo en comisarías de miles de denuncias de hechos cuyo autor no haya sido identificado (normalmente de hechos poco graves pero esto queda a interpretación policial) sin remitirlas al juzgado, lo que es aprovechado para no incluirlas en estadísticas (desde el mando al último policía percibimos una paga anual de productividad en función de que tengan menos denuncias de delitos cometidos en su zona territorial, lo que lleva a falsificar estadísticas); y a eso se suma otra decisión adoptada hace unos años que consistió en que los partes médicos de lesiones en cualquier circunstancia –miles cada mes en España, sobre todo en fines de semana por reyertas en zonas de ocio-, que se remitían a comisarías pasaron a remitirse directamente a los juzgados eliminándose por ello de las estadísticas policiales. Todo un artificio para manipular la situación real de la criminalidad.

 

La incomparecencia del 091 ante cualquier llamada supone un peor servicio a la ciudadanía con riesgo de desatención negligente y grave, aunque paradójicamente en las estadísticas policiales aparezcan menos hechos delictivos y emitan notas asegurando que se reducen los delitos, cuando lo que se reduce es el conocimiento formal de los mismos y las denuncias de las víctimas.

 

Practicar la política del avestruz y tratar de ocultar un problema como el que afronta el 091 no lo resuelve, al revés, antes o después, ojalá que no con un hecho luctuoso, quedará en evidencia que, por errores, negligencias, incapacidad, irresponsabilidad y afán de sumar estadísticas de identificaciones, que son irrelevantes para la seguridad ciudadana pero que se entienden como justificación de actividad, han acabado con el mejor servicio que se ha prestado nunca a la ciudadanía por la policía española, que era la presencia inmediata en cualquier lugar donde un ciudadano reclamara a la Policía llamando al 091.

Ningún cambio producido en la Policía, ni siquiera la “Ley Mordaza”, (continuadora de la ley “Corcuera” y muy parecidas), o el Programa Policía 2000, que desmanteló brigadas de investigación necesarias para potenciar el policía de barrio (mientras policías locales dedicaban efectivos a investigar, el mundo al revés, -también ocurrió en Sevilla-), es tan pernicioso, tan peligroso y tan inaceptable como lo que está ocurriendo desde hace meses con el 091, “gracias” a la peor gestión que se ha llevado nunca a cabo por un director general de la Policía como fue la de Ignacio Cosidó. Tiempo es de corregirlo porque está en juego la vida y la seguridad de millones de personas.

 

*José Manuel Sánchez Fornet es  Portavoz del Observatorio contra la Corrupción. (Policia y ex Secretario General del SUP)

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